Aunque detenerse en el análisis de una política de estado sobre la educación peruana, en medio de la tremenda y dolorosa crisis política y social que atravesamos, suene a idealismo; lo que hoy sucede, refleja, de alguna manera, el ejercicio trunco de una “ciudadanía plena”, una aspiración que el “Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036” – elaborado durante tres años con la participación de más de 500,000 personas – plantea y que, sin embargo, poco caso se le hace.
Cuando en el 2020 se eligió como frase principal del PEN “el reto de la ciudadanía plena” se apostó por priorizar algo que en cualquier democracia se da por sentado: que cada ciudadano y ciudadana ejerza a plenitud esa condición a lo largo de su vida, al margen de su situación socioeconómica, cultural, lingüística, territorial, entre otras. La “ciudadanía plena” busca que seamos reconocidos, vistos, y escuchados en nuestras similitudes y diferencias, que podamos ejercer nuestros derechos, entre ellos el derecho a educarnos a cualquier edad y no se trunquen nuestras trayectorias porque empezamos a trabajar, porque nos hacemos cargo del cuidado de nuestros hijos u otros seres queridos, porque tenemos alguna condición especial, porque no hablamos castellano, porque estamos lejos de un centro de estudios o porque en realidad solo tenemos una sola opción para elegir (lo cual no es elegir). En el Perú, sin embargo, esta aspiración del PEN sigue siendo un desafío de largo aliento con pocos avances y grandes retrocesos; partimos de un frágil sentido de comunidad y confianza y un débil sentido de responsabilidad. Y aunque un proyecto educativo nacional no reemplaza a un proyecto de país – que, por cierto, es lo que nos falta y tenerlo depende de fuerzas mayores – contar con una visión compartida de la educación puede generar algunas condiciones para que las personas, persiguiendo esta visión, transformen finalmente al país y consigan conciliar sus legítimos intereses particulares y proyectos individuales con el interés común y público.
La versión actualizada del Proyecto Educativo Nacional existe hace casi 3 años y aunque el tiempo y las circunstancias visibilizan prioridades particulares (incluso luego de los devastadores efectos de la pandemia), el proyecto establece un norte claro y perdurable expresado en cuatro propósitos, diez orientaciones estratégicas y cinco impulsores. Estos propósitos, orientaciones e impulsores deberían ser la brújula de los siguientes doce años de la educación peruana y un espejo en el que se miren las acciones concretas y cotidianas, las decisiones de corto y mediano plazo y se contraste cuánto estas se acercan o se alejan del fomento de una convivencia democrática, de un clima que propicia el bienestar socioemocional, de la atención a las necesidades educativas con una mirada de equidad y de permitir el despliegue de los diversos talentos en cada persona para continuar rutas diversas que incluyen pero no se limitan a lo académico o lo profesional.
Pero, ¿cuánto de las decisiones que se toman a nivel del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, de instituciones educativas de gestión estatal y privadas, organismos no gubernamentales o empresas privadas pasan por poner en el centro a las personas, por priorizar el cierre de brechas, el financiamiento con equidad y eficacia, por plantear diferentes trayectorias de aprendizaje, por valorar la autonomía de las instituciones, por optimizar su gestión, por reconocer y fomentar la investigación y la innovación?, ¿cuántas de las y los docentes, de las familias, de los equipos directivos y la sociedad en su conjunto, se hacen preguntas que el PEN plantea en su ámbito de acción como educadores, cuidadores, gestores, como prestadores de un servicio, como elaboradores de normas?
El PEN es un marco orientador que se nutrió del saber experto en materia educativa, de la evaluación del primer PEN del 2006, de la visión del país al 2050, de la consulta ciudadana y del ajuste a principios y valores democráticos; no es un plan y por tanto no cuenta con objetivos ni metas, esa es tarea de un gobierno elegido, de una gestión particular que tiene la libertad de establecer prioridades pertinentes a su territorio, a su realidad inmediata y de corto plazo. El PEN es un documento inspirador y orientador que plantea una agenda de temas a debatir; algunos de los cuales se encuentran en los 31 cuadros del documento a modo de preguntas, como, por ejemplo: ¿qué es el aprendizaje a lo largo de la vida y cuáles son los entornos para aprender?, ¿por qué es necesario dejar de pensar que los nuevos “cursos” resolverán las necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes? o, ¿cuánto invertir en educación?, y otros más que surgen de sus componentes.
Como se señala en el mismo documento, “la educación es un asunto público y multisectorial, es decir, que va más allá de la responsabilidad específica que tiene lo que llamamos el sector Educación dentro de la organización de un Estado.” (pg. 20). La educación se trata entonces de una responsabilidad compartida que excede incluso al propio Consejo Nacional de Educación (CNE) que lideró su elaboración y cuyo trabajo ha sido recientemente interrumpido, de modo arbitrario, como un perfecto contraejemplo a la luz de los propósitos del PEN.
Pero existen muchas otras adversidades que hacen complicada la tarea de llevar a la práctica el contenido del PEN. Si bien las aspiraciones plasmadas en este documento se aprenden poco a poco, también puede ocurrir lo contrario. El castigo y la represión son mecanismos sumamente efectivos desde el punto de vista del aprendizaje, pero terriblemente nocivos, con efectos secundarios no deseados y contrarios al desarrollo de una “ciudadanía plena” ya que vulneran la dignidad humana. Se trata, por eso, de hacer el esfuerzo por trascender modelos tradicionales y lamentablemente vigentes aún que apelan a la obediencia y arriesgarse a desarrollar modelos dialogantes, que desarrollan la autorregulación, el pensamiento crítico y que pueden ser el pequeño gran punto de partida para salir del entrampamiento de este nuestro país.
La imagen a la que nos convoca el PEN es aquella en la que “… todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente, en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental.” Se trata de acercarnos lo más posible a esta imagen ideal desde cada acto cotidiano o al menos, de no alejarnos más, de defender estándares mínimos, de no seguir cavando un hoyo más profundo de modo que podamos sostener la esperanza y la responsabilidad a la que nos obliga la mirada de los más pequeños.
Les invito a leer el PEN, por tramos, desde sus cuadros, sus propósitos o desde el punto que más llame su atención, pero también, a exigir que se cumpla.
Lima, 24 de febrero de 2023
