EDITORIAL
El ministro Daniel Alfaro ha presentado en el CADE 2018 las cuatro prioridades de su agenda educativa: aprendizajes a lo largo de la vida, desarrollo integral docente, infraestructura física e infraestructura emocional. La importancia de cada uno de estos cuatro temas es indiscutible. Sin embargo, ¿calzan estos énfasis con los que hizo el presidente Vizcarra en su discurso de 28 de julio?
Veámoslo así. Si asumimos que la crisis política desatada por los audios de la corrupción, más que una coyuntura pasajera es el síntoma grave de un problema estructural que arrastramos desde inicios de la República, la respuesta del Estado no puede ser coyuntural sino de fondo y a largo plazo. Luego del episodio de los Vladivideos y la oscura realidad que dejaron al descubierto, el país tiene ahora una segunda oportunidad para marcar con más energía que entonces, un antes y un después en la historia política del país. La pregunta es, ¿la educación no?
El presidente ha dicho en su mensaje por fiestas patrias que necesitamos hoy más que nunca una educación que forme ciudadanos críticos, capaces de construir una sociedad democrática, libre de violencia y discriminación. Si tenemos en cuenta que la formación ciudadana nunca ha sido un eje prioritario de las políticas dirigidas a mejorar y evaluar aprendizajes en la educación básica, ¿será que le llegó el turno al fin? En rigor, tendría que ser así. Lamentablemente, no figura en la agenda.
El ministro Alfaro ha señalado en el CADE que con la implementación del Currículo Nacional se busca que los estudiantes utilicen sus conocimientos en la vida cotidiana. Estamos plenamente de acuerdo y eso marca una clara distancia con la vieja concepción de una educación acumulativa, aplicable en el largo plazo, sin vigencia en la vida presente de niños, niñas y jóvenes. Esto quiere decir que, si la formación de ciudadanos es un objetivo del currículo, las habilidades que conciernen a esta formación deberían tener expresión práctica en las escuelas hoy. Más aún si ese objetivo fuera, como lo ha demandado el presidente, una efectiva prioridad en la agenda educativa.
No faltará quienes digan que todo eso está inmerso en la cuarta prioridad del ministro, la que está referida a la protección contra la violencia y la mejora de la convivencia escolar. Desdichadamente, no alcanza. La formación democrática no puede ser un implícito. Una escuela dotada de mecanismos que aseguren el respeto a la integridad física y moral de los estudiantes, no es necesariamente una escuela democrática. Y para educar en ciudadanía, la pizarra no sirve, la escuela misma necesita hacer de la democracia una experiencia diaria, una rutina, un hábito, una manera natural de ser.
Seamos claros. Si los estudiantes no experimentan en la vida cotidiana de la escuela el significado de la concertación y el acuerdo, el ejercicio de derechos, el respeto y la protección activa del derecho del otro, el sentido del bien común, la posibilidad de disentir sin descalificar ni agredir a sus interlocutores, el respeto por las diferencias, de género, cultura, religión, habilidad, edad o procedencia, jamás creerán en la democracia. Si no lo ven en el comportamiento de los adultos que son sus formadores, la democracia les parecerá una farsa.
Pese a todo, hay condiciones para avanzar en esa dirección. Por ejemplo, el ministro ha salido a defender con energía el enfoque de género en el currículo y se ha comprado el pleito contra toda forma de abuso sexual en las escuelas, destituyendo a 780 docentes y trabajadores administrativos acusados de violación en su mayoría. El respeto a la integridad y a las opiniones del otro, sin duda, es un principio básico de la democracia. Partamos de ahí. Aprender a ser ciudadano requiere una actitud inclusiva, respetuosa y abierta a las diferencias, tanto como el descarte de la agresión como un medio válido para lograr algo de los demás. Sabiendo que somos una sociedad profundamente discriminadora y que las escuelas no son inmunes a esa cultura, sabemos que construir una convivencia genuinamente democrática en las escuelas no será una tarea fácil, ni para los alumnos ni para los docentes, menos para los directores que deberán gestionar ese proceso.
Podemos seguir andando ese camino, pero llamemos a las cosas por su nombre y demos los pasos que faltan. Conductas irrespetuosas y agresivas con las diferencias de género, con las mujeres, con las personas que padecen alguna discapacidad, con quienes hablan lenguas diferentes a la nuestra o que han migrado a nuestro país en busca de refugio y ayuda, son inconcebibles en una democracia. Pero erradicarlas de la escuela no es algo que esté solo en la agenda de la no violencia, está fundamentalmente en la agenda de la formación ciudadana. Esa agenda es la que reclama prioridad hoy, pues hacerla explícita permitirá agregar las otras dimensiones de este desafío.
La promesa presidencial no debe ser recordada como un simple ejercicio retórico, sino como una decisión que rompe la inercia estatal y redefine la ruta de la educación. Es decir, la redirige hacia la democracia, un objetivo que no hemos sabido cumplir hasta hoy, casi 200 años después de la independencia nacional.
Comité Editorial
Lima, 10 de setiembre de 2018
