José Carlos Vera Cubas | EDUCACCIÓN
Desde el cierre de las escuelas peruanas en marzo del 2020, a causa de la emergencia sanitaria por Covid 19, el giro que ha sufrido el sector educación se ha caracterizado por la urgente adaptación a un escenario nuevo, incierto y retador, que han delineado estos 2 años de pandemia educativa como un periodo de crisis y oportunidad.
Los efectos e impactos de la pandemia en términos pedagógicos (estaríamos por debajo del nivel alcanzado en el 2012 en comprensión lectora según BM), socioemocionales (61% de cuidadores, 34% de estudiantes de primaria y 45% de secundaria han experimentado depresión y ansiedad en 2020), de interrupción de estudios (245 mil estudiantes interrumpieron sus estudios en el 2020, y 460 mil estudiantes estuvieron en riesgo de interrumpirlo) son altísimos y se suman además a las ya conocidas brechas educativas históricas y estructurales en términos de desigualdad, equidad, entre otras. Ya diversos estudios internacionales y de la región muestran datos alarmantes al respecto. Esta presentación de Pablo Lavado consolida una muy buena síntesis y análisis de estos elementos[1].
Es por esto que el proceso de retorno seguro, flexible, gradual y voluntario que viene impulsando el sector Educación desde la rectoría de MINEDU y en el marco de la gestión descentralizada, debe ser planteado también como URGENTE. Este es el momento de escalar el retorno a la semipresencialidad a nivel nacional.
A continuación, paso a explicar el proceso, sus avances, nudos críticos y algunas recomendaciones para su implementación en territorio, a partir de lo aprendido en la experiencia reciente.
Como sabemos, el retorno a clases semipresenciales en Perú se viene dando desde octubre 2020, donde 830 Instituciones Educativas rurales volvieron a clases sin ningún caso de contagio, con un acompañamiento cercano de autoridades locales y regionales y un monitoreo permanente de MINEDU.
En 2021, el plan de retorno se complementó con las lecciones aprendidas de la experiencia previa, fortaleciendo la estrategia territorial y multisectorial. Así, se aprobó un marco habilitador para la prestación del servicio educativo en sus diferentes modalidades, cuya norma matriz, la Resolución Ministerial 121-2021-MINEDU[2] (del 9 de marzo) fue construida y consultada con diversos actores, gobiernos regionales y locales, instituciones, directivos de Instituciones Educativas, entre otros. En la RM 121 se definen 3 condiciones/pasos para que los servicios y programas educativos sean declarados APTOS para retorno a semipresencialidad:
- Condiciones de contexto (epidemiológicas y territoriales) habilitadoras;
- Condiciones de Bioseguridad (protocolos, procedimientos)
- Condiciones Sociales (acuerdo voluntario de la comunidad educativa)
Condiciones para la apertura
Tomando como base estas condiciones, de forma coordinada y desde sus roles de rectoría nacional, el MINEDU y el MINSA habilitan servicios educativos que se ubican en distritos con indicadores epidemiológicos y territoriales de bajo riesgo[3]. Cada quince días, el MINEDU actualiza en el Sistema de Monitoreo para el Retorno Seguro – SARES, el padrón de Servicios Educativos habilitados para su retorno. Todos los directivos de Instituciones Educativas y especialistas de UGEL y DRE tienen acceso al sistema SARES para la verificación de Instituciones Educativas habilitadas y no habilitadas.
En base a esta habilitación, son las IIEE y la comunidad educativa, en coordinación con sus instancias de gestión descentralizada (DRE y UGEL), las que toman decisiones y organizan el retorno a la semipresencialidad, cumpliendo las condiciones y protocolos de bioseguridad[4] y el acuerdo social voluntario de la comunidad educativa[5]. Todo esto debe ser planteado y sustentado en un plan de implementación para el retorno, y registrado por el directivo de Institución Educativa en el SARES, para que una vez que se cumplan y verifiquen las condiciones, los servicios educativos sean declarados APTOS y puedan retornar a semipresencialidad.
Gobernanza territorial para la apertura
En términos de infraestructura y acceso a servicios en las Instituciones Educativas públicas, como sabemos la brecha de infraestructura educativa bordea los 100 mil millones de soles, 71% de locales educativos requiere algún tipo de intervención en infraestructura (el 39.3% requiere sustitución total) y el acceso a servicios básicos en las escuelas es aún limitado. Sin embargo, para el cumplimiento de las condiciones mínimas de bioseguridad en las Instituciones Educativas, el MINEDU transfirió a través del Programa de Mantenimiento, 365 millones de soles en el 2020 y en el 2021 a los directivos de los 54,689 locales escolares a nivel nacional, destinados principalmente a la adquisición de kits básicos de higiene (alcohol, jabón líquido, papel toalla) y mejora y acondicionamiento de servicios higiénicos. Adicionalmente, se aprobó el DU 021-2021, por el cual se transfirieron 37.8 millones de soles a más de 15 mil locales escolares focalizados para instalar estaciones de lavamanos portátiles, y 78.9 millones de soles a las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales para la adquisición de mascarillas y protectores faciales para personal de Instituciones Educativas públicas y estudiantes en todo el país. A la fecha y según último reporte de PRONIED, el monto ejecutado por directivos en el programa de mantenimiento está a un 95%. La ejecución de adquisición de mascarillas a nivel nacional se encuentra a un 44%[6]
Con este marco normativo habilitador y contando con recursos transferidos para la implementación de condiciones básicas de bioseguridad, el 19 de abril iniciaron clases semipresenciales 14 escuelas rurales en Arequipa, provincia de La Unión. Hay que destacar la voluntad política y decisión del GORE Arequipa, su Gerencia de Educación y las UGEL La Unión y Castilla por asumir el liderazgo y ser la primera región en comprarse el pleito del retorno cuando aún había mucho temor, desconfianza y resistencia desde diversos actores. Gracias a ese primer impulso, Loreto y Ucayali también comenzaron a abrir sus escuelas para la semipresencialidad.
Pudimos visitar estas experiencias de retorno, intercambiar con los actores en territorio sobre cómo se iba dando el proceso y aprender de ello, lo cual sirvió para ajustar el marco normativo y los procedimientos, retroalimentando así la estrategia nacional para hacerla más flexible y adaptable a la diversidad territorial e institucional de nuestro país. Algunas lecciones sobre ello:
- La organización para el retorno, la metodología, dinámica y programación pedagógica (turnos, horarios, entre otros) es flexible y depende en gran parte de los arreglos y acuerdos tomados en la Institución Educativa, considerando sus capacidades institucionales y sobre todo involucrando a la comunidad y a sus autoridades en los 3 momentos del retorno, con responsabilidades específicas tanto dentro de la Institución Educativa como en el entorno, brindando servicios complementarios de soporte: salud, alimentación escolar, transporte, limpieza, seguridad, etc. El núcleo básico que debía funcionar incluía al directivo, docentes, APAFA, presidente de comunidad o centro poblado/APU, subprefecto, alcalde, director de UGEL, red o microred de salud.
- El factor vivienda docente era clave: por pandemia, la mayoría de docentes venía trabajando desde sus domicilios y no en el distrito donde se ubica su plaza/IE. Esto significaba una barrera para la semipresencialidad. En Arequipa y en comunidades amazónicas se avanzaba en territorios donde el docente estaba viviendo en la zona o donde la propia comunidad le brindaba alojamiento por un tiempo determinado.
- La gestión de pruebas de despistaje COVID para personal, la supervisión de condiciones sanitarias y de bioseguridad en la Institución Educativa por parte de salud, el intercambio de información sobre vacunación docente, entre otros, dependía en buena cuenta del nivel de coordinación y flujo de información entre DRES/GRES y DIRES/GERESAS, el cual es bastante heterogéneo en el país, aun cuando ambas instancias descentralizadas sectoriales dependen, en la mayoría de casos, de una Gerencia de Desarrollo Social.
- La evaluación de indicadores epidemiológicos a nivel distrital podía “castigar” con inhabilitación a centros poblados o comunidades rurales dispersas o aisladas en las que los mismos indicadores tenían niveles mucho más bajos que en capital de distrito. En estos casos, a pesar de contar con condiciones favorables para el retorno, no podían hacerlo por esta restricción.
- Las escuelas, centros comunitarios, Tambos, entre otros, son espacios seguros si se toman en cuenta todas las previsiones y se cumplen los protocolos. Hay evidencia internacional al respecto y en Perú no se han registrado contagios en las escuelas que han retornado. Se han reportado contagios comunitarios de docentes en dos Instituciones Educativas de La Unión, un caso que incluye a tres estudiantes de Pampamarca en Arequipa, y algunos docentes en Indiana y Requena en Loreto. En estos casos focalizados, apenas se identificaron, se estableció el cerco epidemiológico, se suspendieron las clases semipresenciales, se brindó el servicio remoto y luego de la evaluación y cuarentena, se retomó la semipresencialidad, tal como lo señala el protocolo establecido ante estos casos.
- Los procedimientos internos en la Institución Educativa, así como el registro y respuesta en el sistema de monitoreo SARES y las coordinaciones entre UGEL e Instituciones Educativas podrían ser un cuello de botella si no hay un alineamiento claro entre la decisión del gobierno regional y la comunidad educativa. En muchos casos se evidencia presión y decisión para abrir por parte de la comunidad educativa, pero decisión política de no apertura por el lado del Gobierno Regional. El marco normativo desde la rectoría habilitadora entra en tensión con la competencia regional de gobierno y gestión de servicios educativos en territorio.
En base a estas experiencias y aprendizajes, en mayo se aprobó la RM 199[7], con modificaciones a la RM 121, principalmente en la posibilidad de que las Instituciones Educativas soliciten a su UGEL y autoridad de salud, la excepción de las condiciones epidemiológicas distritales cuando sea indispensable. Se intensificaron además las coordinaciones con MINSA para iniciar la vacunación docente, empezando por área rural el 06 de julio; y se aumentó la asistencia técnica y el monitoreo a la ejecución de los recursos de mantenimiento, implementación de lavamanos y compra de mascarillas (DU 021) y del registro de planes y requisitos en el SARES.
Más servicios educativos de cada vez más regiones se sumaban al retorno y así se ha venido avanzando en todo el país, pero la diferencia entre habilitadas y aptas aun es alta. Según el último reporte del MINEDU[8] al 15/09, a nivel nacional hay 85,653 servicios educativos habilitados[9], de los cuales 6,200 han retornado ya a la semipresencialidad (7.2% de habilitadas, 97% rurales) con 274,577 estudiantes y 18,185 docentes en 22 regiones del país que desarrollan labores bajo diversas formas de organización, metodologías y dinámicas que se ajustan a las características territoriales, epidemiológicas e institucionales de cada Institución Educativa y su comunidad.
La vacunación docente sigue avanzando, habiendo empezado también un proceso específico para docentes urbanos. El último reporte de vacunación docente[10] muestra que al 13 de setiembre, el 64.6% del total de personal de Instituciones Educativas públicas y privadas (632,844 personas), ya cuenta con las 2 dosis de vacuna, el 17,1% sólo con una y sin ninguna dosis el 18.3%. Regiones como Tacna, Huancavelica, Junín, Pasco, ya cuentan con más del 75% de personal de Instituciones Educativas con las 2 dosis.
Aprendo en Comunidad
La experiencia de despliegue de acción territorial local del 2020, reflejada en la Comunidad de Práctica de Gestión Educativa – COP[11], el Catálogo Gestión que Hace Escuela[12] y el Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa de DRE y UGEL, proveyeron varias lecciones y experiencias a destacar y escalar. Dentro de las principales y más replicadas están el uso de espacios públicos comunitarios para reforzar la educación remota que llegaba con Aprendo en Casa, como por ejemplo el convenio con el Programa PAIS del MIDIS para el uso de sus más de 450 Tambos para retransmitir AeC o hacer reforzamiento, y el uso de centros comunales para voluntariado y refuerzo escolar.
En base a todo este aprendizaje, en 2021 esos esfuerzos se convierten en estrategia nacional con la aprobación de la RVM 211[13], que establece los lineamientos de Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad. Con este último, se reconocen y fortalecen todas las iniciativas territoriales de uso de espacios comunitarios, se brindan pautas generales para su contextualización y se habilita y autoriza a los colegios públicos y privados de ámbitos rurales y urbanos a utilizar sus espacios abiertos y o gestionar con sus autoridades locales para el uso de espacios públicos para actividades deportivas, recreativas, artísticas o incluso reforzamiento pedagógico y retransmisión de Aprendo en Casa.
Estas experiencias se han venido multiplicando en todo el país, 450 Tambos de MIDIS reproducen AeC y son espacios utilizados para Educación; sólo en Lima Metropolitana se cuenta con 85 puntos de encuentro en distintos distritos de la capital; ya varios colegios han abierto sus puertas bajo esta modalidad que debe seguir creciendo. Aprendo en Comunidad y el aprovechamiento de espacios públicos para la educación, para también llegó para quedarse.
El reto de la apertura urbana:
¿Cómo va el proceso en ámbitos urbanos? Con la experiencia de la apertura rural, la mejora sostenida de indicadores epidemiológicos y el avance en vacunación docente, a fines de julio y tras intensas coordinaciones con el MINSA, se aprueba la RM 273[14], en la cual, por primera vez, se habilitan servicios educativos en ámbitos urbanos, presentando una complejidad distinta a la rural y en donde existen variables más sensibles, como el transporte/desplazamiento de estudiantes y docentes, densidad en aulas, porcentaje de avance de vacunación comunitaria, entre otros.
La RM 273 ajusta condiciones de contexto y epidemiológicas, incorpora umbrales de vacunación docente y permite, de manera excepcional, la posibilidad de que la UGEL a solicitud del director de la Institución Educativa, autorice la prestación del servicio educativo en ámbitos urbanos no habilitados.
Al 15 de set, según reporte del MINEDU[15], tenemos 27,291 servicios educativos habilitados para retornar en ámbitos urbanos, 5946 en Lima Metropolitana y 487 en el Callao, los cuales ya cumplen con condiciones territoriales y epidemiológicas de bajo riesgo y deben implementar condiciones de bioseguridad y acuerdo voluntario de la comunidad educativa, elaborar y presentar su Plan de implementación y encontrarse aptas para poder retornar con seguridad a la semipresencialidad.
Si la Institución Educativa NO está habilitada, pero considera que está en condiciones para un retorno seguro, puede elaborar su plan de retorno sustentando estos aspectos y, acogiéndose a la excepcionalidad que el marco normativo le permite[16], presenta su plan a la UGEL y coordina con esta la evaluación del plan y la verificación de condiciones para su autorización.
¿Cómo sería el retorno en el marco de la RM 273-2021-MINEDU?
Las UGEL, bajo el liderazgo de sus DRE/GRE, están trabajando fuertemente para mejorar sus procesos, abrir canales de atención y recepción de planes, fortalecer sus equipos de supervisión y monitoreo para la verificación de condiciones y protocolos y así, responder con efectividad y responsabilidad a las Instituciones Educativas en proceso de retorno.
En Lima Metropolitana se ha anunciado ya que 17 colegios retornarán a la semipresencialidad en setiembre y otro grupo se prepara para hacerlo en octubre, entre públicos y privados. De seguir mejorando las condiciones epidemiológicas y llegando al 100% de personal de Instituciones Educativas vacunado, deberíamos cerrar el año con un incremento significativo de Instituciones Educativas habilitadas haciendo semipresencialidad a nivel nacional, tanto en ámbitos rurales como urbanos.
Algunas recomendaciones finales para lograr ese objetivo:
- Desplegar una campaña masiva y focalizada de comunicación para el retorno seguro con foco en directivos de Instituciones Educativas, docentes y madres y padres de familia; transmitiendo confianza, claridad en los procedimientos y seguridad para el bienestar de las y los estudiantes. Todos los medios son posibilidades para ello. Existe una red de comunicadores en las DRE y UGEL de todo el país que puede sumarse a esta gran campaña.
- Definir un cronograma y metas específicas para retorno, establecidas y acordadas con regiones en base a data oficial territorializada, tomando en cuenta criterios epidemiológicos, de vacunación y bioseguridad. Es importante tener un acuerdo consensuado y esquema de incentivos/rankings con gobiernos regionales y ANGR para el cumplimiento de este cronograma e integrar un sistema de monitoreo nacional y territorial aprovechando sistemas ya existentes como SARES, Semáforo Escuela y SIMON.
- Asegurar la calidad y transparencia en la ejecución de los recursos para mantenimiento, implementación de lavamanos y compra de mascarillas (DU 021) y continuidad de proyectos de inversión para mejorar la infraestructura y el acceso a servicios. Hay una buena experiencia de trabajo conjunto con SEDAPAL en Lima Metropolitana para mejorar la conexión de agua en colegios públicos. Los pliegos regionales deben también priorizar recursos o modificaciones presupuestales para asegurar condiciones que permitan un retorno seguro.
- Revisar protocolos a la luz de nuevas evidencias (protector facial, desinfección, temperatura, entre otros, ¿son aún necesarios?). Precisar protocolos por niveles y prioridades de inicio: Inicial y primeros grados requerirían protocolos distintos que años en transición como cuarto y quinto de secundaria. La RM 121 es amplia aún en estos detalles.
- Intensificar una política y campaña de bienestar docente: la línea de escucha docente es un gran avance y puede complementarse con estrategias territoriales que ya se vienen desplegando. La RVM 155-2021-MINEDU regula el trabajo de profesores y auxiliares de educación durante la emergencia sanitaria. Una revisión de la misma a la luz del nuevo contexto y las posibilidades de retorno sería pertinente.
- Seguir sumando aliados institucionales, colectivos y líderes de opinión para el retorno. Se debe continuar trabajando en conformar un “Grupo Consultivo” para el retorno, con voces representativas de todo el país y desde las propias experiencias territoriales.
- El retorno no puede significar un “volver a lo de antes”. La crisis es una oportunidad para repensar el servicio educativo en términos pedagógicos, curriculares, de mayor equidad, de espacios para el aprendizaje, de vínculo con la comunidad, el territorio y la ciudadanía intercultural, de uso y aprovechamiento de tecnologías, de bienestar, salud y alimentación para el aprendizaje y desarrollo integral, de ordenamiento y organización del servicio educativo con enfoque territorial, entre varios otros temas que ya muchos expertos en la materia han desarrollado y propuesto.
El retorno seguro a la semipresencialidad es urgente, es un derecho y un deber como sociedad, es una tarea de todas y todos y un compromiso los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país para seguir construyendo juntos una comunidad sin desigualdades y más justa para todas y todos.
Lima, 14 de septiembre de 2021
Referencias
[1] https://drive.google.com/file/d/1ET1OfUcFQQsHSjWUHk8DPjL54FNcXeXj/view
[2] Aprobada el 09/03/2021 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1722273/RM%20N%C2%B0%20121-2021-MINEDU.pdf.pdf
[3] Indicadores epidemiológicos: Tasa de mortalidad COVID-19, Incidencia de casos COVID-19, Proporción de ocupación de camas hospitalarias en zona COVID-19, Proporción de positividad COVID-19, Tasa de letalidad COVID-19, y Aislamiento social obligatorio. Indicadores territoriales: Ruralidad y movilidad estudiantil
[4] Condiciones de bioseguridad: Espacio abierto o espacio con ventilación adecuada, Espacios con aforo permitido, Mascarillas disponibles para todo el personal de las IIEE y estudiantes, Acceso a agua para el lavado de manos y a jabón y alcohol medicinal o alcohol en gel, y personal de la IE y estudiantes que no se encuentren en algún grupo de riesgo
[5] Conformidad de Comunidad educativa: padres y madres de familia, directivos, docentes, personal de IE, autoridades comunales y locales
[6] Con un retraso por cambios en las especificaciones técnicas de las mascarillas comunitarias, pero contempladas en la planificación de uso de estos recursos por las unidades ejecutoras de tal manera que no se ha desabastecido la entrega de estos equipos básicos.
[7] RM 199 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1894647/RM%20N%C2%B0%20199-2021-MINEDU.pdf.pdf
[8] Reporte de Retorno de la Dirección General de Gestión Descentralizada al 09/09
[9] Data de SSEE habilitados al 31/08/21 – UE-MINEDU
[10] Reporte de Unidad de Estadística MINEDU en base a información MINSA.
[11] Edutalentos http://edutalentos.pe/cop/
[12] https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/7618/Gesti%c3%b3n%20que%20hace%20escuela%20iniciativas%20regionales%20y%20locales%20de%20gesti%c3%b3n%20educativa%20frente%20a%20la%20emergencia%20sanitaria%20por%20la%20covid-19.%20Cat%c3%a1logo%202020-I.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[13] RVM 211 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2004490/RVM%20N%C2%B0%20211-2021-MINEDU.pdf.pdf
[14] RM 273 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2046167/RM%20N%C2%B0%20273-2021-MINEDU.pdf.pdf
[15] Reporte de habilitación de Unidad de Estadística MINEDU
[16] Literal “j” de la RM 273
