Teresa Carpio / Revista Ideele
El gobierno saliente aprobó en octubre 2015 la Ley Nº 30362 que declara de interés nacional y preferente atención la asignación de recursos públicos que garantice el cumplimiento del Plan Nacional de Acción Por la Infancia y Adolescencia – PNAIA 2012-2021. Esta ley es reconocida como una medida acertada y un ejemplo a seguir por otros gobiernos porque garantiza la sostenibilidad de la inversión pública en la niñez y adolescencia.
Invertir en la infancia es un asunto ético y de derecho que todos los estados están obligados a cumplir; asimismo, es una ganancia a futuro porque como dice el Banco Mundial: “El desarrollo en la primera infancia es también una inversión en el crecimiento económico. Las pruebas sugieren que cada dólar adicional invertido en programas de desarrollo en la primera infancia de calidad produce un retorno de entre 6 y 17 dólares”.
Como dice la reciente Observación General No. 19 “Presupuestos Públicos para la realización de los derechos de la niñez”, adoptada por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en junio de este año: la inversión pública debe estar guiada por los cuatro principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño: No discriminación, Interés Superior del Niño, Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el Derecho a ser escuchado.
En consonancia con los 4 Principios y la realidad del país el gobierno debería evaluar cómo está implementando sus políticas en relación a la niñez y adolescencia y preguntarse si el gasto público se enfoca en disminuir desigualdades y si se está gastando más en el lugar o en el derecho que se necesita proteger.
Es urgente modificar la percepción que los niños sólo necesitan servicios de salud, nutrición y educación. Se requiere de un abordaje holístico, intersectorial y ver al niño y niña, además, en su principal entorno: la familia. Fortalecer a estas últimas para que reciban el soporte necesario y entiendan los derechos humanos de sus hijos y de los niños bajo su cuidado tiene que estar en el presupuesto público.
Sin embargo, todavía es necesario, continuar, mejorar y profundizar los programas orientados a disminuir drásticamente la desnutrición crónica especialmente la que afecta a 35 de cada 100 niños de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cajamarca y Amazonas, es decir la zona andina del país, tradicionalmente excluida y pobre y debe aumentar la cobertura de inmunizaciones que bajó a menos del 70% en estos mismos lugares. Del mismo modo, asegurar que los niños, especialmente de las zonas rurales, accedan a una educación de calidad.
Asimismo, se debe prestar especial atención a asignar recursos y aumentar servicios de calidad de protección contra la violencia a la niñez y la adolescencia. La metodología de seguimiento al presupuesto público dirigido a la niñez “Taxonomía de la infancia”, diseñada por el MEF, MIDIS y UNICEF mostró que menos del 1% está dirigido a proteger a la niñez contra la violencia. Este presupuesto no guarda relación con el alto porcentaje de niños y niñas que sufren violencia.
Por ejemplo, sólo en el año 2015, el 73% de niñas, niños y adolescentes de 9 a 11 años de edad, alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que vive (Estudio Multinacional del MIMP, INEI y UNICEF). Niños mal alimentados y violentados, tendrán problemas en su salud física y mental, en su desarrollo cognitivo y no tendrán un buen desempeño escolar y ningún futuro prometedor, por el contrario, serán un gasto para el Estado.
En el tema de embarazo adolescente, el 13.6% de adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años estuvieron alguna vez embarazadas (INEI); el 60% de niñas y adolescentes embarazadas de 12 a 16 años son producto de una violación -según campaña informativa de Save the Children- y en la mayoría de los casos, obligadas a ser madres prematuramente, se ven forzadas a abandonar la escuela (88.6%). El mayor número de niñas y adolescentes embarazadas son del quintil más pobre del país.
Asimismo, el 70 a 75% de las mujeres violadas sexualmente son menores de 17 años. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hace bien en apoyar una campaña contra la violencia hacia la mujer pero debe dar prioridad a la niña y adolescente que es la más afectada en este tema. Se debe trabajar con las familias y su entorno, que es donde se produce la mayoría de violaciones; debe haber servicios de información en las escuelas y centros de salud sobre prevención contra la violencia y acceso a la salud sexual y reproductiva. Debe haber recursos suficientes para capacitar a operadores de justicia para prevenir, investigar, denunciar y sancionar adecuadamente a los violadores; todas estas acciones deben visibilizarse transversal y sectorialmente en el presupuesto.
El Interés superior del niño debe estar presente en la toma de decisiones, en la planificación, asignación de recursos y en la administración de los mismos. La burocracia y la costumbre deben dar paso a colocar a los niños y niñas en el centro de la política y el recurso. El interés superior debe primar aún en momentos de estancamiento económico.
Asimismo, los niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados y contar con los recursos necesarios para su participación en la toma de decisiones en los ciclos presupuestarios que les afecten. Como dijeron los niños de Perú, en el marco de la consulta a más de 2700 adolescentes de Latino América y a nivel global: “No es posible que inviertan en nosotros y no nos pregunten en qué invertir. Nosotros sabemos, deben preguntarnos”.
Finalmente, las decisiones sobre los presupuestos públicos para la infancia a nivel nacional y sub-nacional deben estar basadas en los elementos de calidad definidos en la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU “Hacia una mejor Inversión en la infancia” adoptada en marzo 2015: efectividad, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad.
¿Podrá llevar adelante este desafío el nuevo gobierno? Creemos que sí es posible porque tenemos el marco normativo adecuado, solo falta que el gobierno en todos sus niveles y sectores trabajen en forma coordinada, con el recurso asignado y colocando a los niños, niñas y adolescentes en el centro de las políticas públicas.
Fuente: Revista Ideele / Lima, agosto de 2016
