Gustavo Yamada/ EDUCACCIÓN
Una gran distancia entre estos dos mundos puede haber existido desde hace mucho, pues las universidades e institutos no siempre se conectan con las empresas y organizaciones sociales para captar sus demandas de personal y adecuar sus contenidos formativos. Sin embargo, a pesar del auge experimentado en la oferta de educación superior en nuestro país, como respuesta a la creciente demanda, esta brecha persiste y hasta parece haberse agudizado en los últimos tiempos.
Algunas razones detrás de esta divergencia son, por un lado, las necesidades de las empresas y organizaciones que están cambiando mucho más rápido en esta era, donde la única constante es el cambio acelerado, mientras que las ofertas de educación superior resultan ser en muchos casos inerciales y estar cada vez más rezagadas. Por otro lado, la cantidad de instituciones y universidades ha crecido enormemente, pero con alta heterogeneidad en calidad y pertinencia, incrementando la posibilidad de brechas a nivel individual y agregado.
La demanda de los jóvenes por educación superior en América Latina se ha multiplicado por varias veces en las últimas décadas. Tal como discutimos con Pablo Lavado en un libro reciente editado en la Universidad del Pacífico (Yamada y Lavado, 2018), ésta ha sido la expansión comparativa mundial más grande registrada.
En el caso peruano, ya estamos en una tasa de matrícula bruta alrededor del 50%. Esta mayor demanda no ha sido solo de parte de los hijos de una tradicional élite profesional, económica y social, sino que se trata de la primera generación de diversas familias de clases populares y emergentes que aspiran a acceder a la educación superior como vehículo de movilidad social y empleabilidad.
El Banco Mundial calcula que tres cuartas partes del creciente acceso al nivel educativo terciario se explica por el incremento de 59% a 80% de jóvenes que culmina la secundaria. La otra cuarta parte tiene su origen en el crecimiento propio de la tasa de matrícula superior que subió de 39% a 52%. Ambas tendencias tienen que ver con razones demográficas y el auge relativo de la economía peruana en los últimos veinticinco años, por lo que la mayoría de estos jóvenes desea y puede continuar transitando por el sistema educativo formal, en lugar de insertarse de manera directa en el mercado laboral.
En términos cuantitativos y cualitativos hemos tenido un gran avance, aunque todavía estamos lejos del promedio de matrícula de países OCDE de 76%, y hoy por hoy los problemas de heterogeneidad de calidad, pertinencia y empleabilidad son más evidentes que nunca, tal como tratamos de mostrar desde diversos ángulos en varios capítulos del libro reciente editado por la Universidad del Pacífico.
¿Cómo respondió la oferta a esta mayor demanda por educación superior? Las universidades públicas de prestigio se estancaron en cuanto al volumen de población estudiantil y estándares de calidad académica, debido a los problemas económicos derivados de la grave crisis económica histórica del Estado peruano y los problemas de politización excesiva de los claustros (Burga, 2005).
Una buena parte de las universidades privadas de calidad se expandieron, pero no a las tasas que pudieran absorber la mayor demanda potencial. Por tanto, la flexibilización en la legislación sobre autorización de funcionamiento de universidades e institutos ocurrida en el Perú en los 1990s, sobre todo a partir de la promulgación del Decreto Legislativo 882, puede explicarse en parte como una respuesta ante esta presión de demanda sin precedentes.
Sin embargo, esta flexibilización no fue acompañada con un modelo de regulación eficiente que pudiera monitorear la calidad de la oferta y la empleabilidad de sus egresados, tal como aconsejaría la teoría económica para un mercado con importantes asimetrías de información y un desfase temporal significativo entre el largo período de inversión en el servicio educativo y la comprobación final de su pertinencia en el mercado laboral.
Ricardo Cuenca, afirma que, “fueron tres las hipótesis que estuvieron detrás de la decisión de liberalizar la oferta educativa universitaria. La primera sostuvo que con la participación privada se conseguiría ampliar la oferta y la cobertura universitarias. La segunda argumentó que, como consecuencia de la primera, el acceso a los estudios superiores se democratizaría; es decir, más jóvenes de todos los estratos económicos estudiarían en la universidad. Finalmente, se supuso que el mercado sería un regulador efectivo de la calidad de este servicio, mediante el cual la competencia dejaría fuera a las universidades de baja calidad” (Cuenca, 2015, p.11).
Efectivamente, la primera conjetura se confirmó de manera bastante elocuente. La segunda hipótesis se cumplió con mucho menos fuerza, pues las desigualdades en el acceso a educación superior entre quintiles de ingreso se aminoraron, apoyados también por esquemas de apoyo financiero como “Beca 18”, pero todavía son dramáticas. (Yamada y Oviedo, 2016).
El tercer postulado, que el mercado por sí solo resolvería el problema de la calidad de la educación superior, fue el que menos asidero tuvo en la realidad de las últimas décadas. Los estándares de calidad promedio de la nueva oferta fueron menores a los previamente vigentes y este deterioro explicaría una mayor probabilidad de subempleo profesional en los egresados actuales (Lavado, Yamada y Martinez, 2015). Pero también es cierto que los antecedentes educativos de los nuevos jóvenes que ingresaron a la educación superior fueron inferiores (Yamada y Castro, 2013).
Recién en estos últimos tres años se está implementando progresivamente la regulación universitaria en el Perú con los aprendizajes y lecciones que se van obteniendo en la práctica misma, para que finalmente todo el sector llegue a equilibrios de acceso y calidad razonables, que contribuyan a brindar mejores oportunidades a las familias peruanas e impulsen el desarrollo del país (SUNEDU, 2017).
La necesidad de una regulación eficiente en el mercado de educación superior ya había sido propuesta desde el Consejo Nacional de Educación desde por lo menos el 2008 (CNE, 2008). Sin embargo, en retrospectiva podemos decir que tomó más de un lustro cuajar el principio de autonomía con regulación universitaria y lograr una reforma legislativa en dicho sentido. La Ley Universitaria del 2014 y la Ley de Institutos del 2016 son productos de este nuevo sentido común compartido por la gran mayoría de peruanos.
El hecho, es que todos nuestros jóvenes merecen una educación de calidad razonable por lo que el proceso de licenciamiento, acreditación y difusión de información como con el portal “Ponte en Carrera” son imprescindibles. La idea de generar información sobre la empleabilidad real de los egresados por carrera e institución tomó también muchos años para convertirse en realidad. Las restricciones en este caso, más que legislativas, eran de coordinación entre diversas instancias públicas como los Ministerios de Trabajo y Educación, SUNAT e IPAE.
En vista de todo lo avanzado (con sus marchas y contramarchas propias de un sector con múltiples y complejos actores), que la brecha entre la educación superior y el empleo sigue siendo persistente, y que debemos reducirla con mayor celeridad, resulta propicio establecer una política integral de educación superior de largo plazo. La Comisión de Educación Superior del CNE se encuentra formulando una propuesta de política integral de desarrollo de la educación superior con una visión de veinte años, para que nos terminemos de enrumbar, con mayores niveles de acceso y mucha mayor calidad, al desarrollo de capital humano de alto nivel que alimente lo que será el nuevo “Proyecto Educativo Nacional al 2036”. El momento es ahora.
Lima, 29 de mayo de 2018
Referencias
Banco Mundial (2017) Momento decisivo: La educación superior en América Latina y el Caribe. Direcciones en Desarrollo. Grupo Banco Mundial.
Burga M. (2005) ¿Nueva reforma universitaria o nuevo modelo de universidad? Universidad Pública: financiamiento, calidad y gobierno eficiente. En: Burga, M., Zegarra, O., Lerner S. (2005) Temas de reflexión en torno a la universidad peruana. Conversatorio “Por una nueva reforma universitaria”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Consejo Nacional de Educación (2008). Urge nueva ley de Educación Superior. Boletín CNE Opina Número 11.
Cuenca, R. (2015). La educación universitaria en el Perú, Democracia, expansión y desigualdades. Serie Estudios sobre Desigualdad, 10. Instituto de Estudios Peruanos.
Lavado, P., Yamada, G. y Martínez J. (2014). ¿Una promesa incumplida? La calidad de la educación superior universitaria y el subempleo profesional en el Perú. Documento de Trabajo 2014-021. Banco Central de Reserva del Perú.
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, (2017). Sunedu resalta compromiso de universidad con la reforma universitaria. En: https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-resalta-compromiso-de-universidades-con-la-reforma-universitaria/
Yamada, G., y Castro, J. (2013). Calidad y acreditación de la educación superior: retos urgentes para el Perú. Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico.
Yamada G., y Oviedo N. (2016) Financiamiento de Largo Plazo para la educación superior en el Perú: el reciente caso de Crédito 18. Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Serie Estudios Breves Número 9.
Yamada G., y Lavado P. (2018) Educación superior y empleo en el Perú: una brecha persistente. Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico.
