Patricia Correa Arangoitia/ EDUCACCIÓN
En la diversidad radica nuestra riqueza, aquella que reta a un Estado a adecuar los servicios, para que las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes del Perú, sean satisfechas.
«En mi centro educativo la mayoría de alumnos son españoles, un grupo de ellos muy pobre, pero hay varios latinoamericanos, sobre todo ecuatorianos y dominicanos, también gitanos de la zona, y algunos jordanos, de religión islámica. A nuestros profesores les falta mayor preparación para atender estas diferencias, sobre todo conocer mejor las distintas culturas». Este es uno de los testimonios recogidos por Alejandro Fernández en el curso de una investigación doctoral sobre diversidad cultural en centros de educación secundaria en Granada, España. Como puede apreciarse, la diversidad en el salón de clases, es un fenómeno que atraviesa a todo el planeta y desafía radicalmente a la educación y a los educadores (Fernández, Alejandro, 2015).
En el Perú, crisol de diversidades, sabemos cuán urgente y vital es asegurar la igualdad de oportunidades de aprendizaje a todas las niñas, niños y adolescentes en las escuelas, sobre todo a los que viven en las zonas rurales más apartadas y que hablan una lengua distinta al castellano. En el Perú se habla 48 lenguas indígenas en 55 pueblos originarios, mayormente asentados en las áreas rurales de los Andes y la Amazonia.
Desde el 2011, los esfuerzos han estado orientados a atender la demanda por escuelas, maestros y maestras que brinden una educación con dominio de la lengua materna, y que respeten su cultura. Es evidente que existe un trecho muy grande por transitar, aunque ya está trazado un camino en la Política Nacional de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, aprobada por Decreto Supremo Nº 006-2016 MINEDU. Una política clave para el desarrollo de una educación con equidad social en el Perú, en articulación con los diversos niveles de gobierno, una vía para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes de pueblos indígenas u originarios a acceder a una propuesta educativa de calidad, pertinente a su contexto, cultura y territorio.
Pero hay barreras. Un primer obstáculo es la falta de docentes formados y con competencias en EIB. No contamos con el número y la formación de docentes requeridos para atender a todos los niños y niñas de comunidades indígenas, la brecha docente entre la oferta y la demanda es de 14,171 docente siendo: 3,482 de inicial, 9,846 de primaria y 843 de secundaria.
Existen avances importantes que se han ido planteando en los últimos años, haciendo posible que hoy, por ejemplo, podamos contar con propuestas formativas y un currículo específico para formar docentes EIB. También existe una propuesta para la titulación de maestros que laboran en zonas dispersas del país, a la que urge dar impulso.
Un segundo obstáculo es la violencia, que hoy afecta todos los niveles y espacios sociales, pero que tiene un rostro mucho más dramático en las zonas más alejadas. La Defensoría del Pueblo precisa que, en tan solo dos años, se han abierto más de 80 procesos contra profesores y administrativos acusados de violar a escolares en la provincia de Condorcanqui, departamento Amazonas. En esta zona viven los pueblos Awajún – wampis, cuyas niñas y adolescentes son doblemente vulneradas; la cifra del atraso en la escuela secundaria, por ejemplo, es de 32% y el abandono escolar llega al 12%. La evaluación censal ECE 2016 mostró que apenas dos de cada cien estudiantes, de segundo de secundaria de Condorcanqui comprenden lo que leen, y sólo uno logra resolver problemas de matemática. En el caso de esta provincia, la encuesta “Desenrollando La Madeja de la Impunidad”, señala que el rango de edad con más casos de agresiones sexuales corresponde a adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.
Por si esto fuera poco, en las provincias Quispicanchi, Chumbivilcas y La Convención en Cusco, se vive otro drama, debido a que son territorios en donde se concentra la mayor tasa de casos de trata de personas del departamento de Cusco. El proyecto “Prevención de la Trata Sexual, Explotación Comercial y Protección a las niñas y adolescentes en las zonas andinas y amazónicas del Perú” que se viene desarrollando en Quispicanchis (Cusco), ha determinado que el 99% de los estudiantes entre 12 y 17 años de edad no han escuchado acerca de las implicaciones de este crimen y no tienen conocimiento sobre los peligros a los que están expuestos, respecto al tráfico humano. Agrava esta situación, que alrededor del 95% de los padres y tutores no tienen conocimiento sobre el tema. La desarticulación entre los sistemas de protección y la escuela coloca en una situación de vulnerabilidad sobre todo a las y los adolescentes.
Existen factores que podrían darnos luces sobre la situación de exclusión en estas comunidades rurales. Una primera seria la necesidad de laborar que tienen los alumnos ante la precariedad económica de sus familias, que impiden mantener a los estudiantes de secundaria solo enfocados en los estudios. Un segundo elemento es el embarazo adolescente; y uno tercero, las altas tasas de violencia. El modelo ofertado de educación secundaria tampoco sabe cómo retener a los adolescentes. Por el contrario, al no contribuir a descubrir o construir un proyecto de vida, aunado a la falta de protección y oportunidades, los termina expulsando.
Esta problemática no solo atañe al sector educación, sino al Estado en su conjunto y a los tres niveles de gobierno, tanto como a la propia dinámica de desarrollo local–regional. Si no se articulan actores, instancias y procesos, no habrá cómo generar y garantizar igualdad de oportunidades para todos.
Lo que toca al sistema educativo es implementar escuelas que atiendan a la diversidad territorial, lingüística y cultural, generando espacios donde, niñas, niños y adolescentes, puedan desarrollar sus capacidades en un ambiente de protección, donde con calidez, acogida y afecto se contribuya a lograr los objetivos de aprendizaje. Será determinante en este propósito la formación de docentes EIB para cubrir la demanda existente en todas las etapas, formas y modalidades del sistema educativo. Será igualmente decisivo contar con propuestas pedagógicas culturalmente pertinentes y una gestión que acompañe y se adapte al ciclo de vida de los estudiantes y sus comunidades, no al revés.
La política EIB tiene una sola forma de gestionar las soluciones a esta problemática: la descentralización, respondiendo a modelos de gestión donde el rol de los gobiernos locales cobre mayor importancia, de la mano de gobiernos regionales con liderazgo y con equipos que tengan una mirada estratégica, que sean planificadores y gestores eficientes de los servicios educativos, y con un ministerio más rector que implementador.
El ministro del sector tiene la gran oportunidad de avanzar en esta ruta, redistribuyendo el presupuesto considerando las diferentes necesidades de los territorios, y atendiendo las existentes con pertinencia, no de manera homogénea.
El Presidente Vizcarra ya lo señaló: se requiere que la educación sea una prioridad del Estado. Una educación que en el Perú no podrá ser de calidad si no atiende a la diversidad y revierte las condiciones adversas y las amenazas de violencia de las que hoy son víctimas miles de niñas y niños en todo el país, dentro y fuera de las escuelas, y que, en contextos de exclusión, se agravan. Responder a esa diversidad es importante y también urgente.
Lima, 9 de abril de 2018
