Un anteproyecto de ley que plantea la modificación de 39 artículos de la Ley Universitaria, que apuntan a modificar la composición de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para debilitarla, circula para su adhesión en el Congreso de la República.
La iniciativa partió de la Asociación de Universidades del Perú (Asup), que preside Iván Rodríguez, y tendría el respaldo de los legisladores fujimoristas Lucio Ávila, presidente de la Comisión de Educación, y Augusto Bocángel, integrante de ese grupo parlamentario.
La presentación del documento había sido advertida días antes por el rector de la Universidad Ricardo Palma, quien aseguró a este diario que para lograr su objetivo acudirá también a la presidenta del Congreso, Luz Salgado.
Sus razones tiene. En el Congreso anterior, la bancada de Fuerza Popular, que integraba Salgado, no solo presentó una acción de inconstitucionalidad de la referida ley, sino que respaldó la propuesta aprista que prolongaba el mandato de rectores suspendidos, la misma que no prosperó. Su lideresa, Keiko Fujimori, también fue crítica a la Ley Universitaria, pero cambió de opinión durante la campaña.
El texto del anteproyecto de ley, de 29 páginas, fue difundido ayer por las redes sociales. Entre las propuestas de cambio más controvertidas está la nueva composición del Consejo Directivo de la Sunedu. Se propone que dicho consejo esté integrado por representantes de la Confiep (1), Concytec (1), colegios profesionales (1), y cuatro rectores (2 de universidades de públicas y 2 de universidades privadas).
Según el especialista en temas universitarios Jorge Mori Valenzuela, se quiere emular a la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores, donde estas autoridades, al tener la mayoría del consejo, elegirían al presidente de la Sunedu.
“Se busca el debilitamiento de la Sunedu y que su capacidad de fiscalización sea diferente a la ley primigenia. Como no pueden derogar la ley porque la opinión pública no lo permitiría, apelan a estos cambios”, criticó.
En el anteproyecto se eliminan también las exigencias a las universidades privadasde transparentar su accionar.
Asimismo, se elimina la obligatoriedad de que el 25% de docentes trabajen a tiempo completo. Se propone, a cambio, que solo se requiere 25% de horas lectivas con docentes a tiempo completo.
Según el ex presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, este anteproyecto tiene como fin favorecer a las universidades que tienen fines de lucro, ya que se deroga el artículo 121 de la actual ley, que prohíbe el cambio de personería jurídica de universidades privadas asociativas a universidades privadas societarias.
Mora explicó que esto permitiría que universidades como San Martín de Porres o Garcilaso de la Vega, fundadas sin fines de lucro, pasen a manos privadas. “Acá hay grupos interesados que están manejando esas universidades. Quieren que se resuelva eso por ley”, acusó Mora.
Proyecto de ley tendría luz verde en Educación
Once de los 19 integrantes de la Comisión de Educación son de Fuerza Popular, por lo que se podría colegir que si el anteproyecto de ley que impulsa la Asup es asumido como proyecto de ley este sería aprobado.
Aunque desde que asumió la presidencia de la Comisión de Educación Ávila obvió hablar de la Ley Universitaria, él fue un crítico de la norma cuando era rector de la Universidad del Altiplano (Puno), cargo al que accedió con el grado de doctor que consiguió en dos universidades con tesis con textos iguales. Además, se le cuestiona el plagio de un proyecto de ley.
Otro fujimorista que se quiso traer abajo la Ley Universitaria fue el ex congresista José Elías, dueño de la universidad San Juan Bautista. Presentó un proyecto de ley que tuvo el respaldo de su bancada.
Fuente: La República / Lima, 06 de setiembre de 2016
