Cecilia Tovar Samanez / La República
El abuso sexual de niños o adolescentes es un crimen abominable. Como católica me horroriza aún más cuando es cometido por miembros de la Iglesia, usando la influencia o el poder que tienen sobre sus víctimas para actos que constituyen una negación del mensaje de amor al prójimo que es el centro del Evangelio.
Ante los abusos denunciados por numerosos ex miembros del Sodalicio de Vida Cristian (SVC), recogidos por Pedro Salinas y Paola Ugaz en su libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, Alessandro Moroni, superior del SVC, nombró como culpables a 4 personas y mencionó a otras 4 sin nombrarlas; lo que se asemeja mucho a un control de daños que no va a la raíz de los problemas.
En este panorama, el decreto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano sobre el caso Figari resulta chocante y cuestionable. El decreto no califica los hechos de abusos sino de actos pecaminosos, porque considera mayoría de edad a los 16 años, cuando en el Perú y otros muchos países se alcanza a los 18 años. La Congregación considera que no hubo violencia, sin tener en cuenta la condición de sujeción en la que se encontraban las víctimas, sometidas a maltratos físicos y psicológicos, impedidas de ver a sus familias, privadas de sueño y alimentación suficientes, todas formas de un control mental tremendo cercano a un verdadero lavado de cerebro. Además, tampoco se puede reducir la culpa a unas cuantas personas, obviando la complicidad o colaboración de muchas otras y la organización misma del SVC, autoritaria y dogmática.
Terminando de escribir este artículo, los testimonios de varios ex alumnos de Juan Borea dieron a conocer abusos cometidos por dicha persona que se dice cristiana y que se aprovechó de su cargo de director de un colegio. Sus actos me suscitan la misma indignación y rechazo que los del SVC.
El Papa Francisco, en un reciente escrito, dice que los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia “son una monstruosidad absoluta y un horrendo pecado”, y añade: “Hemos declarado nuestro deber de actuar con severidad extrema contra los sacerdotes que traicionan su misión y con la jerarquía, obispos o cardenales, que los protejan, como ha sucedido en el pasado”. Este es el estándar con el que debemos medir y, lamentablemente, el fallo de la Congregación lo contradice. Como denuncia Marie Collins, ex integrante de la comisión sobre los abusos sexuales nombrada por Francisco, diversas instancias de la curia obstaculizan la ejecución de medidas aprobadas por el mismo papa. Hay sectores de la Iglesia que se oponen abiertamente a las reformas emprendidas por Francisco. No es fácil transformar las Iglesia.
Ese es el reto que enfrentamos hoy, no sólo ante los abusos sexuales de menores por miembros de la Iglesia, sino ante muchas otras cosas que deben cambiar.
Fuente: La República / Lima, de marzo de 2017
