La batalla por el nombramiento docente hay que darla

Hace unos días, el Ministro de Educación y el Presidente de la República han presentado dos leyes ante la opinión pública: la primera establece la conversión de más de 40 mil plazas eventuales a orgánicas (es decir, disponibles para el concurso de nombramiento) y la segunda transfiere fondos a las regiones a fin de asegurar la provisión del servicio educativo.

Más allá de que este tipo de normas forman parte del quehacer habitual del sector, y de que su impacto positivo depende en buena medida de que estas plazas sean ubicadas en lugares donde la matrícula las justifica, lo que ha generado mucha preocupación son las declaraciones que han acompañado estos anuncios.

En primer lugar, el Ministro ha sugerido que las políticas que se han emprendido en los últimos años forman parte de una suerte de conspiración contra los docentes peruanos y que es tiempo de que se levanten las barreras que de manera mal intencionada los afectan. En segundo lugar, el propio Presidente ha dicho: “Yo exhorto al pueblo peruano, al padre de familia, al propio ministro y al Congreso de la República que agendemos y revisemos para impulsar la nueva ley de educación, y en esa ley general esté la reivindicación total de los maestros porque no podemos tener en el Perú maestros contratados mendigando un nombramiento.”[1]

Ante estas declaraciones es importante responder contundentemente desde la sociedad civil. Si bien implementar reformas sistémicas de mejora en educación toma años, acaso décadas, desmantelar lo avanzado puede ser peligrosamente fácil y rápido. Lo que tal vez la ciudadanía necesita saber para tomar un rol más activo y comprometido, es que las reformas que el ministro condena, se desarrollaron al amparo de la Ley General de Educación (LGE) promulgada el 2003[2]. Esta Ley supuso un gran avance en la construcción de una visión sobre lo que debía ser la apuesta peruana por un sistema educativo, cuyo fin principal es el bienestar del estudiante. Con una fuerte mirada inclusiva, y desde una apuesta de fortalecimiento a la educación pública, la LGE ordenó las fichas del sistema educativo para ponerlas al servicio del niño, niña o adolescente que se forma en ese sistema; así como de la construcción de una sociedad más justa y equitativa que asegure igualdad de oportunidades desde la infancia y a lo largo de la vida.

Esas son las apuestas que han inspirado las principales políticas emprendidas en las dos últimas décadas: brindar un servicio educativo de calidad y pertinente culturalmente a todos los niños y niñas de nuestro país, principalmente a las poblaciones más vulnerables e históricamente excluidas. Tener docentes a la altura del reto no puede ser un tema de suerte ni depender del acceso privilegiado a una escuela privada de alto costo. Debe existir un procedimiento de selección docente, especialmente en el sistema público, que asegure que la prestación del servicio educativo esté a cargo de profesionales con las competencias necesarias para desarrollar la compleja tarea de enseñar.

En Perú tenemos el Marco del Buen Desempeño Docente[3] y los Estándares en Progresión de dicho marco[4], dos documentos valiosos que explicitan las capacidades, desempeños y recursos que requiere un docente para lograr un ejercicio competente de su rol. Cualquier debate de lo que implica ser un buen docente debe ser documentado por la investigación sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, la literatura especializada y los marcos de referencia mencionados que nos dan un norte alineado a nuestros objetivos de calidad, equidad e inclusión.

Abrir el nombramiento a personas que no pueden comprender lo que leen o que no manejan aspectos básicos de didáctica específica del nivel y especialidad que pretenden enseñar no es una apuesta por el pueblo. Una apuesta por el pueblo es dar educación pública de calidad. Una apuesta por el pueblo es tomarse el trabajo de documentarse antes de definir políticas que van a afectar la vida de los niños y niñas atendidos en el sistema de educación pública. Apostar por el pueblo es fortalecer la Formación Docente Inicial para que logremos formar docentes de primer nivel desde el pregrado. Es decir, personas responsables, éticas, comprometidas con su rol transformador, que cuentan con los recursos necesarios para el ejercicio de una tarea tan compleja como la docencia y que cuenten con la capacidad de aprender a lo largo de la vida.

Por supuesto que los procesos de nombramiento son perfectibles y revisables, pero esta tarea debe ser desarrollada con seriedad, solvencia técnica y en base a la evidencia. No podemos permitir que los procesos de nombramiento docente sean reconfigurados desde la miopía de personas que confunden la docencia con un empleo cualquiera, que ven el ingreso a la CPM como la llave para dar empleo estable a sus electores. Esas 80 mil plazas orgánicas no deben ser ocupadas por personas que durante los próximos 20 o 25 años afecten el derecho de miles de niños y niñas a una educación de calidad. Esta batalla hay que darla.

Lima, 21 de noviembre de 2022