Edición 88

Concurso Nacional de Lectura: ¿Competición o competencias para todos?

Los concursos nacionales no pueden convertirse en una política de Estado pues solo se enfoca en los mejores

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“La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica” (Art. 3º de la Ley General de Educación).

Hay varios tipos de concursos de lectura. Unos que miden la velocidad lectora en base a la cantidad de palabras leídas por minuto. Otros que usan como criterios la pronunciación, dicción y fluidez en una lectura oral. También hay aquellos que promueven la memorización de lo leído.

Ninguno de ellos desarrolla la comprensión lectora. Se puede leer un texto a mil palabras por minuto y no entender ni una pizca. Por otro lado, el ritmo de la velocidad depende de la complejidad de cada texto. La velocidad no es la misma cuando uno está frente a un texto sobre mecánica cuántica o sobre el ser y el tiempo de Heidegger que cuando leemos un cuento de los Hermanos Grimm o la carta de un restaurante.

En un torneo sobre pronunciación y dicción, estamos más preocupados en pronunciar correctamente y con la entonación adecuada que en la comprensión de lo que se lee. Nos distraemos y ponemos las energías en algo distinto de lo que es la comprensión del significado de un texto. De hecho, entendemos mejor un texto cuando no nos exigen que lo oralicemos correctamente.

Las competiciones tipo “léete el texto y guarda tus cosas para que respondas el cuestionario de lectura” tampoco son una buena estrategia para desarrollar la comprensión lectora. Solo implican memorización y habilidades literales y deja de lado las habilidades inferenciales y críticas, relevantes para desarrollar la competencia lectora. De hecho, en la vida real, nadie nos está escondiendo el texto para que respondamos preguntas.

Digamos, entonces, que el anunciado concurso nacional de lectura no se relacione con ninguno de estos tipos y se enfoque más bien en la comprensión lectora. Si asumimos que es un evento a gran escala, seguro que se obtendrán datos como se hace con las evaluaciones nacionales: se medirán algunos desempeños de la competencia lectora con una prueba de preguntas cerradas o de opción múltiple. De hecho, en el 2012, hubo también un concurso nacional de comprensión lectora basado en este tipo de preguntas y dirigidos a estudiantes de segundo, tercero y cuarto de secundaria. Hasta allí, las similitudes: la forma de recojo de información de algunas habilidades lectoras.

Sin embargo, el objetivo de una evaluación nacional es conocer qué y cuánto han aprendido los estudiantes en determinados grados y competencias. Los resultados de estas pruebas ofrecen información confiable al sistema educativo (directores, docentes, especialistas, entre otros) para que se generen espacios de reflexión y acciones de mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes, en especial, de los que más lo necesitan.

En cambio, un concurso nacional de comprensión lectora tendría como meta identificar quiénes son los mejores lectores para premiarlos con un bono de 100 mil soles. No está demás decir que es muy posible que estos estudiantes sean los ubicados en el nivel satisfactorio, es decir, en el grupo de aquellos y aquellas estudiantes que ya tienen desarrolladas esas habilidades lectoras.  Esta COMPETICIÓN en busca del premio económico no contribuye a desarrollar la COMPETENCIA lectora y, mucho menos, en TODOS los estudiantes.  Solo alienta la marginación de los que menos saben, de aquellos que tienen dificultades en comprender lo que leen, pues lo más seguro es que no concursen, sea por decisión propia o porque la escuela no los deje participar y se dedique, más bien, a preparar a los mejores, considerando que hay otro puñado de miles de soles para la escuela premiada (“…para mejorar su infraestructura”: ¿eso no es un deber del Estado?).

Detrás de estos concursos se esconde, pues, una discriminación evidente y va contra todo propósito pedagógico, que es el de contribuir a desarrollar habilidades fundamentales en todos los estudiantes, especialmente en aquellos que pueden ir quedándose atrás.

Por otro lado, está la creencia de que la mejora de la comprensión lectora solo se basa en el esfuerzo, las ganas, el empeño y la voluntad. Que con un estímulo económico de por medio, los estudiantes ubicados en los niveles más elementales mágicamente van a dar un “salto cuántico” hacia los niveles superiores de comprensión lectora. Eso no va a pasar.

Para que las escuelas puedan contribuir al desarrollo de la competencia lectora de todos los estudiantes del país, sin competiciones de por medio, es necesario que el Ministerio de Educación, por ejemplo, promueva cambios en las prácticas pedagógicas de los docentes, es decir, procure descartar el énfasis en la oralización correcta de los textos, en la memorización sin sentido de los contenidos, en la mera decodificación de la lectura y en actividades literales y superficiales, y más bien, se promueva la comprensión inferencial y crítica de lo que se lee, se vincule la lectura con la comprensión de su significado frente a situaciones significativas, se proponga la lectura de diversos tipos, géneros y formatos textuales, entre otros y, por supuesto, canalizados a través de capacitaciones, talleres y materiales educativos en beneficio de TODOS los estudiantes y TODOS los docentes del país.

Los concursos nacionales de lectura o de cualquier otra área curricular o competencia (como también se piensa hacer en los próximos años) no puede convertirse en una política de Estado para desarrollar habilidades lectoras, matemáticas o científicas. No contribuye a incrementar el porcentaje de estudiantes en los niveles esperados o satisfactorios de las evaluaciones nacionales e internacionales, pues posiblemente sean solo ellos y ellas quienes concursen. Solo está dirigido a los mejores. Se trata de que TODOS y TODAS las estudiantes aprendan. Es un derecho que tiene todo niño, niña y adolescente a que desarrollen aprendizajes de calidad y es el Estado el que debe garantizar el “derecho a una educación integral y de calidad para todos…” (Ley General de Educación). La educación es, pues, un derecho de todos; no un premio para algunos.

Finalmente, ¿no es contraproducente ofrecer incentivos económicos a los estudiantes para que aprendan? ¿qué implicancias pueden tener en su formación como ciudadano o ciudadana? ¿Que con plata baila el mono?

Reflexionemos. No olvidemos que formamos personas. Los aprendizajes no se venden.

Lima, 20 de marzo de 2023

Fernando Llanos Masciotti
Consultor independiente en la didáctica de lectura, escritura y evaluación en la educación básica regular y educación superior. Ha sido especialista de Evaluación del área de Comunicación y Coordinador de Evaluación en Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de la UMC en el Ministerio de Educación. Fue profesor del área de Comunicación en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y es docente de Posgrado de la enseñanza de lectura y escritura en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.