Miguel Cruzado | EDUCACCIÓN
La manera en que se ha planteado el debate en torno a problemas en los textos escolares -desde la urgencia por responsabilizar y culpar a profesionales de la educación antes de escucharles, hasta la propuesta por legislar la vigilancia de los materiales educativos en cada escuela-, no puede entenderse sólo como un conjunto de iniciativas autoritarias puntuales promovidas por tal o cual grupo político o religioso. El autoritarismo político o religioso explican una parte del problema, son probablemente una manifestación extrema, pero no son la única explicación. La escasa reacción social contraria y hasta el eco más o menos explícito de estas iniciativas en otros sectores, no autoritarios ni religiosos, requieren otro tipo de explicación.
Considero que al menos parte de la explicación está en la pérdida del valor y sentido de la educación como bien público en el Perú; y su reducción a la condición de servicio –estatal o privado- al que cada cual puede acceder según su nivel de ingreso, y tratar de orientar según su poder o influencia. Se ha normalizado la educación como un espacio de competencia económica o ideológica, de modo que deviene posible plantear que asociaciones de padres de familia vigilen los materiales educativos en cada escuela “de acuerdo con sus propias convicciones” particulares, aunque ello sea administrativamente imposible y pedagógicamente insostenible.
Esta distancia con la educación como bien de todos, inevitablemente reduce el rol social de la labor docente, al punto que se hace posible acusar y agredir a nuestros educadores con impunidad, en este caso a los y las educadoras que participaron en la elaboración de materiales educativos que expertos desde diversas visiones pedagógicas y políticas hoy consideran que pueden continuar en las aulas. Y a pesar de ello, no se levantan voces públicamente preocupadas por su defensa.
La educación como bien público demanda visión histórica, de coherencia y continuidad en las políticas que funcionan, más allá de los cambios de gobierno. El debate en torno a los textos escolares debería realizarse reconociendo los avances en las políticas de elaboración y dotación de materiales educativos a las Instituciones Educativas del Perú a lo largo de diversas gestiones ministeriales durante más de dos décadas. Reconocer que a pesar de las dificultades hoy tenemos textos escolares –y otros materiales educativos- para las diversas áreas curriculares, que llegan a la mayoría de las escuelas del Perú, y que se han desarrollado capacidades institucionales para su elaboración y distribución.
El informe final de la “Mesa de Trabajo para la Revisión de Textos escolares” consideró que hay elementos a mejorar en la didáctica de los textos y en el tratamiento de los enfoques del currículo vigente; pero al mismo tiempo reconoció el trabajo realizado en la elaboración de los actuales textos y los consideró instrumentos de apoyo útiles para el trabajo docente en las aulas. Hay mucho que mejorar, pero sin dejar de atender y aprender del camino recorrido.
La educación como bien público tiene como centro a las personas, recordando que el proceso educativo es una interacción entre personas. En el debate en torno a los textos escolares es preciso recordar que los materiales educativos no tienen vida propia, sino que son instrumentos para la labor docente: quien acompaña, supervisa y orienta el uso adecuado de los materiales educativos según los requerimientos curriculares y los procesos concretos de enseñanza aprendizaje para cada grupo, es el docente. Esto significa –de acuerdo con las conclusiones de la Mesa de Trabajo antes mencionada- que los materiales educativos deben elaborarse considerando la mediación docente, contar con guías de trabajo o materiales complementarios cuando sea necesario -lo que no siempre se hace; además de atender en la formación inicial docente el buen uso de materiales educativos.
Construir la educación como bien público requiere hacernos responsables como sociedad del conjunto del sistema educativo, exigiendo calidad educativa básica para todos y todas. Esta responsabilidad no concluye con la defensa del derecho privado de cada cual, separado o enfrentado al de los demás; sino asumiendo aquello que como nación acordamos sin que ello signifique negar la diversidad que nos constituye. Los materiales educativos y textos escolares pueden y deben responder al Currículo nacional y a la realidad de los estudiantes, a través de los enfoques curriculares deben ser un instrumento que permita reconocer y trabajar desde la diversidad de saberes, actores, voces y culturas de la nación.
La Mesa de Trabajo consideró que los textos escolares al reelaborarse deben tomar como referencia el currículo y atender la diversidad cultural del Perú. Los textos actuales, en su mayoría, han sido elaborados antes de la aprobación del actual currículo, por lo que hay una tarea a continuar de adaptación al currículo y de inversión en el desarrollo de capacidades para la mejora de los procesos de producción de materiales educativos en el país.
En conclusión, las políticas para la producción de materiales educativos deben tener continuidad. Los mecanismos de elaboración, producción y validación se deben estructurar mejor y contar con voces diversas. El rol del docente en relación con el uso de los materiales educativos se debe fortalecer. El sistema en su conjunto debe guardar coherencia: materiales, currículo, enfoques, didáctica, etc. Y, sobre todo, se debe mantener el sentido “público” de los materiales educativos de la educación nacional: que respondan a las orientaciones comunes de nuestra educación, con rectoría del Estado, que en democracia significa orientación institucional promoviendo la participación de los diversos actores, de dentro y fuera de las Instituciones Educativas, a través de mecanismos institucionales existentes y otros posibles de generar en democracia.
Las controversias en torno a los textos escolares y materiales educativos son una alerta más de que tenemos un diálogo pendiente respecto del sentido de la educación como bien público en el Perú. A veces hemos identificado público con estatal, otras le hemos retirado a lo privado todo sentido público. Hemos postergado el diálogo sobre las finalidades y nos hemos enfocado en las modalidades –con el peligro de convertir medios en fines. Necesitamos re-vincular la formación de cada persona con los fines de la comunidad, recordando que cada persona construye mejor su proyecto de vida en un espacio de interacción solidaria, en el que el bien común y el bien particular se encuentren.
La realización personal con la realización de los demás está a la base de una concepción de bien común que, poniendo al centro a las personas, nos permita atender aquello común que nos vincula.
Lima, 13 de septiembre de 2019
