Las últimas semanas hemos visto con conmoción las noticias sobre niñas que han sido víctimas de violencia sexual; entre ellas Mila, una niña de 11 años de edad, quien había sido víctima de violencia sexual desde que tenía seis años de parte de su padrastro. A pesar de que el caso se consideró abuso sexual, a Mila inicialmente se le negó el aborto terapéutico; sin embargo, en gran medida gracias a la presión social finalmente se aprobó el procedimiento.
Lamentablemente el caso de Mila no es el único. En promedio, 16 menores son víctimas de violencia sexual cada día en nuestro país; siendo el 94% del total víctimas mujeres. En muchos casos, las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual son obligadas a continuar con un embarazo no deseado y a maternar, sumándose así violencias adicionales y condenándolas a hacerse cargo de algo para lo que no están listas y que ellas no consintieron ni desearon. Estas problemáticas sociales tan vinculadas- violencia sexual contra menores y embarazo infantil y adolescente- han sido una constante en nuestro país y lamentablemente después de la pandemia las cifras han incrementado en varias regiones. El UNFPA ha elaborado el Mapa del embarazo y la maternidad adolescentes en el Perú, en el que podemos consultar información sobre los casos registrados. Conocer la dimensión de la problemática quizá nos lleve a pensar en qué podemos hacer para proteger a las infancias y adolescencias, desde el lugar en el que estamos. Para este propósito recomiendo también el libro “Vidas vulneradas” (2023) de Teresina Muñoz-Najar que recoge información valiosa sobre una problemática que afecta a numerosas niñas y adolescentes de Perú, quienes se ven forzadas a afrontar un embarazo no deseado, a experimentar la maternidad en etapas tempranas, a ceder su acceso a la educación y a interrumpir sus aspiraciones de vida.
Al pensar en lo complejo de estos casos vienen a mi mente, en primer lugar, las y los funcionarios que deberían trabajar en defensa de los derechos humanos y principalmente de las poblaciones más vulnerables y vulneradas. Quienes se opusieron inicialmente al aborto terapéutico en el caso de Mila, tal como pasó años antes con Camila y otras niñas obligadas a ser madres y quienes dejan libres a violadores a pesar de que hay pruebas fehacientes del delito; definitivamente no actúan con un enfoque de derechos y menos de género. Como ciudadanas y ciudadanos es necesario que nos informemos y nos pronunciemos exigiendo la protección a los derechos humanos.
Otro asunto en el que pienso es el conocimiento de los protocolos de acción frente a este tipo de casos. La existencia de protocolos para la atención en casos de violencia sexual en menores no es de conocimiento público. Si bien no es información que se mantiene oculta, no se han hecho los esfuerzos necesarios para que llegue y sea de entendimiento de toda la población o al menos de quienes podrían recibir este tipo de casos en primera instancia. Por ejemplo, en la escuela no todo el profesorado o directivos tienen claridad respecto a qué hacer si conocen o son testigos/as de algún caso de violencia sexual.
Pienso también en la responsabilidad que tenemos como sociedad en la prevención de este tipo de violencias y la no revictimización, así como en la protección de las niñeces y adolescencias. Los delitos de violencia sexual no se siguen cometiendo solo porque las penas son bajas o los procesos justicia tardíos, sino también porque nuestra sociedad es machista y justifica muchas veces los casos de violencia. Basta con ingresar a las publicaciones de noticias sobre casos de violencia sexual y leer los comentarios para darnos cuenta de que siempre hay personas culpando a cualquiera menos al violador.
Además de lo anterior y con mayor preocupación, pienso también en el campo de la educación vinculada a la prevención de las violencias de género y específicamente a la prevención de la violencia sexual. Indico que, con preocupación, porque es un campo amplísimo y esencial para abordar la prevención de la violencia sexual, así como del embarazo adolescente. Sin embargo, es complejo asegurar acciones preventivas debido a la inestabilidad social y política en la que vivimos y que impacta directamente en las orientaciones, políticas y en el quehacer educativo.
Desde la Educación Sexual Integral (ESI) y el Enfoque de Género se puede trabajar en la prevención de violencias de género (VdG) y específicamente de violencia sexual. Por un lado, porque se va trabajando en el desarrollo de personas conscientes de la erradicación de la desigualdad y VdG. Y por otro lado porque la ESI aborda temas como la prevención de violencias, consentimiento, comportamiento sexual de riesgo, autocuidado, entre otros que son necesarios para identificar si alguien está violentándonos. Cabe recordar que la ESI se desarrolla progresivamente y en función de la edad del estudiantado. Además, está basada en los derechos humanos y aborda valores como el respeto, la inclusión, la no discriminación, la igualdad, la empatía, la responsabilidad y la reciprocidad.
Asimismo, recordemos que la comunidad educativa tiene la responsabilidad de prevenir situaciones que pongan en riesgo los derechos del estudiantado. La elaboración de proyectos y acciones preventivas desde las escuelas potencia los recursos de los niños, niñas y adolescentes, así como de su entorno, para afrontar posibles abusos y para informar sobre ellos en caso de que ocurran.
Para profundizar la problemática de la falta de acciones preventivas desde la educación, por un lado, podemos observar que el marco normativo que se está viendo constantemente amenazado por grupos anti derechos que obstaculizan la puesta en práctica de la ESI y el Enfoque de Género. Como con la aprobación de la Ley 31498 que “impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en Perú”, siendo en realidad una normativa que limita al profesorado y directivos que sí buscan educar desde un enfoque de género y poner en práctica la ESI; pudiendo incluso ser denunciados administrativamente si compartiesen recursos que no han sido aprobados por los grupos o asociaciones registrados en el MINEDU, según como indica la normativa.
Por otro lado, tenemos la falta de materiales, recursos y espacios de capacitación sobre ESI y Enfoque de Género, a los que deberían tener acceso todas las personas que trabajan en educación, independientemente de si laboran en instituciones públicas o privadas. Este problema está vinculado a la falta de estabilidad en cuanto a las normativas para la prevención de las VdG.
En relación a lo anterior también es necesario pensar en los estereotipos y mentalidades que una persona puede llevar e incorporar a su quehacer pedagógico. Es por esto que urge generar más espacios de capacitación, mejores y mayor acceso a los mismos. Es necesario que en la búsqueda de desarrollo constante que asumimos como profesionales, revisemos nuestras prácticas, valores y mentalidades; pero sobre todo que conduzcamos nuestra labor educativa alineada a la defensa de los derechos humanos y de la vida digna de las niñeces y adolescencias, porque son finalmente ellas/os el centro y propósito de la educación.
Este texto no pretende ser un paso a paso de qué hacer para prevenir casos de violencia sexual, sino que constituye un llamado a la reflexión y acción como parte de esta sociedad, pero sobre todo de quienes trabajamos en espacios educativos. Además, es una invitación a seguir profundizando en los puntos que se ponen de manifiesto y a reflexionar en el daño que estos casos causan a las víctimas, pero que también nos dañan como sociedad.
Lima, 25 de agosto de 2023
