Construyendo ciudadanía desde los actores en los territorios

Román Aller Zárate | EDUCACCIÓN

En el artículo de la edición anterior[1], señalaba que la emergencia sanitaria nos ha demostrado que hoy más que nunca se necesita presencia y cercanía del Estado con sus ciudadanos para que los servicios públicos se ofrezcan de forma pertinente a sus características territoriales. Señalaba, además, que ello es un llamado y oportunidad de hacer que la descentralización cumpla con transformar la distribución territorial del poder y convertirla en el vehículo para la democratización del Estado.

Esta recuperación del sentido de la descentralización implica la realización de arreglos institucionales desde el Estado, tanto a nivel de leyes, estructuras, funcionamiento, procesos administrativos y en la misma gestión, que permita su operación y el surgimiento de una nueva gobernanza. Ello brindaría condiciones adecuadas para que la provisión del servicio público pueda darse de manera articulada y complementaria entre los tres niveles de gobierno; y de manera intersectorial, además de institucionalizar los consensos y acuerdos con diferentes grupos de interés.

Aquí surge otra noción que el sentido descentralizador también propone: el involucramiento de la participación ciudadana en asuntos públicos, es decir, el ejercicio de una ciudadanía activa que se vincule a los diversos procesos de planificación y gestión para el desarrollo regional y local; y que asuma un rol de vigilancia a sus respectivas autoridades. Todo ello exige, cambios en el comportamiento de los individuos y puedan lograr la conformación de colectivos que busquen el reclamo de sus derechos e intereses, desarrollen capacidades que les permita participar en diferentes mecanismos ante el Estado y establezcan una relación de control responsable y exigencia de trasparencia a sus autoridades.

Si bien es cierto, en ambos aspectos hay un camino largo por recorrer, por un lado, respecto a los arreglos institucionales han habido avances de manera limitada, el proceso de descentralización se ha centrado en la transferencia de competencias y funciones, remarcando sobre todo desde lo técnico- normativo y administrativo; y, por otro lado, sobre el involucramiento ciudadano, se ha centrado su involucramiento en mecanismos de participación que no necesariamente responden a las propias dinámicas organizativas e intereses de las personas.

Sin embargo, a pesar de la precariedad institucional y de los cuestionamientos políticos de algunas autoridades regionales, se han dado también avances significativos en muchos gobiernos regionales, tal como nos muestran el Índice de Competitividad Regional (INCORE)[2]. Respecto al desarrollo económico y social o las diversas iniciativas que desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), nos mostraron hace unos años 46 experiencias de éxito de la gestión pública regional[3]: en la articulación, en el ordenamiento territorial, medio ambiente, salud, nutrición y saneamiento, agua e infraestructura de riego, desarrollo económico y en diálogo y participación y educación.

Precisamente, de estas experiencias, una que destacó fue la de educación y hoy, ante la emergencia sanitaria, ha vuelto a recuperar la real dimensión que le corresponde para el desarrollo del país y como un derecho para todas y todos. Está en la agenda pública y desde el Estado se vienen haciendo todos los esfuerzos para que ejerza dicho derecho y se visibiliza el involucramiento no solo de los demás sectores del Estado, sino también y sobre todo de los diferentes actores presentes en los territorios.

Se debe mirar todas estas experiencias que, desde los actores locales y regionales, tanto autoridades y especialistas de las instancias de gestión educativa (DRE o DRE y UGEL), como los actores educativos desde las instituciones educativas, vienen cumpliendo un rol educativo sin precedentes. Seguramente se encontrarán algunos vacíos y algunas limitaciones, pero pueden servir de puente para afirmar muchas de las apuestas que se han venido postulando desde hace varios lustros: el relacionamiento con las familias, vinculación con los gobiernos locales, un trabajo más intersectorial, involucramiento del sector productivo, y sobre todo, colocar a los docentes en la primera línea y se les reconozca como expertos en el aseguramiento de los aprendizajes y líderes en el relacionamiento y referentes ciudadanos, tal como lo vienen mostrando a través de diversos espacios y redes de docentes.

También se debe mirar el involucramiento de los diversos actores regionales y locales del ámbito urbano, tanto como del ámbito andino amazónico, quienes desde sus propias características territoriales y entornos vienen adecuando con una variedad de estrategias. Muestras de ello pueden verse como ejemplos desde la Comunidad de Práctica de Gestión Educativa impulsada por la Dirección General de Gestión Descentralizada de Minedu, la Red Peruana de Gestores de la Educación- Edugestores y las mismas redes e iniciativas que se dan en los mismos territorios. A la vez, el involucramiento de los mismos actores jóvenes que vienen asumiendo labores de voluntariado en todo el país. Este debe ser un llamado no sólo a quienes cursan estudios de educación superior, sino también a los líderes sociales y comunales y demás actores que contribuyan a una mejor educación en el país.

Cabe señalar que estas respuestas ante la emergencia sanitaria, también cumplen una labor eminentemente educativa, nos da grandes aprendizajes, mostrando que la educación no solo le compete al sistema educativo sino también a la sociedad en su conjunto. Asimismo, nos da lecciones, al demostrar que las interrelaciones y la cohesión social se hacen desde la práctica y por ello la articulación intergubernamental e intersectorial deben ser permanente y el involucramiento de los actores del territorio debe ser sostenido. De esta manera, el hoy, la gestión de corto plazo, engrana con el mañana, es decir, con el largo plazo.

Todas estas lecciones, sobre todo el apostar por la gestión descentralizada desde los actores del territorio, coinciden y empalman con la reciente aprobación del Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena[4], la cual hace un llamado no sólo a cambios sustantivos en el sistema educativo, sino también hace un llamado a la actuación de los actores para contribuir en la construcción de una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la diversidad en sus diversas expresiones.

Lima, 10 de agosto de 2020