Jorge Mori / EDUCACCIÓN
Uno de los temas que suscitan mayor interés en la academia y entre los especialistas en gestión pública es el referente al uso de la información y la evidencia para el diseño de políticas públicas, lo que se conoce como evidence-based policymaking. Sobre los actuales retos en ese campo, Justin Parkhurst (2017), profesor de la London School of Economics, señala que, si bien se ha avanzado mucho en el uso de la evidencia para tomar decisiones en el Estado, aún hay un camino que recorrer. Ocurre que no logramos superar la distancia y desconfianza que subsiste entre lo “técnico” y lo “político” en el uso de la evidencia para la formulación de las políticas públicas.
En el Perú, la producción de evidencia para la toma de decisiones en el sector público tiene diferentes grados de evolución, dependiendo del sector que se analice. En el ámbito educativo, el mejor ejemplo de ese avance es la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) que se aplica a los alumnos de segundo y cuarto de primaria, y desde el 2015 a los estudiantes de segundo de secundaria. Esta evaluación se inicia en el 2007 a cargo de la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de Educación (Minedu). Cabe señalar que el Perú fue uno de los últimos países en iniciar la aplicación de este tipo de evaluaciones en América Latina.
Uno de los principales objetivos de la ECE es “brindar información a los directores, docentes, padres de familia, así como a los funcionarios de las Direcciones Regionales de Educación (DRE), Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y del Minedu sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes. De esa manera, los actores del sistema educativo pueden tomar decisiones informadas a fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, de acuerdo a sus niveles de responsabilidad”.
Un objetivo que, de cumplirse, podría hacer de esa información un factor muy importante en la implementación del nuevo currículo, pues dibuja un escenario que todos los docentes, los directores de escuela o las autoridades de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) o de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) podrían tomar en cuenta a la hora de planificar sus intervenciones. En este punto debemos subrayar los roles diferenciados de ambas instancias. Por un lado, a las DRE les corresponde supervisar el cumplimiento de la normativa del sistema educativo por parte de las UGEL, mientras que a las UGEL les corresponde aplicar dicha normativa y velar por que las escuelas también la cumplan. En ambos casos, es evidente la necesidad de que los funcionarios y autoridades de dichas instancias conozcan y utilicen los resultados de la ECE, pues las normas solo tienen sentido si ayudan a que el trabajo de las escuelas sea realmente efectivo.
En abril de 2017, Lucas Sempé y Patricia Andrade realizaron un estudio cualitativo que evaluó el uso de los Informes de la ECE que son dirigidos a la institución educativa, a los docentes y a los padres de familia.
La difusión pública de los resultados nacionales y regionales se realiza por lo general durante el mes de marzo del año siguiente de la aplicación de la prueba. Para facilitar el acceso a la información, la UMC usa la plataforma virtual Sistema de Consulta de Resultados de las Evaluaciones (SICRECE) donde el público en general, los padres de familia, el director(a) de la IE, las DRE, las UGEL y el MINEDU pueden consultar la información disponible.
Entre sus principales hallazgos, Sempé y Andrade señalan que “la mayor parte de la información contenida en los informes no parece ser aprovechada por los distintos actores que los reciben”. En general, el interés se centra básicamente en lo referente a los resultados. Asimismo, habría “una comprensión reducida de los factores que influyen en los resultados y una tendencia a atribuir a factores externos la mayor responsabilidad” sobre los resultados, “tales como el rol de los padres de familia en la educación de sus hijos” (Sempé y Andrade, 2017: 93). Un ejemplo de factor interno podría ser la limitada cobertura curricular o el uso distorsionado del currículo.
Por otro lado, los autores encontraron que “la heterogeneidad de escuelas en el país afecta la recepción y uso de los informes. No sólo se trata de la disparidad territorial o de lengua, sino también en las condiciones internas que permiten que los informes de la ECE puedan servir de catalizadores o disparadores de cambio. Los informes tienen mejor recepción y uso en escuelas que tienen condiciones internas como directivos involucrados, climas institucionales positivos, y docentes que comparten espacios de trabajo continuo” (Sempé y Andrade, 2017: 94). Ese tipo de escuelas, lamentablemente, no abundan. En general, según el estudio, “los niveles de lectura de los informes encontrados son, en general, bajos. En el caso de docentes de grados evaluados o que se evaluarán en ese año, equivalen a la mitad de los entrevistados, mientras que muy pocos docentes de otros grados manifestaron haber leído los reportes” (Sempé y Andrade, 2017: 89).
Esto quiere decir que, a pesar del valor de estos informes como “instrumentos útiles para explicar la ECE y dar a conocer los alcances pedagógicos de la prueba”, con un gran potencial para contribuir a “generar la confianza de la mayoría acerca de la solvencia técnica de la prueba”, todavía no se aprovechan para cambiar significativamente los hábitos de planificación curricular en las escuelas y establecer prioridades, que vayan más allá de entrenar a los alumnos en el tipo de prueba que aplica la ECE. Más aún, ni los informes de resultados de la ECE ni la legitimidad de la prueba como generadora de evidencia para el diseño de políticas educativas efectivas en el país, ha tenido un impacto visible en las decisiones de política.
En efecto, a partir de entrevistas realizadas a funcionarios del MINEDU, los autores del estudio descubrieron que falta una articulación entre los resultados de la ECE presentados en los Informes y el diseño de las intervenciones pedagógicas del sector, tanto por parte del propio Minedu, como de las DRE y las UGEL a cargo de las escuelas.
Diez años de aplicación de la ECE (2007-2016), han puesto en evidencia su solvencia técnica. Por tanto, el Minedu podría utilizar internamente la evidencia producida por sus informes para articular decisiones sobre el diseño de diversas medidas de política, en particular las enfocadas directamente en la implementación del currículo, y la mejora de los aprendizajes, superando así la desconfianza mutua entre lo “técnico” y lo “político” que describe Parkhurst. Si lo hiciera, el Minedu tendría la capacidad, como órgano rector, de contagiar a todo el sistema educativo, lo que incluye a las DRE, las UGEL y a la comunidad educativa de las IE, el buen hábito de decidir en base a información.
Pero, ¿cuáles son los primeros pasos hacia dicha articulación? En primer lugar, se debe orientar a las DRE para que utilicen los resultados de la ECE en su planificación, comprendiendo sus alcances y limitaciones. Ello se puede lograr usando dichos resultados para definir metas, prioridades y estrategias diferenciadas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) que contiene todas las acciones que la instancia debe realizar. Dicha planificación tiene una relación directa con la asignación presupuestal anual. Si bien son situaciones que pueden ser cambiantes, dependiendo de la gestión y las autoridades del momento, el caso de la región Moquegua evidencia que existe en algunas regiones el interés por asociar las intervenciones nacionales del Minedu con las realizadas por los Gobiernos Regionales. Según Claudia Sugimaru y Juan León, “Moquegua cuenta con un plan y visión a largo plazo en términos educativos que conllevan a la formulación de metas en indicadores concretos y estrategias para la mejora del aprendizaje” (Sugimaru y León, 2015: 19).
Un segundo paso podría ser que las direcciones del Minedu responsables de intervenciones como acompañamiento pedagógico y Jornada Escolar Completa (JEC) envíen instrumentos de priorización a las intervenciones pedagógicas que están a su cargo, a partir de los resultados de la ECE, al menos sobre los aspectos medulares que la prueba evalúa y que vayan más allá del grado evaluado. Si los recursos son limitados para incidir en todas las escuelas del país con la misma intensidad, se requiere priorizar.
Un tercer paso es articular y coordinar dicha priorización, de un lado, con la estrategia de implementación del currículo nacional en las escuelas de primaria, sumando esfuerzos y buscando complementariedades entre las distintas intervenciones del Minedu.
Estos pasos nos permitirán aprovechar mejor la utilidad y la pertinencia de los Informes de la ECE, y seguir fortaleciendo la vinculación de la información producida con las decisiones públicas. En ese sentido, es muy importante que ese esfuerzo continúe, para lograr que lo “técnico” y lo “político” encuentren espacios de diálogo, al menos a favor de la mejora de la efectividad del sistema educativo.
Lima, 1 de marzo de 2018
REFERENCIAS
Parkhurst, Justin (2017). The Politics of Evidence: from evidence-based policy to the good governance of evidence. United Kingdom. Routledge.
Sempé, Lucas y Andrade, Patricia (2017). Evaluación de Uso de Informes de la Evaluación Censal de Estudiantes en la Escuela. Lima: GRADE/Proyecto FORGE.
Sugimaru, Claudia y León, Juan (2015). El Éxito Educativo de la Región Moquegua, un análisis de la gestión pedagógica e institucional en tres niveles: regional, local y de institución educativa. Lima: Revista SILEX de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
