Ricardo Cuenca
El 10 de junio, el Ministerio de Educación presentó el documento “Lineamientos de Política para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior Universitaria: aportes y recomendaciones”. El documento es expresión de una buena práctica de gestión que consiste en formar comisiones ad hoc, compuestas por profesionales externos a los ministerios, para ayudar al Estado a diseñar políticas públicas.
En particular, estos lineamientos son de la mayor importancia en la consolidación de la reforma de la educación superior en el país. Su presentación no solo es un procedimiento formal de cumplimiento de la ley; es, sobre todo, la evidencia que el Estado lidera la búsqueda de calidad del servicio educativo.
He sostenido desde el inicio del debate sobre la ley universitaria, la necesidad de comprender la calidad en el marco de un sistema de aseguramiento; especialmente si como en el caso peruano estamos frente a un sistema universitario masificado. El sistema de aseguramiento de calidad (SAC) debiera ser una estrategia que funcione de manera integrada y que se convierta en la principal herramienta del Estado para garantizar calidad y resguardar posibles inequidades. En experiencias nacionales e internacionales anteriores, en donde criterios, mecanismos e instituciones, asociados a la calidad, se mantuvieron inconexos, no fue posible conseguir los resultados esperados.
En este sentido, las principales características de los lineamientos propuestos carecen de una clara orientación hacia la construcción de un sistema. Son dos las ausencias estructurales principales.
Los lineamientos se concentran en las instituciones y no en el sistema
De los 17 lineamientos presentados, solo 7 están claramente dirigidos a estructurar un sistema. Los restantes 10 se distribuyen en indicaciones (que son o no susceptibles de ser atendidas por las universidades) y las tareas asignadas a Sunedu y la futura instancia responsable de la acreditación.
Los lineamientos no contemplan indicadores propios de un sistema tales como políticas de acceso, políticas de racionalización de programas (según intereses superiores de desarrollo del país), políticas de evaluación de la calidad de aprendizajes del sistema y/o políticas de ingreso al mercado laboral (como salida del sistema).
Probablemente, esto ocurra porque el documento de lineamientos de calidad no se arriesga a presentar un concepto de calidad. Nos queda a los lectores imaginarnos qué calidad está detrás de las orientaciones sobre las políticas de calidad.
Los lineamientos colocan es un mismo plano las dimensiones y los instrumentos del sistema
Los SAC proponen redefinir los procesos de licenciamiento y acreditación y crear nuevos elementos como la auditoria académica. Por supuesto, estos tres procesos deben estar articulados entre sí y tener estructura que les permita actuar. En suma, los SAC se construyen sobre la base de 3 dimensiones: el licenciamiento, la acreditación y la auditoria académica
El licenciamiento es una renovada forma de ofrecer autorizaciones de funcionamiento basados en estándares mínimos de calidad. Esta licencia renovable, previa verificación de cumplimiento de mínimos exigibles de calidad, es el primer control de calidad que ofrece el Estado sobre la oferta universitaria y es un mecanismo de protección a los estudiantes (familias), así como de legitimidad de las instituciones.
En los SAC, la acreditación regresa a sus orígenes. Vuelve a ser voluntaria y muestra los distintos niveles distintos de calidad alcanzados por las instituciones y los programas sobre la base de estándares de procesos y, en alguna medida, de resultados. Como resultado de autoevaluaciones y evaluaciones externas, la acreditación se vuelve una garantía pública de los niveles de calidad de la oferta.
La auditoría académica es el tercer elemento de los SAC y está orientado al examen que las instituciones se realizan para confrontarse a los indicadores máximos aspirables de calidad. Estos indicadores de alta excelencia son provistos por el Estado, en función a las necesidades del país propuestas en políticas públicas.
Para echar a andar el SAC, el Estado debe desarrollar un conjunto de instrumentos tales como sistemas de información, fondos concursables, esquemas de beneficios tributarios, plataformas legales, etc. Estos instrumentos deberían estar al servicio del sistema y su preparación no debiera distraernos de la tarea principal que es diseñar el sistema de aseguramiento de calidad. La oferta de información y la entrega de incentivos son presentadas como dimensiones del SAC porque se asumen como procesos racionales que estimulan la calidad.
Algunos asuntos puntales que requieren una revisión
Renovar las cifras presentadas en el diagnóstico. Según los datos recientes de la ENAHO (2012) la cobertura universitaria alcanza el 30%. El dato del 2003 presentado no hace justo honor a la masificación del sistema educativo universitario.
Incluir en el diagnóstico inicial asuntos relacionados con la equidad. Los consensos sobre la definición de calidad la conciben asociada a un servicio educativo sin segmentación. Al observar la matrícula por quintiles de ingreso, solo el 10% de la matricula pertenece a los quintiles 1 y 2 (los más pobres) y alrededor del 27% de la matrícula universitaria está concentrada en dos universidades que no registran ningún indicador público de calidad.
En respeto a la ley, sugiero incluir los fines de la universidad consignados en el artículo 6 y evitar nueva creaciones o interpretaciones, pues esto debilita la ley vigente.
La clasificación de universidades propuesta no se ajusta a las clasificaciones internacionales (además de no alinearse con la ley universitaria). Una mirada a las propuestas del Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe de la UNESCO (IESALC) podría dar algunas luces para formular, de ser necesario y determinante para las políticas de calidad, una nueva clasificación de universidades que se ajusten a la ley y a nuestra realidad.
Bonus track
Existe bibliografía reciente especializada que sería importante de revisar para fortalecer el documento. Algunas de ellas son:
Brunner, J.J. y Villalobo, C. (Eds.). Políticas de Educación Superior en Iberoamérica, 2009-2013. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales.
Castro, J.F. y Yamada, G. (2013). Evolución reciente de la calidad de la educación superior en el Perú: no son buenas noticias. En, G. Yamada y J. F. Castro, Eds., Calidad y acreditación de la educación superior: retos urgentes para el Perú. Lima: Universidad del Pacífico y Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.
Gautier, E. (2012). Masificación y calidad de la educación superior. En, R. Cuenca (Ed.), Educación superior, movilidad social e identidad. Lima: IEP. pp. 15-47.
Gazzola, A.L. (2008). Hacia una Política Regional de aseguramiento de la Calidad en Educación Superior para América Latina y el Caribe. Caracas: UNESCO-IESALC
Lemaitre, M.J. y Mena, R. (2012). Aseguramiento de la calidad en América Latina: tendencias y desafíos. En, M.J., Lemaitre y M. Zenteno Eds., Aseguramiento de la calidad en Iberoamérica Educación Superior. Informe 2012. Santiago de Chile: Centro Interuniversitario de Desarrollo – Universia.
