Yina Rivera | EDUCACCIÓN
No es novedad que Loreto suela ocupar el último puesto en los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes. Tampoco lo es que ese departamento tenga la mayor cantidad de docentes que no terminaron de estudiar educación o que su mayor nivel académico sea haber terminado la secundaria. La novedad es que, con mucho esfuerzo, el Ministerio de Educación avanzó en la formulación de 4 propuestas técnicas para la formación y titulación de quienes ejercen la docencia en esta situación irregular. Sin embargo, el propio Ministerio no las ha priorizado en el presupuesto del próximo año.
Se sabe también que los docentes con mayores cualificaciones para ejercer la docencia, no se presentan al concurso de las plazas docentes más rurales, más dispersas, frecuentemente en zonas de frontera o de difícil acceso. Es la razón por la cual, año tras año, lustro tras lustro, el Estado contrata a quienes no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Reforma Magisterial. Y son precisamente quienes reciben la responsabilidad de enseñar a niñas y niños awajún, asháninka, kichwa, shawi, kukama kukamiria, achuar y wampis, solo por nombrar, de una larga lista, a los 7 pueblos indígenas más afectados con esta situación.
Se trata de enseñar en forma bilingüe e intercultural, en salones donde puede haber estudiantes de más de un pueblo indígena y, generalmente, en escuelas unidocentes y multigrado. Inclusive, en algunos casos, se les encarga la dirección del colegio. A la par de esta contratación de emergencia, el Estado no despliega ninguna estrategia específica para orientar a quienes, sabe de antemano, no están preparados para asumir esta enorme responsabilidad. Así las cosas, no se trata de un caso particular, sino de una situación endémica del sistema educativo asociada a los territorios de los pueblos indígenas amazónicos.
La última semana de octubre, en una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo sobre el cierre de la brecha docente EIB, el Ministerio informó que ya no se les ofrecerá esta formación el 2021 pues no se le ha asignado presupuesto. Entonces, no habrá programa de formación docente, ni ninguna otra medida para cerrar esta brecha que atañe a aproximadamente a 3500 docentes de Loreto, 3000 docentes de Junín, 1700 docentes de Amazonas, 1500 docentes de Cusco y en menor número a docentes de otros departamentos. Cada propuesta estaba destinada a atender, a través de estrategias diferenciadas, a los docentes en ejercicio que terminaron sus estudios, pero no llegaron a obtener el título pedagógico, a quienes solo estudiaron algunos años o ninguno, y a los docentes de pueblos indígenas con poca población.
La calidad de la oferta de la formación docente para los pueblos indígenas ha estado en emergencia desde hace años. Ciertamente, perennizar el contrato de los docentes sin formación pedagógica ayuda a que se vean mejor las cifras de cobertura escolar para la educación rural, los pueblos indígenas, la Amazonía, y la EIB. Sin embargo, ¿qué legitimidad tiene la cobertura educativa sin calidad? En los periodos de crecimiento económico no se invirtió en cerrar esta brecha docente, en los periodos actuales de crisis, tampoco. El próximo año de cambio de gobierno, es muy poco probable que se destine presupuesto para su implementación ¿Cuándo será el tiempo de invertir en la calidad de los docentes de y para los pueblos indígenas?
Lima, 05 de octubre de 2020
