Desde que se inició el gobierno de Pedro Castillo en julio del 2021, a la fecha, hemos tenido cinco ministros de educación, cinco en apenas 18 meses; un promedio de 3.6 meses por ministro. Y si tomamos como punto de referencia el 2020, año de la pandemia, son 8 ministros de educación entre enero del 2020 y diciembre del 2022, un promedio de 4 meses por ministros.
En este contexto, ¿cómo avanzar y sostener aquellas políticas educativas necesarias para garantizar la calidad del servicio educativo que llega a nuestros estudiantes? ¿Cómo asegurar, además, que todos y todas -independiente del lugar donde viven, la lengua que hablan, su género, sus creencias y circunstancias económicas- accedan al servicio educativo y lo continúen hasta lograr sus metas de aprendizaje, sin interrumpir su trayectoria, a lo largo de toda su vida? ¿Cómo garantizar ese derecho?
En el último par de décadas, se ha avanzado, tal vez no con la celeridad requerida, pero sí de forma relativamente sostenida, en políticas educativas tan fundamentales como el desarrollo de una docencia basada en el mérito. Una política que reconoce y valora el esfuerzo docente ofreciendo una trayectoria de avance profesional y remunerativo acorde a su desempeño (Ley de Reforma Magisterial Nº 29944).
Se ha desarrollado, además, una política en favor de los aprendizajes para el siglo XXI, que las jóvenes generaciones requieren, cuya principal herramienta es un Currículo Nacional enfocado en el desarrollo de competencias, que habilite a estudiantes de toda edad a resolver problemas y enfrentar desafíos razonando críticamente. Un currículo cuyos estándares de aprendizaje definen metas progresivas que permitan a cada estudiante avanzar a su ritmo y desde sus capacidades, con el apoyo de docentes seleccionados a través de procesos de evaluación.
A nivel de educación superior, varias medidas de mejora de la calidad, los procesos de licenciamiento que ha permitido sacar del escenario a universidades e institutos que eran una estafa, una reforma de la formación inicial docente que avanza a un ritmo aún demasiado lento y casi invisible, junto a otras medidas que se enmarcan en una Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP).
Estas son solo algunas de las principales rutas de trasformación educativa en las que se ha invertido esfuerzos y recursos públicos (a los que aportamos todos los ciudadano/as) y que son resultado de estudios, consultas, evidencias sobre buenas prácticas nacionales e internacionales. Políticas que diversas gestiones fueron sosteniendo con mayor o menor intensidad porque, inevitablemente, cada cambio supone estancamientos o decisiones que ponen más fuerza a unas que a otras.
A pesar de las interrupciones y vaivenes, en lo que va del presente siglo y a lo largo de más de un periodo de gobierno, se fue sumando y mejorando estas políticas, teniendo como gran referente las apuestas del Proyecto Educativo Nacional. Sin embargo, bastó poco más de un año de gobierno para que estos esfuerzos y reformas emprendidas fueran seriamente afectadas por iniciativas legislativas como la Ley 31520 que modifica la Ley Universitaria y debilita el rol de la SUNEDU; y la Ley 31498 que concede a agrupaciones de padres de familia derecho de veto sobre los textos escolares. Estas iniciativas que fueron observadas en su momento por el Consejo nacional de Educación (CNE), la Defensoría del Pueblo (DP) y colectivos diversos interesados en una educación con calidad y equidad.
En este contexto, la designación de Patricia Correa como ministra de Educación fue un aire de esperanza, por su reconocida vocación descentralista, mirada territorial y claridad en el enfoque que coloca a los sujetos en el centro de la política educativa. En el breve tiempo en que estuvo a cargo de la cartera logró neutralizar el impacto de medidas dadas por su antecesor y que atentaban contra el derecho a la educación intercultural bilingüe de los pueblos originarios y remover algunos cuadros colocados por la gestión anterior en puestos clave, portadores de intereses y consignas partidistas. Lamentablemente, la ministra Correa renunció dando paso a una nueva gestión cuyas primeras declaraciones han reavivado preocupaciones y alertas. Toca esperar cuál será la postura frente a las principales reformas afectadas durante el 2021-22 y será parte de su agenda urgente el revertir los procesos de contrarreforma.
Desde nuestro punto de vista, se necesita que el ministerio de educación centre sus esfuerzos en:
1) Currículo y Aprendizajes. Tenemos brechas históricas de aprendizaje, profundizadas en el contexto de no presencialidad generada por la pandemia. Según la Evaluación virtual de aprendizajes (EVA) realizada en el 2021[1], sólo el 7.2% de los estudiantes de 2° de Secundaria, que asiste a una IE ubicada en ámbito rural y el 16.8% de estudiantes que asisten a una escuela de gestión pública en ámbito urbano, alcanza el nivel satisfactorio en Lectura. Un dato más crítico es la caída de 16 puntos en el rendimiento de los estudiantes en 2° de Secundaria en comprensión lectora, entre 2019 y 2021; y de 13 puntos en matemática, donde se venía registrando cierta mejora en años anteriores (2015 a 2019).
La evaluación también da cuenta de estudiantes con niveles de comprensión lectora y matemática por debajo del nivel esperado incluso del ciclo anterior. Así, por ejemplo, 2 de cada 3 estudiantes de 2do de Secundaria (69%), que asiste a una escuela pública rural no alcanzan los aprendizajes esperados de 6° grado de Primaria. Este grupo de estudiantes fue evaluado el 2021 cuando estaban en 2° Secundaria, lo que significa que en el presente año ingresan a 4to de Secundaria, les queda apenas dos años para egresar de la secundaria ¿encontrarán la oportunidad de “recuperar” en los dos años que quedan aprendizajes que debieron lograr antes de egresar de la primaria?
Un escenario así marca la agenda educativa. La prioridad debiera estar en atender estas brechas, que no serán resueltas en el corto plazo, por lo que se deberá concentran ahí todos los esfuerzos. Implica desplegar múltiples medidas destinadas a recuperar a estudiantes desvinculados del sistema o en riesgo de ello y brindarles a todos oportunidades significativas de aprendizaje, capaces de ayudarles a avanzar desde los desiguales niveles en los que se encuentra. Se necesita asegurar apoyo pedagógico para los docentes y la dotación de materiales, sin distraer esfuerzos y recursos en otras tareas. Por supuesto, supone suspender el desacertado proceso de cambio curricular emprendido por la gestión anterior, así como las anunciadas revisiones a textos dispuestas en el marco de la cuestionada Ley 31498. Por el contrario, se necesita acelerar su distribución para garantizar que todos los estudiantes y docentes cuenten con su material desde inicio del año escolar. Esto pasa por asegurar el presupuesto necesario, porque se trata de encarar la finalidad del servicio educativo.
2) Resguarda al principio de meritocracia a la base de la carrera docente. En lo inmediato, se necesita garantizar que los miles de docentes que no pudieron acceder a la prueba de evaluación nacional para el acceso a nombramiento puedan hacerlo y en igualdad de oportunidades. Esto supone, por encima de todo, garantizar el diseño de una nueva prueba, con los mismos criterios de calidad, confiabilidad y solvencia técnica. De lo contrario, se estaría vulnerando el derecho de todo docente a tener las mismas condiciones, afectando por consiguiente el derecho de los estudiantes. Recordemos que de esta prueba depende en mucho la calidad de la enseñanza ofrecida a más de ocho millones de estudiantes que asisten a Instituciones educativas públicas en todo el país.
Junto a lo anterior, es preciso asegurar que la fase descentralizada se de en el marco de procesos rigurosos, garantizando la idoneidad de las comisiones de evaluación, con los protocolos de seguridad que a lo largo de varias evaluaciones fueron mejorando, convocando veedurías (Defensoría del Pueblo, Transparencia, entre otros).
3) Calidad de la educación superior. En el ámbito universitario, lo que toca es la firme defensa a la autonomía de la SUNEDU como ente regulador, cuya composición técnica debe prevalecer, afirmando la rectoría de Minedu. Hay en curso una acción de inconstitucionalidad impulsada por la Defensoría del Pueblo y Foro Educativo, ahí está el respaldo para sostener una firme defensa de la educación superior universitaria. Asimismo, como ha sido señalado por expertos en el tema, una iniciativa legal para anular el impacto de la ley anti SUNEDU y mejorar aspectos para el concurso público para su Consejo Directivo, sería una clara expresión del ejercicio de su rectoría.
Finalmente, no se puede estar de espaldas al contexto político y social que vivimos. La educación, más que nunca, se ve muy afectada, pero, a la vez, es la mejor oportunidad para superar la crisis en la que estamos. La educación ciudadana demanda hoy más que nunca estar en el centro de los aprendizajes. Una educación enfocada en promover que cada estudiante desarrolle su capacidad para analizar y reflexionar críticamente los procesos sociales, históricos, económicos y comprender mejor el contexto en el que vive; su capacidad de argumentar y deliberar intercambiando puntos diversos de vista, tomando posición y compromiso con todo aquello que implica el bienestar general y la defensa de los derechos humanos. Es decir, superar brechas de aprendizaje no es únicamente desarrollar competencias de comprensión lectora y razonamiento matemático, sino hacerlo en relación con los hechos del contexto. Capacidades que son parte del Currículo Nacional, de las competencias Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común y Construye interpretaciones históricas, pero también en la adopción de sus siete enfoques transversales: el de derechos, el de inclusión y atención a la diversidad, el de interculturalidad, igualdad de género, ambiente, orientación al bien común y búsqueda de la excelencia.
Lima, 12 de enero de 2023
[1] La prueba fue aplicada de manera virtual, debido a las restricciones a la presencialidad, y únicamente a estudiantes que tenían a su alcance un dispositivo electrónico y conexión a internet; es decir, a los más conectados y que, en consecuencia, tuvieron mayor acceso al servicio educativo no presencial durante los años 2020 y 2021.
