EDITORIAL

El representante de Unicef en el Perú, Javier Álvarez, ha expresado su preocupación por lo que haremos para revertir el problema revelado por la Evaluación Muestral de Estudiantes 2022. Esa evaluación constató que solo el 12,75% de estudiantes de segundo grado de secundaria tienen nivel satisfactorio en matemáticas y 19,1% en compresión lectora.

A pocos días del inicio del año escolar, ha planteado cuatro desafíos para afrontar esta situación: «asegurar la matrícula y permanencia en la escuela; incrementar el acceso a programas de recuperación de aprendizajes; garantizar que los docentes cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar su labor, y garantizar la salud y bienestar psicosocial de los educadores y de los niños, niñas y adolescentes».

Hace bien el representante de Unicef en traer a colación los resultados de la evaluación muestral, porque si le tomamos la temperatura al paciente no es solo para saber cuánto tiene de fiebre, sino para hacer algo en beneficio de su salud. Ya sabemos el tamaño de la brecha de aprendizajes, lo que toca a continuación es decidir qué hacemos.

Los cuatro objetivos que propone son muy pertinentes. Ahora bien, hacerlos viables supone identificar si hay o no condiciones favorables para avanzar en esas cuatro direcciones, pues sabemos no bastan los buenos deseos para cambiar realidades.

En primer lugar, asegurar la matrícula de toda la población en edad escolar supondría averiguar cuánta merma venimos arrastrando desde el reinicio de la presencialidad y a qué se debe, para saber dónde están los problemas en cada territorio del país y evaluar lo que se tiene que hacer para recuperar a los que se fueron. ¿Estamos haciendo eso?

En segundo lugar, fortalecer los programas de recuperación de aprendizajes supondría tener una mapa muy objetivo y preciso, escuela por escuela, del nivel en el que se encuentran los estudiantes en sus competencias básicas. Eso requiere una cabal comprensión de las competencias y de la forma de evaluarlas. Todas las evidencias señalan que los docentes tienen serias debilidades en los dos ámbitos. ¿Hemos pensado cómo revertirlo?

En tercer lugar, asegurar que los maestros tengan las herramientas que necesitan para hacer bien lo anterior supondría averiguar qué están haciendo con las que ya tienen, porque todos los años se dota de materiales a las escuelas públicas. El informe del Monitoreo de Prácticas Escolares que difundió el Minedu el año pasado ha constatado serias debilidades pedagógicas en la gran mayoría de aulas visitadas. ¿Se adoptarán medidas de carácter general o se atenderán las necesidades identificadas en cada institución y territorio?

En cuarto lugar, garantizar la salud y bienestar psicosocial de los estudiantes es un objetivo que las escuelas nunca consideraron suyo. Hasta hoy, todo lo que concierne al ámbito socioemocional de los alumnos se deriva al tutor, lo que en buena cuenta supone dedicarle una hora a la semana. El desarrollo personal forma parte del currículo, pero es muy extendida la creencia que al docente solo le corresponde enseñar, como si aprender fuese un fenómeno que concierne solo al cerebro y no a las emociones. ¿Cuánto hemos avanzado en esto?

La idea de política pública que tradicionalmente se ha manejado en el sector educación ha tenido un fuerte sello normativo, pues siempre se pensó que la función del Estado era básicamente esa y que bastaba una norma para que todo el sistema haga lo que se le ordena y lo haga bien. Lamentablemente, las políticas necesitan también y sobre todo trabajar para crear las condiciones que los cambios requieren: convencer a las personas que deberán impulsarlos de los nuevos roles que deberían asumir, prepararlas convenientemente y darles todas las facilidades necesarias.

Naciones Unidas ha sugerido cuatro objetivos importantes. Lo que nos toca ahora es poner la mirada en lo que estamos haciendo para resolver los problemas que no nos permitirán lograrlos.

Lima, 25 de febrero de 2024
Comité Editorial