Todos los años durante el mes de marzo la atención está puesta en el inicio de clases. Si bien muchas escuelas privadas han iniciado sus clases entre la última semana de febrero y la primera de marzo, la población escolar de las instituciones educativas publicas tenía marcado el inicio el 13 de marzo. La situación de emergencia en la que se encuentran varias regiones del país motivó posponer el inicio del año escolar para el 20 de marzo, con la consecuente reflexión crítica sobre cuán preparados estamos para el inicio del año escolar. Lamentablemente, desde hace algunos años atrás ya no se puede hablar de un Buen Inicio del Año Escolar propiamente dicho pues la pandemia nos ha dejado secuelas serias en la gestión de la educación a nivel regional y local. Adicionalmente, estos dos últimos años hemos sido testigos de un escenario político caótico que ha impacto a nivel macro y micro en la ciudadanía y nos deja en el estado en el que nos encontramos ahora: familias enlutadas, 6.6% de materiales educativos distribuidos a las escuelas, locales escolares en situación de emergencia, por citar algunos ejemplos.
Algunas autoridades del nivel nacional han manifestado que el presupuesto con el que cuentan es insuficiente; sin embargo, el presupuesto nacional de los últimos 4 años ha ido ascendiendo. Entre 2019 y 2022 ha habido un aumento de más de 49 mil millones de soles, de los cuales se ejecuta en promedio el 86% cada año. Se puede observar en el siguiente gráfico dicha variación y la brecha existente entre el presupuesto asignado y el presupuesto ejecutado[1].
De la misma manera, el presupuesto asignado al sector educación ha seguido la misma trayectoria. Entre 2019 y 2022 ha habido un aumento de más de mil millones de soles, de los cuales se ejecuta en promedio el 87% cada año. En el siguiente gráfico se puede observar tanto la variación del presupuesto como el monto ejecutado por año.[2]
Claramente las necesidades del sector han variado mucho en los últimos años, sobre todo a consecuencia de la pandemia. Si bien existen ciertos márgenes para comprender las decisiones reactivas producto de imprevistos, el acceso a información y los avances tecnológicos actuales sí nos permiten tener una mejor aproximación a escenarios inciertos y más aún a hechos previsibles que ocurren cada año, como el inicio del año escolar o las temporadas de lluvias y crecida de ríos en determinas partes del país.
Se podrá decir que se cuenta con bajo presupuesto para mejorar la infraestructura de todas las escuelas, o para llevar ayuda a todos los damnificados por desastres naturales o para invertir en la prevención de los mismos, pero que esto no nos distraiga de la obligación que las autoridades tienen de rendir cuentas sobre lo que sí se ha hecho con el presupuesto que se les fue asignado. Lamentablemente, sabemos que parte del presupuesto ha terminado en decisiones políticas que no han servido para generar valor público ni a los y las estudiantes, ni al público objetivo final que debía haber sido atendido con diligencia.
Nuestro país está en crisis y lo está desde hace muchos años, tantos, que ya parece que no existe fondo, que siempre puede ir peor y que nos estamos acostumbrando al retroceso y a que las cosas no funcionen. Los valerosos y honrosos esfuerzos de algunas personas dentro y fuera del Estado por lograr mantener a flote y funcionando el derecho a la educación nunca han sido más necesarios y más urgentes que ahora. Frente a autoridades que toman decisiones de corto plazo que aniquilan nuestras posibilidades de éxito como país a largo plazo nos queda el poder de los y las ciudadanas que con información y demandando acceso transparente a información, podemos evitar perder la capacidad de indignarnos y de realizar, desde nos encontremos, nuestra contribución a mejorar la educación en el país.
Lima, 20 de marzo de 2023
[1] Fuente: Consulta Amigable del MEF. Para contrastar con la ejecución, se ha considerado el monto girado correspondiente a cada año.
[2] Fuente: Consulta Amigable del MEF. Para contrastar con la ejecución, se ha considerado el monto girado correspondiente a cada año asociado a la Función 22 de educación y el Sector 10: Educación.