COMUNICADO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
Existe hoy en el país un creciente consenso ciudadano sobre la urgencia de asegurar las condiciones para retornar a una educación presencial a más tardar en marzo del 2022. Pese a meritorios esfuerzos realizados por el Estado, los docentes, los estudiantes y sus familias, así como por organizaciones privadas y comunales, las oportunidades de aprendizaje durante la pandemia han sido insu cientes y muy desiguales, el bienestar físico y socioemocional de niños, jóvenes y adultos se ha visto seriamente afectado, y muchos estudiantes se han visto forzados a interrumpir sus trayectorias educativas en todos los niveles del sistema.
Desde octubre del 2020, el Ministerio de Educación ha propuesto vías distintas para facilitar la realización de actividades educativas presenciales en condiciones seguras, fleexibles, graduales y voluntarias. Sin embargo, el avance ha sido muy lento: según cifras oficiales, hasta fines de octubre del presente año, no más de un 12% de las instituciones educativas habilitadas ofrecen algunas actividades presenciales. A la fecha, la gran mayoría de las y los estudiantes peruanos sigue recibiendo solo una educación remota de emergencia, con limitaciones que afectan a todos ellos y, en mucho mayor medida, a los pobres, rurales, indígenas y afroperuanos, y, en general, a las mujeres.
Son múltiples y complejos los factores que explicarían esta situación, y comprensibles los temores que aún persisten respecto a algunos riesgos involucrados en el retorno a las aulas. Sin embargo, los costos de la inercia son aún mayores y entrañan problemas de corto y largo plazo, cuya solución requiere que se tomen decisiones inmediatas, poniendo por delante el interés superior de niños y jóvenes.
El gobierno nacional, los gobiernos regionales, provinciales y distritales, las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, promotores privados, directores, docentes y padres de familia, así como las organizaciones comunales y sociales, deben alentar y prestar oportunamente el apoyo necesario a las escuelas, institutos y universidades que han tomado o están por tomar, de manera democrática, la decisión de reiniciar algunas actividades presenciales.
El Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República deben actuar con suma urgencia para asegurar la dotación de personal, infraestructura, equipamiento y conectividad que permitan acoger de manera adecuada a inicios del próximo año a todos los estudiantes, tomando en cuenta la complejidad y diversidad de los contextos locales, institucionales, culturales y familiares. El MINEDU debe continuar mejorando la calidad y eficacia de las estrategias “Aprendo en Casa” y “Aprendo en Comunidad”, que son y seguirán siendo medios esenciales para garantizar la continuidad de la escolaridad en los casos excepcionales en que la presencialidad completa no sea posible o allí donde pueda complementarla.
Los directivos, profesores, personal administrativo y de servicio de la educación básica y superior, conscientes de su responsabilidad profesional y ética, deben recibir el apoyo socioemocional y pedagógico que les permita priorizar el derecho de los estudiantes de recibir una educación de buena calidad, recuperar aprendizajes no logrados y aprovechar los recursos pedagógicos y organizacionales disponibles, incluyendo los desarrollados durante la pandemia.
Para asegurar este retorno pronto y seguro y desarrollar prácticas institucionales y pedagógicas mejores que las que existían antes de la pandemia, es indispensable un liderazgo fuerte y claro desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y las instancias regionales de varios sectores y una movilización de los actores educativos y del conjunto de la ciudadanía.
No se trata de retornar a la situación de 2019, sino de avanzar desde ahora hacia niveles superiores de calidad, equidad e inclusión educativas, empezando por los más vulnerables. Aprovechemos la desafiante oportunidad que tenemos hoy para aprender como sociedad a tomar decisiones colectivas informadas e implementarlas de manera democrática en todos los niveles de gestión, desde las instituciones educativas hasta el Gobierno Nacional. Sólo así avanzaremos juntos hacia la ciudadanía plena, que es el norte del Proyecto Educativo Nacional.
Lima, 3 de noviembre de 2021
