Patricia Correa Arangoitia | EDUCACCIÓN
En su forma de Estado, el Perú se define como unitario y descentralizado. Eso significa que tiene el gran desafío de representar la unidad de un país diverso y, a las vez, el de potenciar el desarrollo de esa diversidad a través de una ruta territorial, con liderazgos regionales y locales, en el ejercicio del poder democrático y descentralizado.
El debate de inicios de nuestra etapa republicana no solo se dio entre la opción de constituirnos como una Monarquía Constitucional o una República, sino entre la posibilidad de constituirnos como un Estado Unitario o un Estado Federal[1]. Como vemos, ganó la propuesta unitaria, a pesar de la “moda” constitucional por el federalismo de aquella época. La apuesta unitaria partía del supuesto que compartíamos elementos comunes, a diferencia de la propuesta federal que, a decir del Padre Mier[2], tenía la función de unir lo desunido y no de dividir lo que estaba unido. Es decir, el proyecto de República en el Perú nació de una historia de unión simbólica y formal, que aún hoy enfrenta el doble desafío de construir unidad a la vez que ejercer el poder de manera descentralizada. Esa aspiración sigue siendo una construcción permanente.
El Perú cuenta con un marco normativo descentralista, pero como vemos, ello no basta para avanzar en esa ruta descentralizadora. Desde el año 2002 nuestro país ha experimentado un proceso de descentralización que a estas alturas podemos definirlo como inacabado. Seguimos conviviendo con una cultura institucional que ha impedido avanzar en propuestas de políticas territoriales pertinentes, lideradas por los gobiernos regionales y locales. Lo que prevalecen son políticas sectoriales nacionales que impiden y hacen ineficiente la acción del Estado, siendo notoria la brecha entre las decisiones del gobierno nacional y la manera de concretarse en la vida de los ciudadanos y ciudadanas en los diversos territorios del país.
La pandemia ha traído nuevos elementos que ratifican la necesidad de avanzar y profundizar en una ruta descentralizadora. Dar pasos más firmes en esa dirección permitiría brindar servicios públicos efectivos y eficientes a través de políticas nacionales que planteen parámetros pero que a la vez dialoguen, se articulen y promuevan el diseño de políticas regionales y locales. Uno de esos elementos, por ejemplo, es el acceso a la conectividad en las instituciones educativas como una necesidad urgente, tanto como condiciones básicas de infraestructura y capacidad instalada que aseguren protección física y emocional a los estudiantes. Si se aspira a un retorno seguro y pertinente a las aulas, esto requiere acciones inmediatas. La pregunta es si todo esto puede ser diseñado, decidido, costeado y organizado solo por el Ministerio de Educación. En verdad, si el Minedu quisiera resolver todos los problemas y desafíos que enfrentamos, no podría lograrlo, pues se requiere de un diseño compartido y una gobernanza territorial que haga sostenible y viable las medidas propuestas.
Este modelo descentralista al que todos aspiramos requiere de liderazgo y protagonismo de las propias Instituciones educativas, no solo por ser la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo, sino por ser el único espacio de cambio real donde se concreta el derecho a la educación.
Sin embargo, pese a los casi 20 años transcurridos desde que se inició el proceso de descentralización, seguimos asistiendo a campañas electorales en las que las organizaciones políticas en competencia proponen “garantizar una educación de calidad”, “acortar las brechas de inequidad”, entre otros cambios en el sistema educativo para garantizar el derecho a la educación. Estas ofertas se plantean como si el diseño, ejecución y evaluación de las políticas recayera solo en el gobierno nacional, sin considerar la responsabilidad imperativa de los gobiernos regionales y locales, así como la necesidad de rutas territoriales distintas.
Todo lo propuesto hasta ahora en la campaña electoral no permitirá por sí solo avanzar en el fortalecimiento de un sistema educativo de calidad al que todos puedan acceder. Si queremos hacer sostenibles los cambios ofrecidos, el desafío que tenemos al frente demanda una ruta territorial y descentralizada a nivel de políticas, estrategias y herramientas, sin embargo, si queremos impulsar procesos sostenibles, requerimos tomar decisiones de corto plazo para avanzar en el largo plazo, entre ellas:
- La definición de la inversión por estudiantes según territorio. Hoy es inviable avanzar en garantizar el derecho a la educación si se ofrecen paquetes estándares para todos los estudiantes peruanos. Lo que requerimos definir con urgencia es el monto de inversión por estudiantes reconociendo los contextos territoriales diversos donde se encuentran, donde queda claro que garantizar servicios educativos de calidad en la Amazonia, por ejemplo, demanda mayor inversión. Este proceso, claramente, debe ser una tarea a trabajar de manera articulada por los tres niveles de gobierno.
- La implementación de Políticas territoriales de bienestar docente. La situación de los maestros en pandemia nos muestra datos críticos. El 60 % de la población magisterial encuestada sufre de estrés, el 27.3% de ansiedad, y el 16.2% de depresión según la ENDO 2020. El bienestar docente debe ser objeto de decisiones articuladas desde el territorio, el lugar donde puede dimensionarse mejor estas necesidades. A los gobiernos locales y regionales les corresponde asumir una mayor participación en esta política.
- Estrategias de acceso a conectividad, sobre todo en contextos rurales. Estas estrategias necesitan diseñarse con mayor participación de los gobiernos regionales y locales. Los alcaldes han sido los grandes protagonistas en la pandemia, en muchos casos invirtiendo en conectividad para garantizar el acceso a internet para la participación en “Aprendo en Casa”. Estas iniciativas permiten reconocer las capacidades de muchos gobiernos locales.
No habrá cambios reales si las propuestas de gobierno no reconocen lo estratégico de avanzar hacia una responsabilidad compartida, tanto para el diseño y ejecución, como para la evaluación de las políticas educativas, políticas que requieren además ser intersectoriales y tener un claro enfoque territorial.
Este proceso, sin duda, deberá ser gradual y flexible. De lo contrario, abriremos más brechas entre las decisiones de política y lo que realmente demanda la educación y la ciudadanía. La ilusión de estar gobernando el sistema educativo desde lejos seguirá produciendo un efecto placebo, mientras los resultados nos seguirán diciendo que esas decisiones no cambian nada.
Lima, 10 de mayo de 2021
[1] José Faustino Sánchez Carrión, padre de la Republica, perdió en el debate su posición en defensa del federalismo. “Sin embargo a pesar de su utopismo, el Congreso rechazó en su sesión de 26 de noviembre de 1822, la proposición de Sánchez Carrión para que fuera implantado el régimen federal de gobierno” Basadre, Jorge. Historia de la República del Perú. El Comercio. 2005. Pág. 85
