Ricardo Cuenca / La Mula
En este contexto de crisis magisterial, políticos y funcionarios del segundo gobierno aprista han opinado sobre el tema. Coinciden en atribuir como causas del problema actual, la inacción del gobierno anterior, que no continuó con la labor emprendida por la gestión aprista. El expresidente Alan García tuiteó: “Contrarreforma educativa: ni evaluación ni capacitación ni meritocracia. Lo pagarán los niños. Con ministro Chang hubo metas y autoridad».
El exviceministro de gestión pedagógica Idel Vexler (2006 – 2011) declaró: “El ministerio de educación ha tenido en los últimos 5 o 6 años una política de avasallamiento al magisterio nacional”.
Con el eslogan “Mejores maestros, mejores alumnos” el gobierno aprista inició un conjunto de acciones que se tradujo en el mayor número de políticas, medidas, normas y programas para los docentes en un solo gobierno, en las últimas décadas. Fueron cuando menos 25 los dispositivos legales vinculados a la profesión docente dictados durante el quinquenio aprista. Destacan el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente (Pronafcap), la evaluación única para postulantes a los institutos superiores pedagógicos (con la “nota 14” como requisito de ingreso, que fracasó pues hizo casi desaparecer a los pedagógicos y ayudar a las filiales universitarias que recibieron estudiantes con menos de 14), la contratación de profesionales no docentes para enseñar en la escuela pública y la ley de carrera pública magisterial. Esta profusión de normas, desvinculadas de un objetivo superior de reforma y desarticuladas entre sí, no tuvo el éxito deseado. Peor aún, en el afán de implementarlas (o como consecuencia de su implementación), la relación entre el gobierno y los docentes se quebró, agudizando una historia malas relaciones iniciadas en décadas anteriores.
Maestros “comechados”
En una crítica al Sutep, el expresidente Alan García selló su mala relación con el magisterio. “Don picón, don criticón, están siempre queriendo detener el rumbo del Perú. Hay muchos comechados que no quieren ir a dar clases, ni capacitarse y, cuando les ponen un libro adelante, es como si les tiraran una maldición”, dijo el 10 de julio del 2007. Esto le valió unas disculpas públicas en el discurso del 28 de julio, que le sirvió de poco, pero que nos dejó en un pasaje único en los discursos presidenciales.
Lo cierto es que en este contexto, diversos líderes de opinión, especialistas e investigadores educativos, periodistas y académicos de otras áreas opinaron sobre el mal manejo del tema docente. De este modo Alberto Adrianzén, Augusto Álvarez Rodrich, Patricia Arregui, Manuel Bello, Constantino Carvallo, Luis Jaime Cisneros, Ricardo Cuenca, Hugo Díaz, Manuel Iguiñiz, Nelson Manrique, Ricardo Morales, Sinesio López, Rosa María Palacios, José Rivero, Patricia Salas, Federico Salazar, León Trahtemberg y Richard Webb, entre otros, coincidieron públicamente en que la forma en la que el gobierno conducía el tema docente no era la más adecuada. Lo hicieron, incluso, aquellos que suelen discrepar entre sí. Foro Educativo publicó algunas de estas opiniones en el pronunciamiento “Valorar al docente hoy es apostar por el mañana”.
La capacitación punitiva
En febrero del 2007 el MINEDU oficializó la creación del PRONAFCAP como medida de política para la formación en servicio. Dicho Programa debía responder a los resultados de las pruebas censales aplicadas a los docentes a inicios del mismo año. Es decir, la capacitación fue pensada inicialmente solo para aquellos docentes que accedían a ser evaluados. Los resultados fueron que el Pronafcap no capacitó a varios grupos de docentes con bajos resultados en la evaluación, como lo sostiene un informe de evaluación realizado por el MEF en el 2008. Ello obligó a modificar el diseño original del programa para poder alcanzar las metas de capacitación propuestas.
A partir del 2010, el MINEDU flexibilizó algunas de las reglas inicialmente planteadas, logrando así captar un mayor número de docentes. Sin embargo, a pesar de dichos esfuerzos por incrementar las metas de atención, según cifras oficiales del MINEDU se logró capacitar a 115.458 docentes a nivel nacional, que representa el 71% de las metas programadas (162.514 docentes) y que representa solo el 26% del total del magisterio nacional.
La parcial meritocracia docente
La Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM), así como otras políticas apristas, fue un producto forjado a punta de un eficiente trabajo político del propio presidente Alan García, quien luego instaló el “espíritu” de la CPM —el valor de la meritocracia para tener los mejores maestros— en la opinión pública como un logro fundamental de su gestión. De hecho, como lo sostuve en el 2008 en el texto (escrito junto con Lars Stojnic) “La cuestión docente. Perú: carrera Pública magisterial y el discurso del desarrollo profesional”, esta ley fue el inicio del camino a la meritocracia que tanto se necesita en la carrera de los docentes. Sin embargo, el problema fue que esta Ley no logró instalarse entre el magisterio como un instrumento que contribuyera a su desarrollo profesional. Por el contrario, para los docentes, la CPM era una forma prepotente y coercitiva de regular su relación con el Estado. La CPM quedó, injustamente estigmatizada como la ley que castiga a los docentes, antes que como una norma que los beneficia.
Pese a los esfuerzos, al final del gobierno de García solo 1 de cada 4 docentes estuvieron en una carrera meritocrática. Su error colosal fue hacer del tránsito hacia la meritocracia un asunto opcional para los maestros.
Muchas normas no son reformas
¿De qué contrarreforma hablará el expresidente García, a qué se referirá el exviceministro Vexler con avasallamiento? Lo cierto es que durante el gobierno de García, la gestión de Chang y de Vexler los sueldos de los docentes decrecieron
Y la inversión en educación no aumentó sustantivamente
La educación en los tiempos del APRA no fue en general una buena educación para los docentes. Se instaló un discurso de mejora, pero no la mejora prometida.
Fuente: La Mula / Lima, 20 de agosto de 2017
