Iván Montes Iturrizaga | EDUCACCIÓN
La Ley de Promoción de la Inversión en Educación, el controvertido Decreto Legislativo 882 del año 1996, trajo consigo un influjo importante para la creación de nuevas universidades privadas. Un año antes, ya había surgido en escena el Consejo Nacional de Autorización y Funcionamiento de Universidades (CONAFU) quien tuvo la misión de evaluar los nuevos proyectos y otorgar las licencias respectivas.
Bajo este contexto, los promotores tenían que cumplir una serie de condiciones de calidad para poder recibir la tan ansiada Licencia Provisional de Funcionamiento; condición necesaria para convocar al primer examen de admisión, contratar a sus docentes y obtener un RUC de funcionamiento como institución universitaria, entre otras prerrogativas. En esta misma línea, la Licencia Definitiva se obtenía solo después de haber superado con éxito 5 evaluaciones de periodicidad anual. Cabe anotar que este proceso tardaba en promedio unos 7 u 8 años. Luego, las universidades recién pasaban a formar parte de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) quienes a su vez consagraban una especie de autorización perpetua sin criterio de calidad alguno. Tampoco es novedad de que esta instancia gubernamental distó de ser un ente rector, regulador y promotor de buenas prácticas.
Recordemos que antes las universidades se creaban por Ley y que toda la oferta privada correspondía a universidades asociativas. De esta manera, desde el Decreto Legislativo 882 se introduce la figura del lucro y esto generó un creciente número de universidades societarias (especialmente sociedades anónimas cerradas). Se crearon así decenas de universidades privadas (y algunas públicas) en todo el territorio peruano a un ritmo desmesurado.
En este caso, la cuota de seriedad estuvo – mayormente- marcada por un puñado de nuevas universidades de naturaleza asociativa promovidas por congregaciones católicas y un grupo de instituciones animadas por el lucro que si supieron dar la talla. Sin embargo, gran parte de las universidades privadas societarias (con fines de lucro) que recibieron una Licencia Provisional del CONAFU han sido desde sus inicios cuestionadas por sus escasas muestras de racionalidad académica.
Quizá, uno de los problemas fueron los laxos criterios con los cuales el CONAFU decidía una licencia. A esto se suma que para ser miembro de las comisiones de evaluación uno tenía que haber sido rector o autoridad universitaria, como si esto fuera un indicador de que se dominaba lo que es realmente la evaluación externa. Si a esto le añadimos que muchos de sus funcionarios que cumplían estas tareas eran ex autoridades universitarias muy cuestionadas, podríamos suponer la razón por la cual se crearon instituciones de garaje en el Perú.
Estas universidades ampliamente criticadas constituían muy buenos negocios para sus dueños; quienes con una mediocre gestión se abocaron a crear filiales, sedes y oficinas de enlace con la pretensión de incrementar sus ganancias, así tengan que jugar con las aspiraciones de la juventud. Claro está que si bien los precios eran populares –por decirlo de alguna manera– la calidad recibida era casi nula y esas certificaciones hasta el día de hoy reciben una bajísima valoración por parte del mundo del trabajo. Merece una mención especial el hecho de que algunas de estas universidades fueron fundadas con dinero de dudosa procedencia (lavado de activos). Otras, se convirtieron en especies de financieras para solventar las campañas electorales de sus peculiares propietarios. En otros casos, y si bien no hubo intención inicial de dolo, la buena intención fue suficiente; pues el desconocimiento, la ausencia de referentes académicos respetables y la incapacidad para atraer talentos configuró universidades que nunca debieron recibir licencia alguna.
El problema que aquí queremos relevar es que muchas de las universidades que se crearon al amparo del mencionado decreto legislativo, improvisaron docentes, no hacían investigación, carecían de infraestructura adecuada, no reinvertían en mejoras significativas y se centraron en ser literalmente fábricas de títulos. Como prueba de esto basta solo revisar, a manera de indicador, que muchas de estas seudo universidades con licencia del CONAFU tenía cero publicaciones científicas en revista indexadas.
Los mejores tiempos vinieron con nueva Ley Universitaria del año 2014 que creó la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU). Este nuevo texto legal exigió a todas las universidades que atraviesen por un proceso de Licenciamiento Institucional. Además, esta Ley contempla que aquellas universidades que no consigan este estatus tendrán que cerrar sus operaciones en lapso de dos años.
Aquí tenemos que atender a que la mayor parte de las universidades que tendrán que extinguirse han sido precisamente creadas bajo el funcionamiento del CONAFU. Esto, a pesar de que han tenido varios años para alinearse a las Condiciones Básica de Calidad y a los mandatos de la Ley Universitaria. Quizá se subestimó el alcance de la Ley y de la SUNEDU. O tal vez se pensó que el poder político que ostentaban sus promotores de les iba ayudar como en el pasado. También es probable que algunos dueños creyeron que el llenarse de estudiantes les podría defender, a manera de escudo social, del cierre.
Así, quedó demostrado que el mercado no es un buen regulador de la calidad universitaria y que, sin legalidad plena, control y supervisión nunca íbamos a salir del atraso académico. También hay constancia de que los dueños de estas universidades no se dejaron guiar por las recomendaciones de los funcionarios de la SUNEDU. En síntesis, esta nueva Ley ha traído consigo mejoras trascendentales en nuestro sistema universitario.
Reflexión final
La inversión privada en educación universitaria y el lucro son legítimas siempre y cuando sean compatibles con el cumplimiento de estándares exigentes. Pero, lamentablemente, el CONAFU otorgó decenas de licencias a universidades que no lo merecían; y en donde las buenas que nacieron en este marco lo han sido por vocación responsable de sus promotores y no por ellos.
Es innegable que la Ley Universitaria merece ser optimizada en algunos aspectos a fin de que se ajuste a las tendencias actuales. En especial, este marco legal precisaría (entre otras cosas) el contemplar la existencia de diversos tipos de universidad y no solo la universidad investigadora como paradigma. Por su parte, mucho ayudará a la SUNEDU luego de esta crucial etapa bajo el liderazgo del Dr. Martín Benavides como Superintendente, el mejorar sus procesos, normas y actuaciones a la luz de toda esta experiencia acumulada.
Ante lo expuesto, y a manera de cierre, cabría preguntarnos: ¿quién es el verdadero culpable del cierre de universidades precarias en el Perú?, ¿no serán sus propios dueños que, a pesar de contar con varios años desde que se promulgó la Ley, no supieron qué hacer para gestar una oferta académica aceptable?, ¿podríamos más bien reclamar a las universidades que cerrarán por no poder cumplir los estándares, en lugar de responsabilizar a la SUNEDU?, ¿debemos de consentir como sociedad a estas universidades que en su ADN fundacional estaba inscrito el burlarse de la fe pública?
Lima, 9 de marzo de 2020
