Edición 87

Educación sexual integral y con enfoque de género: demandas ausentes en la agenda educativa

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A fines del año 2022 Promsex y el Movimiento Manuela Ramos realizaron una encuesta nacional para recoger las opiniones en temas relacionados a violencia basada en género, acceso a servicios, educación para la igualdad, así como derechos sexuales y derechos reproductivos. La muestra de 1600 encuestados entre 18 y 65 años, es de carácter representativo a nivel nacional y macroregional.

Una de las buenas noticias que trae la encuesta es el alto porcentaje (96%) de personas que admite que la violencia sexual hacia las mujeres es un problema frecuente en nuestro país. Este reconocimiento es importante pues refuerza el carácter de problema público que tiene la violencia sexual contra la mujer, generando obligatoriedad al Estado a responder de manera integral y desde diversos frentes. La encuesta también da cuenta de importantes porcentajes de personas encuestadas que discrepan de las “justificaciones” a estos actos de violencia tales como los celos, la infidelidad o la supuesta provocación de la mujer debido a su vestimenta (80%, 82% y 71% de rechazo respectivamente), atribuciones que aun se suelen esgrimir y que es necesario desterrar pues naturalizan la violencia.

Este panorama promisorio contrasta con una realidad en la cual, por poner solo un dato, durante el 2022 al 31 de octubre del 2022 en el portal SíseVe del Ministerio de Educación se reportó casi cinco casos de violación sexual en colegios a la semana, reportes que incluyen, además de violación sexual, casos de acoso y hostigamiento sexual, tocamientos indebidos y violencia a través de medios tecnológicos. Por su parte, la encuesta citada también nos revela que cerca de la mitad de encuestados (44%) considera que la violencia hacia la mujer es un asunto privado que sólo incumbe a la pareja, un 43% cree que solo un hombre con problemas mentales es capaz de tales actos y cerca de un tercio de encuestados (28%) no cree que revisar el celular de la pareja sea una forma de control.

Estos datos, en conjunto, revelan las “capas” que es necesario permear en las concepciones de la población con respecto a roles, trayectorias de vida, formas de relación y otras atribuciones asociadas al género. Por ejemplo, cuando más del 40% de encuestados considera que solo un hombre con problemas mentales es capaz de ejercer violencia contra una mujer, se invisibiliza el entramado de concepciones y relaciones desde las que se validan comportamientos sexistas y/o de sutil descalificación, los mismos que va escalando hasta llegar a las situaciones de extrema violencia. Esto, por supuesto, no niega el peso que pueda tener la historia individual.

La educación juega un rol decisivo en la erradicación de estas concepciones y en la construcción de una sociedad en la cual el otro(a) existe con igual valor, en la que se destierre cualquier forma de jerarquización y subvaloración basada en el género, creencias, lengua, cultura o cualquier otra condición. Es por ello que el Currículo Nacional de Educación Básica (2016) incluye un conjunto de enfoques transversales que están a la base de la formación y “aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela” (Minedu, 2016, p. 21).

Los Lineamientos de Educación sexual integral (ESI), aprobados por RVM N° 169-2021, también buscan contribuir a erradicar los problemas que afectan el bienestar de las y los estudiantes, como: “la violencia sexual, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA), el bullying homofóbico, las uniones tempranas, el acoso cibernético, el acoso sexual y la violencia en los vínculos afectivos… embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/Sida” (Minedu, 2021, p. 6). Estos problemas están también asociados a pautas culturales que refuerzan relaciones inequitativas, de subordinación y violencia.

En el día internacional de la mujer resulta urgente visibilizar y poner en debate cuánto se ha avanzado en responder a la urgencia de aplicar de manera efectiva y sostenida el enfoque de igualdad de género en la educación y una Educación sexual integral. Una demanda que, además, cuenta con amplio respaldo. Según se señala en la encuesta citada, el 94% considera que se trata de una forma de promover la igualdad y respeto entre los hombres y las mujeres, mientras que para un 85% es una forma de prevenir la violencia contra las mujeres.

Atender esta demanda implica grandes desafíos al sistema educativo. Uno de ellos es la formación docente, que deberá ser capaz de preparar al profesorado para abordar temas sensibles y complejos, combinando el manejo de información científica y basada en evidencias, con oportunidades de análisis y reflexión sobre sus concepciones, prejuicios y temores, con frecuencia asociados a sus experiencias de vida. Asimismo, una cultura institucional que sea coherente con los principios y valores de inclusión, democracia, equidad, interculturalidad, derechos, que desde la Ley General de Educación se declara y que aspiramos a que todas y todos nuestros estudiantes puedan desarrollar y defender; y esto a todo nivel: desde el clima escolar hasta cada una de las instancias de gestión educativa (UGEL, DRE, Minedu), donde deberá respirarse el mismo trato y clima de relaciones. Junto a lo anterior, urge contar con el apoyo de materiales educativos que respondan a ambos objetivos: informar y reflexionar.

Esto debería ser parte de la agenda prioritaria del Minedu y se podría creer que en ese camino estamos al leer el título auspicioso de “Minedu alista programa de educación sexual integral”, en la nota publicada en El Peruano del 07 de marzo. Sin embargo, las metas plateadas en tal iniciativa distan mucho de la real necesidad y urgencia: “una intervención focalizada” que alcanzará a (sólo) 15 (de las más de 70 mil) instituciones educativas, en seis regiones y que “La meta es llegar a 9,000 estudiantes”. Estas metas están muy lejos del tamaño del desafío, habla también de la (escasa) prioridad que un asunto tan fundamental tiene hoy en la agenda educativa de la gestión. Ojalá que no sea una señal de la reciente advertencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien declara que “Alcanzar la igualdad de género tomará 300 años” [1].

Lima, 8 de marzo de 2023

 

NOTA

[1] https://www.dw.com/es/alcanzar-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-tomar%C3%A1-300-a%C3%B1os-advierte-la-onu/a-64911162

Patricia Andrade Pacora
Ex viceministra de gestión pedagógica, del Ministerio de educación, con más de 25 años de experiencia en la gestión de políticas, programas y proyectos educativos, desde el Estado como desde la sociedad civil y en cooperación internacional, en puestos de responsabilidad a escala nacional. Psicóloga clínica, de profesión y estudios de Maestría en Políticas educativas en la Universidad Alberto Hurtado, de Chile. Entre los años 2011 y 2014 fue Directora General de la Educación Básica Regular y ex Directora (e) de la Dirección de Tutoría y Orientación para el Educando – DITOE (año 2013). Como directora de la DIGEBR, he sido responsable de la conducción del Programa presupuestal por resultados Logros de aprendizaje (PELA). También estuvo a cargo (2008-2011) del Programa de Mejoramiento de la Educación Básica en Área Rural (PROMEB), implementado con apoyo de la cooperación canadiense (ACDI) en el norte del país. Se ha desempeñado asimismo como consultora en áreas relacionadas al desarrollo y evaluación de capacidades en el Estado y la evaluación y sistematizaciones de políticas públicas en el área de educación, a nivel nacional e internacional.