EDITORIAL
El presidente Vizcarra ha dicho, en su mensaje de 28 de julio, menos de lo que esperábamos oír en materia de educación, pero bastante más de lo que suponíamos en relación a la crisis institucional que vive el país. Una situación muy grave a cuya solución la educación tiene, sin duda, mucho que aportar. Ha sido enfático en señalar que la crisis llegó a un punto de quiebre, que no admite disimulos, y que está decidido a liderar un cambio.
Si asumimos que nuestra débil institucionalidad democrática es también un resultado de la frágil conciencia ciudadana que nos ha legado la educación pública a lo largo de todo el periodo republicano, nos daremos cuenta que el sistema educativo que tenemos es parte del problema. Quién podría discutir el hecho de que los altos funcionarios implicados en redes de corrupción en los últimos veinte años, para no ir más atrás, son personas con educación superior y, al mismo tiempo, con una borrosa o inexistente noción de patria.
El presidente Vizcarra ha dicho que la educación nacional tiene una deuda de calidad con el país y que debe pagarla formando en valores y desarrollando el pensamiento crítico de las jóvenes generaciones. Esto cobra aún más sentido cuando afirma, a continuación, que la educación debe aportar a la consolidación de una sociedad pacífica y democrática, libre de violencia y discriminación. En efecto, una sociedad dividida y excluyente, como la que somos ahora, no luce como una sociedad democrática, pero puede aprender a serlo si las escuelas asumen seriamente su responsabilidad de formar ciudadanos.
No parecen ser solo palabras. El presidente ha anunciado, además, una política nacional de igualdad de género, que combata el machismo y la discriminación contra las mujeres; un proyecto de ley contra el racismo y toda forma de discriminación étnico racial; y un plan de convivencia escolar que prevenga la violencia contra niños y adolescentes. Si estos anuncios se traducen en políticas efectivas, algo significativo empezará a cambiar en la educación nacional.
El presidente ha dicho también que, en este contexto, la calidad profesional de los docentes es imprescindible. Ciertamente, una docencia de calidad supone una formación inicial de excelencia y una política de formación a docentes en ejercicio que se enfoque en la mejora progresiva y verificable de sus prácticas. Supone una carrera pública meritocrática, atractiva, con una base remunerativa justa y diferencias significativas entre sus escalas. Supone una política de evaluación cuyos resultados nutran las prioridades de su desarrollo profesional. Supone una política de bienestar que asegure condiciones y beneficios relevantes a quienes trabajan en las circunstancias más difíciles, así como un decidido reconocimiento social a los que mejor se desempeñan.
Una docencia de calidad supone, en suma, una política docente coherente, unificada, cuyas medidas se complementen alrededor de un mismo propósito. Avanzar en esa dirección, sin embargo, supondrá romper viejos hábitos en el campo del diseño y la gestión de las políticas del sector, tan proclive a la fragmentación y dispersión de medidas.
El presidente Vizcarra ha reiterado también su compromiso con un Estado descentralizado y, precisamente, el fortalecimiento de la descentralización educativa es una de las condiciones indispensables para avanzar hacia una mejora de la calidad. Una mejora que se traduzca no solo en mayores puntajes en las pruebas de lectura y matemática, sino también en mayores competencias ciudadanas.
En esa perspectiva, acelerar, incrementar y facilitar las transferencias presupuestales en diálogo directo con gobernadores y alcaldes, o fortalecer los Comités de Coordinación Regional y Local, como se ha anunciado, es necesario, pero no alcanza. El presidente ha dicho que queremos pasar de una visión administrativa y sectorializada de las políticas, hacia una de desarrollo territorial. Ese es, precisamente, el reto mayor: repensar las políticas educativas desde el territorio.
Por último, el presidente Vizcarra ha señalado en su discurso que dará continuidad a la reforma universitaria, culminando los procesos de licenciamiento de todas las universidades el 2019. Dijo que esto demuestra cómo la rectoría del ministerio de educación no está reñida con la autonomía universitaria, en el objetivo común de mejorar calidad. Esta ratificación del compromiso público del Ejecutivo con la reforma era muy necesario, aunque deberá prepararse para navegarse en aguas turbulentas, en medio de intereses muy poderosos soplando en contra.
Sabemos que del dicho al hecho, el trecho puede ser muy largo y a veces extraviar su destino. Pero le corresponde al Ministerio de Educación coger el guante y reenfocar los énfasis y la direccionalidad de sus políticas hacia el horizonte que ha trazado el presidente. Hacer esto viable es responsabilidad de todos, como también encender las sirenas cuando el barco intente cambiar de rumbo.
Lima, 3 de agosto de 2018
