EDITORIAL

Juan Carlos Tedesco escribió a inicios del presente siglo que el factor de validación de las ideas ya no era la tradición y la autoridad, sino la capacidad de discernimiento de las personas. Es decir, ninguna afirmación podía catalogarse como verdad solo porque siempre fue así ni por el rango de sus autores, sino porque pudimos corroborarlas, evaluar la consistencia de los argumentos que la sostienen y las evidencias que la demuestran. Por eso era importante que la educación en adelante se enfocara en cultivar la mente de los niños y jóvenes, en vez de insistir en enseñarles a memorizar información que terminarán olvidando por no tener aplicación en la vida.

Dos décadas después de haber pronunciado estas palabras, Juan Carlos se sorprendería de ver que en el Perú de hoy el factor de validación de las ideas no es la razón sino el poder. Basta que alguien con algún grado de poder, grande o pequeño, efímero o duradero, diga algo en voz alta para que se convierta en verdad y sean muchas las personas las que lo repitan sin invertir diez segundos en discernir si acaso es una necedad, una idea valiosa o simplemente una farsa.

En efecto, en el Perú de hoy, el poder concede tribuna a quienes lo detentan para inventar narrativas mentirosas dirigidas a destruir todo lo que represente un límite a los intereses particulares que representan. Por ejemplo, la carrera pública magisterial, la reforma universitaria, los textos y materiales educativos, el currículo escolar y hasta los estándares de calidad del servicio público. Se destruyen para regresar al país a los tiempos más oscuros del periodo republicano, donde eran los poderes de facto lo que gobernaban y el país era tan solo una palabra.

Se han hecho anuncios recientemente que hacen presagiar embates aún más graves en contra de la Sunedu, de la meritocracia en la que descansa la carrera docente, del derecho de los niños de los pueblos originarios a tener un docente que hable su lengua, del currículo escolar, al que quieren devolver al estatuto que tenía en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, hace nada menos que cuarenta años.

No tomarás el nombre de Dios en vano, dice el segundo mandamiento de la ley divina. Pero lo que no prohíben las Tablas que Moisés bajó del Sinaí hace más de dos mil años es tomar el nombre del pueblo en vano. Será por eso que en este país, todo acto de destrucción selectiva de las reformas que se avanzaron en los últimos veinte años se hace en nombre del pueblo sin ningún pudor, así las consecuencias de daño la vayan a pagar los hijos del pueblo en las escuelas.

Lo que está ocurriendo con nuestra educación es muy parecido a lo que se viene observando durante años en el tema ambiental. Quienes se han dado carta libre para depredar los recursos naturales en provecho propio, niegan el cambio climático, insultan y denigran a los ambientalistas, hasta hablan en nombre de la gente. Saben que las consecuencias de sus actos, que no serán inmediatas, las pagarán otros y ocurrirán cuando ellos ya hayan sacado provecho de las ventajas que obtuvieron.

Mucho de lo que se hizo a favor de la educación en lo que va de este siglo no está exento de errores y vacíos, porque ninguna de las reformas tuvo terreno libre, han debido enfrentar oposición y resistencias, han tenido que negociar con intereses diversos, han tenido que nadar contra la corriente. Corregir para avanzar es posible, pero no se destruye para mejorar sino para retroceder. Y lo que se busca hacer hoy es destruir, por más que se apela a la retórica altisonante para persuadir a la gente de lo contrario.

Las generaciones nacidas en los tiempos de la posguerra y las que le sucedieron después, hasta la del bicentenario, hemos vivido cíclicamente tiempos muy duros en el país. Estamos nuevamente hoy en medio de otra crisis lamentable, que solo puede ser corregida o prevenida a largo plazo por personas mejor educadas que nosotros. Esa es la importancia decisiva que tiene la educación y el motivo de la urgencia que tenemos de defenderla ahora.

Comité Editorial
Lima, 21 de noviembre de 2022