Ruidos de bala, heridos en las calles, saqueos, hospitales colapsados y una caída total del turismo son algunas de las consecuencias que sufren los puneños; este martes, la fiscalía abrió una investigación por presunto delito de “genocidio” a la presidenta Boluarte
La región peruana de Puno amaneció de luto: ayer el gobierno declaró toque de queda y un duelo de tres días por la muerte de 17 personas en la jornada más violenta desde que comenzaron en diciembre las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, tras la destitución y arresto de Pedro Castillo.
En la entrada de un hospital de la ciudad sureña, una mujer filmó el ingreso de una camioneta llena de cuerpos heridos, algunos ya sin vida, cubiertos con una manta. Uno de ellos era el de un menor de edad, estudiante de cuarto año, que paseaba cerca de las protestas buscando a su madre, cuando recibió un disparo y no llegaron a salvarlo. Imágenes como estas son las que viven día a día los ciudadanos de Puno.
María trabaja en un hotel en la zona y contó a LA NACIÓN estar “viviendo en la tragedia y el pavor de la población local”. Por más que se abstuvo de ir a las protestas, vive en el centro, y por eso sufre las consecuencias: “El miedo, la gente sangrando en la calle, la incertidumbre y la inseguridad”, enumeró.
“Yo personalmente no salí a la calle, pero la gente se concentró en un mercado cerca de donde vivo. Cuando pasaron por acá estuvieron muy rebeldes, con ganas de destrozar todo, me causó mucho temor”, relató. Contó que en un momento quiso asomarse por la ventana para observar lo que sucedía, y que, en un abrir y cerrar de ojos, recibió piedrazos por el simple hecho de no querer participar en la movilización.
María piensa que el toque de queda va a bajar los humos. “Yo creo que sí, porque va haber un control rígido de parte de los militares”, aseguró.
Sin embargo, no todos opinan lo mismo. LA NACIÓN pudo hablar con algunos manifestantes, entre ellos, una mujer aymara que tiene un comercio en el centro de Puno, cuya identidad prefirió reservar. “Lo único que va a calmar toda esta situación es la renuncia de Dina [Boluarte], nosotros no la reconocemos cómo presidenta. Los aymaras no retroceden y peor ahora luego de las muertes que hubo”, dijo. Además, aseguró que el próximo plan es concentrarse en Juliaca, a 50 kilómetros de Puno, para continuar allí las movilizaciones. Sobre si van a respetar o no el toque de queda, la mujer titubeó: “No puedo asegurar eso”.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de “rebelión”, cargo que el exmandatario niega. Además, piden justicia por las personas fallecidas en las protestas -entre ellas, hubo siete menores de edad y un policía calcinado-.
Frente al caos, la fiscalía de Perú abrió este martes una investigación por presunto delito de “genocidio” a la presidenta Boluarte.
“Si sigue así, el Estado va a matar a Puno”, agregó. Le cuesta hablar porque todavía piensa en las terribles imágenes que tiene en la mente, luego de asistir ayer a un hombre con una herida de bala en el pecho. Su comercio se encuentra a pocas cuadras del supermercado plazaVea, donde se produjeron saqueos y enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía. “Cuántas madres están llorando hoy, estamos de luto”, agregó.
Según contó, los puneños están sufriendo “uno de los peores momentos de la historia de su ciudad”. Hace meses que la tensión escala. En las últimas semanas, los lugareños tuvieron que cerrar sus comercios y encerrarse en sus casas, o, en los peores casos, ayudar a los heridos en las calles. Algunos afirman haber recibido amenazas telefónicas cuando hicieron declaraciones públicas.
A la vez, la coyuntura actual afecta brutalmente al turismo. En principio porque los transportes están cerrados y no hay viajeros nacionales ni extranjeros. “Ahora mismo todo está parado: los hoteles se mantienen cerrados. Tuvimos que despedir a los trabajadores, lo mismo hicieron las agencias de viaje, de transporte o las guías turísticas, personas que viven solo de esa actividad”, dijo María, que en este momento no tiene huéspedes alojados en su hotel.
Según un vecino que trabaja como guía de turismo, lo peor está por venir: “Esto no solo nos afecta ahora sino que repercutirá en un buen tiempo, porque, ¿quién quiere viajar a dónde hay conflicto y no hay garantías de vida para una persona?”. Hace un mes que no puede trabajar porque no hay clientes. Mientras tanto hace “changas”: ahora ayuda en el comercio de su familia. “Del 100% de reservas que teníamos para este año, un 60% se cancelaron lamentablemente”, agregó.
Según el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Luis Fernando Helguero, el conflicto ha generado cancelaciones de hasta el 60% de las reservas de turistas para el primer semestre de 2023. Esto llevaría a que se reduzcan las divisas extranjeras que ya estaban comprometidas en vuelos, reservaciones en hoteles y restaurantes.
Las protestas sociales se reactivaron la semana pasada tras una pausa por las fiestas de fin de año, y se concentraron en la región de Puno, con bloqueos de vías y del comercio hacia el país vecino. Desde la reanudación de las manifestaciones se habían reportado graves enfrentamientos con la policía luego de que manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad.
Hasta el momento, al menos 46 personas han perdido la vida durante las protestas en el país tras la destitución de Pedro Castillo como presidente —ocurrida el 7 de diciembre—, durante las cuales se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden público.