Patricia Correa Arangoitia
Avanzado hacia una gestión descentralizada en el Perú
El estado de emergencia, establecido en la constitución, se ha convertido en una situación muy familiar para los peruanos y peruanas, ya sea por razones de perturbación de la paz o el orden interno como lo fue en los 80 y 90, con la violencia desatada en el país. En lo que va de este siglo no han sido pocos. Islay es un ejemplo reciente. Otra razón que lleva a tal declaratoria se da por razones de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, en ambos casos en situaciones especialísimas, con plazos determinados, ya que son estados de excepción.
En las situaciones de desastre naturales producto de los fenómenos climatológicos o no, nos enrostra un tema crítico de inoperancia del Estado, ya que no es posible declarar todos los años estado de emergencia en las mismas zonas y por las mismas causas.
Tal es el caso de Loreto, que en esta época del año enfrenta situaciones predecibles de inundación, producto de la subida del nivel del río. En lo que va de este año son 575 escuelas afectadas por las inundaciones, que no pueden acoger a los estudiantes y docentes, es decir no se están brindando los servicios básicos, debido a la ausencia de estrategias de prevención y manejo de desastres, convirtiéndose un año más en una situación inmanejable.
También es el caso de Puno, por las heladas o el friaje, cuyas bajas temperaturas están cobrando vidas humanas. En lo que va del año se han registrado 18 muertes, la mayoría niños y niñas de las zonas rurales de esta región, y donde nuevamente el servicio educativo se pone en riesgo.
Similar es el caso de Chosica, que hace un par de meses sufrió un desorden territorial a consecuencia de la caída de huaycos, generándose situaciones de desastre.
Estos tres ejemplos, de muchos existentes en el país y que nos enrostran la precariedad de nuestro sistema de planificación y atención a emergencias, no se dan de manera excepcional. Son situaciones que por las condiciones climatológicas, completamente predecibles, siendo posible aminorar los efectos de los mismos en todo el territorio nacional.
Por lo tanto, es necesario preguntarse: ¿es posible desde el Estado organizarnos para reducir los riesgos de posibles amenazas climatológicas? ¿Es posible organizar con prevención los servicios públicos, como el servicio educativo? La educación, en todos los casos, siempre es lo primero que se afecta, ya sea porque los estudiantes, las familias y sus viviendas son directamente afectadas, o porque la escuelas, como es el caso de Loreto también, terminan perjudicadas. En esas condiciones se hace imposible su uso durante la emergencia y post emergencia, pues los sistemas de refacción o reconstrucción son procesos igual de complejos.
Siendo el Perú, un país de ingresos medios, como suele denominarse, donde la inversión en educación se ha incrementado de manera considerable, se requiere poner en evidencia el desarrollo de estrategias que permitan garantizar un servicio educativo real, efectivo y de calidad, de la mano con procesos de planificación. De otra manera seguiremos invirtiendo en un sistema educativo que por las características de un país territorialmente megadiverso y de climas diferenciados, se hace necesario desarrollar estrategias territoriales que garanticen un servicio educativo que el país y su futuro requieren.
Asimismo, el servicio educativo sin planificación territorial pone en riesgo el logro de sus objetivos y profundiza las brechas ya existentes entre quienes tienen acceso a servicios educativos en territorios menos adversos y manejables que en muchos casos suelen ser los territorios urbanos, respecto de los estudiantes que viven en zonas de mediana y alta complejidad territorial, teniendo todos el mismo derecho.
No será desde Lima que se garantice ese manejo territorial. Son las regiones las que deben organizar, planificar sus territorios y garantizar el servicio educativo, considerando las diferencias territoriales, climatológicas y de diversa índole.
Tal vez hoy no tengamos las capacidades suficientes para asumir este reto, pero debemos empezar a fortalecer las existentes y trabajar para desarrollarla con ese objetivo. Esta tarea es insustituible y supone un compromiso real del Estado, quien debe ir más allá de prestar asistencia a las emergencias y pasar a asumir un rol planificador, brindando apoyo técnico a los Gobiernos regionales y locales para desarrollar estas competencias.
La gestión “flat” de las políticas públicas tocó techo. Consideramos que ahora corresponde a los Gobernadores Regionales, liderar procesos como la redefinición pertinente del periodo escolar en algunos territorios. Es más que indispensable.
Esto sin duda trastoca la forma de manejo y de toma de decisiones de las políticas públicas, requiriendo un Gobierno Nacional más rector, ágil, con capacidad de brindar asistencia técnica y lineamentos para que, desde su diversidad, los Gobiernos Regionales puedan y deban gobernar de acuerdo a ley.
El derecho a la educación de todos los estudiantes en el país no solo se juega en más inversión sino en cómo esa inversión se ejecuta de manera pertinente, en el día a día.
No podemos aceptar como natural que los estudiantes pierdan clases por las inundaciones y otros fenómenos naturales que, por su poca prevención y manejo, hacen que perder uno o muchos días de clases sea tolerable y, como es evidente en la mayoría de los casos, irrecuperable. Los estados de emergencia no son ni deben ser procesos a los cuales tengamos que acostumbrarnos.
La descentralización abre la puerta para este manejo territorial sobre la base de una planificación y reorganización nacional del servicio educativo, que garantice el derecho a la educación de todos los niños y niñas de Loreto, Puno o Chosica y de todos las distritos, provincias y departamentos del Perú.
Lima, mayo 24 de 2015
