Hace varios días que la formación en los institutos tecnológicos se encuentra en el ojo de la tormenta. La Ley Bartra, como se conoce al proyecto de Ley 1215/2016-CR, propone que, a efectos de dotar a los estudiantes con posibilidades de aprender con tecnologías acorde a la demanda del mercado laboral, estos puedan pasar un número de horas no remuneradas en una experiencia formativa en un contexto real de trabajo. La reacción de la opinión pública fue casi inmediata, pues se evidenciaron vicios que atentaban contra el derecho a la remuneración del trabajo prestado, protegido por la Constitución. ¿Esta propuesta es inconstitucional? ¿Es discriminatoria? ¿Es tirada de los pelos? Si bien la respuesta es sí a todo, los ciudadanos nos preguntamos por qué nacen iniciativas como esta y por qué hay tanta prisa por aprobarlas. Desde luego, siempre podemos imaginar una asociación insana entre algunos de nuestros representantes y ciertos lobbies empresariales, pero dejando la no-siempre-tan-lejana-noción-de-la teoría conspirativa para otros espacios, necesitamos abordar el asunto desde su problema de origen: la calidad de los institutos tecnológicos.
Después de ver la información brindada por la congresista, son 345 institutos tecnológicos públicos los que se beneficiarían con esta norma, porque no cuentan con el equipamiento y condiciones de calidad acorde a las necesidades actuales del mercado laboral. Esto es cierto, para una buena parte de los casos, pues hay otros en los que, gracias al esfuerzo puesto por los equipos directivos, docentes y estudiantes, han logrado obtener financiamiento de ProCalidad para la mejora de su gestión docente, diseño curricular, seguimiento a egresados, sistema de investigación formativa, entre otros factores de calidad según lo establecido por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) para lograr la acreditación.
Lamentablemente, a pesar de estos esfuerzos en los años recientes, todavía existen estudiantes que egresan de carreras que ya no son tan demandadas actualmente o que no se han innovado tan rápido como el mercado laboral lo exige. ¿Podemos imaginar carreras de mecánica automotriz, metalurgia, mecánica industrial, eléctrica teniendo talleres pequeños con equipos desactualizados y que tienen que ser utilizados por varios estudiantes a la vez? Sí. ¿Ocurre en todos los institutos públicos?, no, pero sí en la mayoría. ¿La solución para los estudiantes será aprender en un entorno real de trabajo generando renta para la empresa sin recibir remuneración por el trabajo realizado? No. Antes de sacar a los estudiantes a aprender afuera, necesitamos fortalecer las herramientas con la que cuentan dentro, pues no hacerlo es, nuevamente, parchar una fisura estructural con cinta de embalaje, pues el problema seguirá existiendo y los estudiantes seguirán siendo los más perjudicados.
Con S/ 86,784,954.00 con los que cuenta el gobierno nacional y S/ 25,113,709.00 con los que cuentan los gobiernos regionales, en el PPR 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica al 2018, tenemos los institutos que ahora existen. El monto total de este PPR representa casi el 0.07 % del presupuesto nacional 2018 según el portal de Transparencia Económica. ¿Se imaginan? Casi 112 millones de soles para 345 Institutos Tecnológicos Públicos. Para tener una noción de las prioridades, notemos que el presupuesto del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú tiene presupuestados para este año S/ 30,332,233; es decir, un colegio recibe el 27 % de presupuesto que 345 institutos. Dura realidad. Con un presupuesto así de bajo es claro que no se están haciendo todavía los esfuerzos suficientes y necesarios para la mejora de la calidad de los Institutos Tecnológicos Públicos, y en tanto esto no ocurra, siempre habrá cabida para propuestas raras como la reciente. Esto resulta porque hay necesidad y asimetría de poder y cuando se mezclan esos dos elementos, muchas voluntades genuflexas aceptan situaciones injustas o de explotación con la esperanza de que «siquiera» van a tener acceso a una formación que, de otro modo, no habrían podido recibir. Ahí es cuando el Estado habrá fallado nuevamente a los ciudadanos que más necesitaba proteger.
Hoy en día, los que quieren mejorar la educación superior y su acceso al mercado laboral deberán poner la lupa y las acciones pertinentes sobre los institutos. Con ello se podrá romper argollas de poder y corrupción que mantienen en sus cargos a los de siempre. Aquellos que no son exigentes en las nuevas convocatorias de docentes formadores se reparten los cursos de investigación, porque les permite tener ingresos «por fuera» de las horas regulares de asesoría, aprueban a los alumnos; aunque no demuestren el logro de las competencias requeridas por su currículo, entre otros problemas… Denles a los institutos, por dios santo, más presupuesto y asistencia técnica para que lo ejecuten bien, para los resultados verificables en favor de los estudiantes y en consecuencia, en favor del desarrollo del país. La cadena (del desarrollo de la educación) es tan fuerte como lo es el eslabón más débil, y como siempre, en este sector, el eslabón más débil está al lado de los estudiantes, justo pegado al eslabón de sus docentes. Mano al pecho, congresistas y ministro de educación.
Lima, 1 de marzo de 2018
(*) El Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior PROCALIDAD es un proyecto de inversión pública financiado por el Gobierno Peruano y el Banco Mundial. El marco de la Política de Aseguramiento de la Calidad se sustenta en cuatro pilares: el Licenciamiento, la Acreditación, el Fomento y el Sistema de Información del Aseguramiento de la Calidad; complementa y contribuye con tareas específicas en el fortalecimiento del sistema en general, así como de las Instituciones de educación superior. [Fuente: ProCalidad (2018) ¿Quiénes somos? Recuperado de http://procalidad.gob.pe/web/node/4, Fecha de consulta: 26 de Febrero de 2018]
