Hugo Díaz / Educared
Entre octubre y noviembre del 2014, el Consejo Nacional de Educación aplicó una encuesta a docentes de escuelas públicas y privadas de educación básica regular de todo el país. La cantidad de encuestas procesadas -9,637- expresa la preocupación por contar con una muestra representativa de estos profesionales según variables como: edades, género, niveles de enseñanza, regiones, área geográfica y tipo de gestión.
En su aplicación se optó por considerar como instituciones educativas estatales sólo a las administradas por el Ministerio de Educación, y como no estatales a las autofinanciadas. Por tanto, se excluyeron las instituciones educativas parroquiales con subvención, las administradas por otros sectores y las que pertenecen a la asociación Fe y Alegría. Estas últimas han sido objeto de una encuesta especial que será presentada en el mes de febrero por el Consejo Nacional de Educación.
Se incluyeron preguntas sobre las siguientes variables: (i) características socio-demográficas de los docentes (sexo, edad, lengua materna, percepción de nivel socio-económico, educación de los padres); (ii) formación de los docentes (tipo de institución de formación inicial, opinión sobre aspectos de la formación inicial, aspiraciones académicas); (iii) condiciones de trabajo (recursos, factores limitantes, confianza en instituciones); y (iv) percepciones sobre aspectos de la política educativa (evaluación de docentes, Ley de Reforma Magisterial, Marco del Buen Desempeño Docente).
Características socioeconómicas
Una primera constatación de la encuesta es que el magisterio nacional es principalmente femenino: casi 100% en la educación inicial y las dos terceras partes en primaria. En la educación secundaria no estatal y la estatal rural los docentes varones superan a las mujeres, al igual que hay más varones en la educación inicial no estatal que en la estatal. En los tres niveles de la educación básica el porcentaje de docentes varones es mayor en las áreas rurales que en las urbanas.
El promedio de edad de los docentes que trabajan en instituciones educativas estatales ha ido en aumento: en las áreas urbanas, en los tres niveles de enseñanza, los que tienen 46 años o más representan el mayor porcentaje. En las áreas rurales lo son en la educación primaria. En cambio, en el sector no estatal la mayor cantidad de docentes está en el grupo de 35 años y menos años. En la tendencia que registra la educación estatal puede que influyan los requisitos que se solicitan en las evaluaciones de nombramiento y contrato, donde a mayor experiencia, más probabilidad de obtener una plaza. Una estructura por grupos de edad como la que tiene la educación estatal ocasionará en los años siguientes fuertes presiones en las listas pasivas, las cuales aumentarían por un incremento sustantivo del número de jubilados. Será un problema a enfrentar pero a la vez una oportunidad de contar con mejores maestros si hay una reforma magisterial profunda y efectiva.
Condiciones laborales
En general para los docentes su situación económica es mejor a la que tuvieron sus padres. Esa opinión es muy contundente -71.7%- entre los docentes de la educación no estatal que tienen 35 y menos años de edad y disminuye hasta el 60% tratándose de los docentes no estatales que tienen 56 y más años. En la educación estatal la percepción de mejoría de este indicador es algo menor pero aún alta: 59% de los docentes de 35 o menos años cree que su situación económica es mejor frente al 54.5% entre los que tienen 56 o más años.
Estas respuestas coinciden con la percepción que tienen sobre el estrato socioeconómico en el que se ubican: casi en general, las dos terceras partes de los docentes de la educación no estatal consideran que pertenecen al estrato medio; en cambio, en la educación estatal los que se ubican en ese estrato decaen del 51.5% entre los que tienen 35 años y menos, hasta el 44.9% cuando tienen 56 y más años. En este último grupo los docentes estatales los que piensan que son del estrato socioeconómico bajo son el 48.6%. La percepción de los docentes más jóvenes de la enseñanza no estatal de ubicarse en el estrato socio económico medio podría explicarse por la variable edad y porque posiblemente parte de ellos no tienen obligaciones de mantener un hogar.
No obstante el considerable esfuerzo presupuestario que demanda la implementación de la ley de Reforma Magisterial, un preocupante 43% dice que los perjudica y 28% que no los beneficia ni los perjudica. Sólo 22% afirma que les beneficia.
A otra pregunta sobre cuáles son los mejores cambios introducidos en la mencionada ley, los más valorados son las oportunidades de capacitación y la posibilidad de hacer una carrera basada en el mérito. En tercer lugar aparecen las mejoras remunerativas seguidas muy de cerca por las posibilidades de ascender.
Estas respuestas tienen algún fundamento cuando los docentes, al declarar en qué escala magisterial se encuentran, mayoritariamente expresan que son contratados o que pertenecen a la primera y segunda escala magisterial; es decir, están en las de menor remuneración. Entre aquel 71% de docentes que indica que la Reforma Magisterial lo perjudica o que ni lo beneficia ni lo perjudica está posiblemente una mayoría que no ha visto mejorar sus ingresos, pese a las expectativas que esta norma generó. Por el contrario, el insuficiente aumento salarial se vio neutralizado con el recorte de bonificaciones o con el no pago de algunas de ellas; es el caso de docentes que con la carrera pública magisterial percibían una mayor bonificación por trabajar en una escuela unidocente que la ahora reciben, no obstante que aumentaron los tipos de bonificaciones para el trabajo en áreas rurales. Los resultados de la encuesta recomiendan una evaluación de la implementación de la Reforma Magisterial y replantear algunos artículos de la ley.
Cuando a los docentes estatales se les pregunta sobre los peores cambios en la ley de Reforma Magisterial señalan principalmente dos: el cese a los 65 años y la inestabilidad laboral, con 33% y 26.2%, respectivamente. El cambio de escala y las pocas posibilidades de ascender figuran en tercer y cuarto lugar. Sólo 5% de los docentes opina que las muchas evaluaciones a las que se someten no son una medida afortunada de la ley. En cambio hay un 41.4% y 27.7% de docentes contratados y nombrados que considera que la evaluación del desempeño debe ser un criterio principal para el ascenso o despido. Entre los docentes no estatales esta cifra se eleva al 54.9%.
Para los docentes en general, los aspectos relacionados con su práctica de trabajo en las aulas son más importantes en la evaluación del desempeño; es el caso de evaluar y retroalimentar el aprendizaje, conocer su materia, evaluar los resultados del aprendizaje, conducir el proceso de enseñanza y crear un clima adecuado de convivencia en el aula. Los menos valorados resultan ejercitar la ética de su profesión, participar en la gestión y reflexionar sobre su práctica.
Ingresos destinados a pagar préstamos. La concentración de los docentes del sector estatal en el régimen bajo contrato y en la primera y segunda escalas de la Reforma Magisterial, así como los bajos ingresos de los docentes del sector no estatal trajeron dos consecuencias: la primera, el ingreso mensual destinado a pagar préstamos es muy alto. Según los resultados de la encuesta, los docentes de secundaria del sector estatal son los más endeudados con el 40.8% de los ingresos destinado a ese fin; en el sector no estatal ese indicador alcanza el 31.4%.
Docentes con segundo empleo. La segunda consecuencia es la necesidad de compartir el empleo docente con una segunda actividad laboral. En las áreas urbanas, entre los docentes varones que trabajan para el Estado, el 54.9% complementa su trabajo docente con otra actividad y entre las mujeres el 30.1%. En el sector no estatal urbano esa cifra es aún mayor: 69.9% de los docentes varones y 41.6% de las mujeres tiene otro empleo. Las preguntas que surgen son ¿cuánto de un segundo empleo afecta la dedicación, la actualización profesional y tareas como la preparación de clase y la evaluación? ¿en qué medida el ingreso que perciben por docencia es el más importante para los que tienen un segundo empleo?. Nuevamente el factor remunerativo se convierte en un tema clave de las futuras políticas educativas.
Confianza en las instituciones
Sobre la base de una escala de valoración que va del 1 al 6; es decir, de (1) total desconfianza a (6) total confianza, la encuesta muestra que los docentes confían más en las instituciones que los forman; luego en las que administran la educación; y finalmente, en el gremio magisterial. De acuerdo a la escala mencionada, las universidades públicas apenas superan la calificación de regular confianza. El resto de instituciones, con excepción de las representativas del SUTEP están en condición de regular desconfianza, y el Consejo Ejecutivo Nacional y los Consejos Ejecutivos Regionales del SUTEP calificados como de mucha desconfianza. Es cierto que en general la calificación que hace la población de instituciones y políticos muestra bajos índices de confianza. No obstante, los resultados deberían conducir a la dirigencia sindical a realizar una evaluación de su actuación y emprender acciones de revaloración de su imagen.
Fuente: Educared / Lima, 11 de enero de 2016
