Uno de los grandes temas que pasa desapercibido para sostener grandes cambios es la debilidad de las instituciones del Estado. Ello a pesar de que la pandemia del Covid 19 mostró claramente sus limitaciones para atender a los ciudadanos y que la actual crisis social y política también evidencia su fragilidad.
Por tanto, para la realización de reformas -que ya por sí mismas son desafíos complejos-, se requieren mejores instituciones. Así lo señaló el politólogo Eduardo Dargent en su estudio el Páramo reformista[1]: “si bien mi foco estará en esta dificultad de hacer reformas quiero convencerlos de algo que también debería ser obvio, pero que no lo es tanto: estas reformas profundas para construir mejores instituciones son urgentes, no basta con lo que tenemos para producir más bienestar”.
Desde la educación se han venido dando pasos importantes en este esfuerzo de institucionalidad y que debe persistirse. El Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena y los Proyectos Educativos Regionales no sólo son el derrotero de las prioridades educativas, sino que son una oportunidad para recolocar la educación en su real dimensión en el desarrollo del país y contribuir en el fortalecimiento institucional.
Es en esa línea que una publicación del Consejo Nacional de Educación plantea respecto a los Proyectos Educativos Regionales, donde destacan tres recomendaciones[2]:
- Asegurar condiciones políticas e institucionales básicas que coloquen la educación en el centro de la política educativa regional
- Desplegar un amplio proceso de movilización, diálogo y concertación intersectorial e intergubernamental con los actores del territorio.
- Articular con los instrumentos del Sinaplan y otros sistemas administrativos del Estado.
Estas recomendaciones fueron planteadas a la luz de la experiencia previa de los Proyectos Educativos Regionales (PER) y, además, en el marco del Proyecto Educativo Nacional al 2036 como el desarrollo de la Política de Estado en materia educativa[3]. Esta exige una coherencia y correspondencia entre ambas que aseguren el derecho de la educación de las personas a lo largo de toda la vida y que contribuyan a los cuatro propósitos de la educación[4]: vida ciudadana, equidad e inclusión, bienestar socioemocional; y productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad.
Por otro lado, otro aspecto que implica mejoras sustantivas en lo institucional es que, desde la mirada educativa descentralista, se debe fortalecer desde la práctica la noción de responsabilidades compartidas de la educación entre los tres niveles de gobierno, pero también exige que desde los gobiernos regionales puedan asumir y ejercer la conducción y liderazgo de sus prioridades educativas en sus respectivos territorios.
Un desafío adicional es la de consolidar las capacidades institucionales y de esta manera, las voluntades y el compromiso de las autoridades se sustente tanto a nivel político como técnico. Así los procesos son sostenidos y las decisiones cuentan con respaldo del aparato institucional del gobierno regional y de sus instancias de gestión educativa. Además, estas prioridades educativas regionales deben estar reflejadas en sus respectivos instrumentos de gestión, de tal manera se coloque como prioridad en el planeamiento y el financiamiento de la educación en sus respectivas jurisdicciones.
Ello brinda mejores condiciones en dar soporte institucional a la movilización social por la educación, fortalece los mecanismos de participación, establece un mejor diálogo con los otros sectores públicos y privados, pero sobre todo con la sociedad civil organizada como son los Consejos de Participación Regional Educativa (Copare) La Mesa de Lucha Contra la Pobreza (MLCLP) y las diversas organizaciones presentes en el territorio. Es necesario que desde la educación, se apueste, se practique y se eduque en el reto de dialogar y discrepar.
En resumen, la educación del país necesita cambios sustanciales, para ello se requieren consolidar y fortalecer la institucionalidad, así puedan ser soporte de las reformas. Esto exige una mirada más estratégica, sostener procesos de largo aliento, involucrar voluntades políticas, desarrollar capacidades en los servidores públicos, canalizar las diversas demandas e involucrar a la ciudadanía. Dichas apuestas contribuyen con esta exigencia del fortalecimiento de las instituciones democráticas del Estado y es imperativo que el ejercicio del derecho a la educación de las personas se garantice, ya que los cambios no pueden estar sometidos a reacciones y miradas cortoplacistas, menos aún, ante la discrecionalidad de las autoridades de turno como la que se está viendo actualmente.
Lima, 18 de julio de 2022
NOTAS
[1] Eduardo Dargent. El páramo reformista. Un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar en el Perú. PUCP, 2021
[2] Recomendaciones para la formulación del Proyecto Educativo Regional, CNE, 2021, Pueden verse aquí https://www.gob.pe/institucion/cne/informes-publicaciones/2174399-recomendaciones-para-la-formulacion-del-proyecto-educativo-regional
[3] Artículo 1 del Decreto Supremo N.º 009.-2020- MINEDU que aprueba el PEN al 2036.
[4] Proyecto Educativo Nacional de Educación: el reto de la ciudadanía plena, CNE, 2020. Ver aquí https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6910
