Manuel Iguiñiz Echeverría / TAREA
El título de este artículo extiende al sistema escolar el atinado aserto de Luis Alberto Sánchez, “La Universidad no es una isla”.
Los próximos cuatro años seguirá vigente el Proyecto Educativo Nacional al 2021, La educación que queremos para el Perú (PEN) y las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. La consecución de la reforma educativa acorde a esos proyectos, siendo difícil, es vinculante. A la vez el Ministerio de Educación encargo al Consejo Nacional de Educación (CNE), algo madrugadoramente, la sugestiva tarea de evaluar el PEN al 2021 y la preparación del PEN al 2036.
A raíz de la importante huelga magisterial, el gobierno ha reiterado que la caída del gabinete Zavala se produjo por su defensa de la política de Estado en Educación, que comprometía al gobierno en su conjunto. La política educativa ha sido muy importante en el debate político, nos alegramos, pero el pedido de confianza se debió a una negociación entre los poderes de Estado electos.
El PEN, la conjunción de cambios sociales y educativos
Nos permitimos recordar que una reforma educativa se inserta en un marco transformación social. El PEN establece claramente el vínculo del cambio social, en el “horizonte del desarrollo humano” y una “educación renovada, que genera cambios”.
En el PEN, la educación no es una isla sectorial, con poder suficiente para, por si mismo, hacer más justo nuestro país. Recordarlo es sumar argumentos para redoblar hoy los tres compromisos: de implementación del PEN, de balance del mismo y, además, de formulación del nuevo PEN al 2036.
El Proyecto Educativo Nacional al 2021 tiene dos grandes partes.
La primera expone los rasgos de la educación peruana, el enfoque del desarrollo humano y las transformaciones que el Perú requiere realizar con la colaboración de la educación renovada. Reitera que la educación reproduce las desigualdades sociales. Por ello el PEN expresa que las transformaciones de la educación tienen que “entrelazarse creativamente con los demás cambios institucionales necesarios en el Perú”.
La segunda parte contiene la visión y los seis objetivos estratégicos (OE) en educación.
La prescindencia y la desconexión del PEN
Dos son las preocupaciones que exponemos. Uno la prescindencia del PEN en la política educativa oficial y, de otro lado, la desconexión de las dos partes del PEN en los balances anuales del CNE.
Es notoria prescindencia gubernamental del vínculo entre las transformaciones sociales y las educativas. La raíz es la prescindencia del Proyecto Educativo Nacional en la política educativa oficial, enunciada en los espacios públicos, dirigidas a la ciudadanía y al Congreso. Para comprobarlo están los mensajes presidenciales a la Nación, los programas de cada Presidente del Consejo de Ministros, los programas de los ministros de educación, las presentaciones ante el Congreso, que han incluido maratónicas interpelaciones. Ese fenómeno debilita las mejores medidas existentes y le atribuyen al sector educación un poder independientemente de las políticas nacionales de derechos, equidad social, inclusión, redistribución.
El seguimiento a los seis objetivos estratégicos realizado por el CNE, en los importantes “Balance Recomendaciones”, prescinde de la primera parte del Proyecto Educativo Nacional. Analizan cada objetivo estratégico sin relación con el dinamismo social, económico, cultural y político del país y del tipo de educación deseada.
En esos balances, los objetivos estratégicos carecen de sinergia y articulación, por prescindir del proceso nacional y la visión de la educación, que les da sentido y direccionalidad.
Programas con continuidad
Estas desconexiones debilitan los mejores programas, que por distintos caminos y factores están en ejecución masiva, con potencialidades mayores, si se los cambia, para mejorarlos, sostenerlos, articulándolos en un programa que siga el Proyecto Educativo Nacional. Encargo al nuevo ministro de Educación Idel Vexler, que conoce ampliamente el sector. Se trata medidas como la Jornada Escolar Completa, la Educación Intercultural Bilingüe, la Educación Básica Alternativa, la Ley de Reforma Magisterial, el acompañamiento pedagógico entre pares, la Ley Universitaria. Programas que no están articulados en los cuatro pilares, de la política educativa de J. Saavedra y M. Martens. Serian parte de una reforma, ofreciendo un modelo que suprima la segmentación educativa, la discriminación socio educativa y la subinversión. Es notorio que recién se decida elaborar un plan de educación en ámbitos rurales componente para la equidad.
Los propios objetivos estratégicos se necesitan, para avanzar sostenidamente. Así, la interculturalidad es inseparable de la formación docente y la descentralización, que desarrolle capacidades locales de innovación.
Gabinete y Congreso, más que una formalidad
El Consejo de Ministros está obligado a exponer su programa de gobierno considerando el Acuerdo Nacional y otros acuerdos específicamente en educación, como el PEN. Avanzar al unísono en el cuidado del medio ambiente, seguridad ciudadana, educación en el trabajo, memoria colectiva, lucha contra la corrupción, para hacer una sociedad educadora.
Saltearlos es seguir distrayendo a la ciudadanía con novísimas y más pobres políticas, en vez de las contenidas en los acuerdos. La distracción dificulta el aprendizaje para el seguimiento ciudadano de los resultados de las políticas y la planificación educativa. Los acuerdos, no están escritos en piedra, es lógica su actualización, no para encarpetarlos sino para cumplirlos, para expulsar la discriminación por género, etnia, condición económica.
El debilitamiento creciente de los Gobierno regionales y locales, no es inocente, le sigue, con mucha pena, su desplazamiento con la ejecución de intervenciones por entidades de los ministerios en las localidades. Eso no es poca cosa, es la naturalización del centralismo, un empobrecimiento de la democracia con diversidad y autonomía escolar.
El Congreso y el Gabinete no pueden despreciar la alerta que produjo la huelga y dejar languidecer la Ley de Reforma Magisterial, reduciéndola a la meritocracia. Las actas de huelga docente (inclusive una no suscrita) son piso para mucho más, para una política sostenida en la educación pública, con consulta y compromisos recíprocos de todos los actores, en la revaloración de la profesión docente, con formación a docentes en ejercicio, nombramientos, evaluación , incremento de sueldos al 2021, pensiones dignas.
Fuente: Informativo N° 182 de Tarea
