Manuel Iguiñiz[1] | FORO EDUCATIVO
En este artículo abordamos la emergencia de la educación peruana desde la perspectiva del cumplimiento del derecho la educación, y el fortalecimiento de la educación pública. Y reflexionamos sobre algunos de los desafíos de la política pública y la sociedad, de cara a la formulación de Plan de Emergencia del Sistema Educativo Peruano.
La pandemia como hecho social global y la educación
La emergencia actual tiene características muy diferentes, a la emergencia educativa del período 2003-2006. Este período estuvo focalizado en el impacto de los bajos rendimientos de aprendizaje, evidenciados a partir de la aplicación de pruebas nacionales e internacionales estandarizadas en comunicación y matemáticas.
En la situación actual, la educación en su conjunto: escolar, superior y extraescolar está inmersa en la situación que se deriva de la Declaración de Emergencia Nacional del 2020 y en la Emergencia Sanitaria para enfrentar la contención del COVID 19. Es una mega emergencia que moviliza a toda la sociedad. Como recordó Jorge Bruce (2021), siguiendo al sociólogo Marcel Mauss “estamos ante un hecho social global”; hecho que ponen en juego a la totalidad de la sociedad y sus instituciones. Ventura y otros (2020), analizando las configuraciones propias que adquirió la pandemia en los pueblos indígenas en Brasil, encuentran significativa esta caracterización sintética y global de Mauss. E indican: “se trata de fenómenos (…) simultáneamente, jurídicos, económicos, religiosos, e incluso estéticos. (…) En ella se manifiesta un amplio abanico de dimensiones (economía, religión, legislación, moralidad, estética, ciencia), en articulaciones altamente complejas.”. A esto, no es difícil agregar que son también fenómenos de naturaleza educativa.
Siendo la pandemia de carácter mundial y de larga duración, trastoca la vida cotidiana en muchas formas, con grados de afectación diferentes según nivel socioeconómico, condición de género, ámbito territorial o pertenencia étnico-cultural. Lo que podría calificarla como una afectación, catastrófica para la mayoría de la población, no sólo por sus efectos sanitarios, sino también porque amplía las desigualdades históricas y estructurales en nuestra sociedad. Enunciamos muy someramente algunas expresiones.
En primer lugar, destacan las condiciones adversas para la educación, producto de la mayor pobreza, inseguridad, violencia y ansiedad en el confinamiento, así como por la brecha digital existente. En esta misma dirección la Comisión internacional sobre los Futuros de la Educación (Comisión 2020: p.7), convocada por UNESCO, reflexiona con gran lucidez sobre la COVID-19 y la educación, señalando los riesgos para la educación pública:
Con la COVID-19, la educación pública ha entrado en una etapa peligrosa que conlleva riesgos de fragmentación y debilitamiento debidos a la posibilidad de perder tanto a docentes como alumnos que podrían no volver a las escuelas una vez que estas abran nuevamente sus puertas. Una cierta privatización tiene lugar cuando el aprendizaje se traslada de las escuelas al hogar. Debería preocuparnos el hecho de que ya se afirme que las actuales medidas de emergencia y ad hoc deberían transformarse en reformas duraderas.
En segundo lugar, también se abren oportunidades y nuevas prácticas, como dinamismos potentes de solidaridad, así como nuevos aprendizajes extra escolares en familia confinada, pero no aislada, sobre la COVID-19, las ciencias de la salud o la convivencia intergeneracional y de género. Asimismo, los medios de comunicación están más presentes y se abren más oportunidades habilitadoras, en particular, para los que tienen buen acceso a la expandida digitalización en algunas actividades. La Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, también destaca nuevas oportunidades. También reconoce un mayor aprecio de la labor de los docentes, su profesionalismo, y de la labor de las escuelas las que, junto con el aprendizaje, cumplen funciones en el bienestar socioemocional, así como en salud y nutrición. Para la Comisión, “Esta conciencia y aprecio reforzados pueden servir de base para un nuevo surgimiento de la educación pública.” (p.10)
Finalmente, también es importante destacar, que la actual crisis desatada por la pandemia nos está llevando a replantearnos los sentidos y las visiones sobre la sociedad y su relación con la naturaleza, así como las condiciones éticas de convivencia humana, lo que amplía a un nuevo debate social sobre estos temas.
Por lo señalado, es evidente la dimensión sustantivamente educativa de este proceso social global que conlleva un cuestionamiento del actual modelo dominante de sociedad, teniendo a la pandemia como principal eje movilizador, a nivel emocional, para la interculturalidad y como desafío cognitivo. Como nunca la sociedad educa y se puede decir en tensión con la deseducación del individualismo neoliberal y fundamentalismo pseudorreligioso. La producción de nuevas formas de convivencia, nuevos intercambios y temas de debate, son un acicate para la renovación, tanto de los sentidos de la educación, como de los contenidos educativos y sus orientaciones pedagógicas.
La educación en emergencia y la garantía del derecho a la educación
Todos los sujetos de la educación, la cultura, los deportes y otras actividades sociales presenciales son incorporados al confinamiento para contener los contagios. Correspondió al MINEDU, la más radical de las medidas: suspender las actividades presenciales y rápidamente emprender la educación a distancia para garantizar la continuidad en la provisión del servicio educativo formal, como bien público, que el Estado está en la obligación de proveer.
La política principal, asegurar la continuidad educativa y el reinicio de la educación presencial
La educación formal se adecuo prontamente con profusas acciones del MINEDU, DRE, UGEL, escuelas, estudiantes, docentes y padres. Al Estado en general y a la educación se le suspendió, en forma “temporal y excepcional”, de las reglas fiscales. La provisión de un servicio a distancia multiplataforma, con el programa Aprendo en Casa. Este ha sido el programa más importante para cumplir la política educativa principal de la continuidad educativa escolar el 2020 y lo sigue siendo en el segundo semestre del 2021.
En el 2020, en relación a este objetivo principal, se pueden identificar tres campos de políticas: i) Garantizar la continuidad en la educación escolar, principalmente en la modalidad a distancia. ii). Revaloración de la educación pública para garantizar el derecho a la educación y iii) El diseño de una política educativa global, en la aprobación del nuevo Proyecto Educativo Nacional al 2036, y en el diseño de propuestas de mediano plazo en educación, como parte del Pacto Perú propuesto por el Foro del Acuerdo Nacional, cuya aprobación no supero la crónica debilidad vinculante de los acuerdos nacionales.
Asimismo, es necesario señalar que la respuesta del MINEDU ha sido exclusivamente escolar, prescindiendo de la educación en diversas esferas y ámbitos sociales, las que adquirieron con la pandemia, un más destacado papel respecto de la escuela y su currículo.
Para el 2021 la política varia, pues manteniendo el objetivo de continuidad educativa y más allá de las iniciales experiencias semipresenciales en el área rural en el 2020, se incorpora plenamente el objetivo del retorno a la educación presencial. Se prepara el retorno en las áreas rurales y urbanas bajo la forma semi presencial.
La declaración de emergencia y el encargo de formular el Plan de emergencia educativa
Casi año y medio después de la Emergencia Nacional, el 19 de agosto, el nuevo Gobierno Nacional ha decidido declarar en emergencia del Sistema Educativo Peruano debido a los efectos negativos producidos en la educación. Estos como consecuencia del COVID 19 y las medidas sanitarias asociadas. La Declaratoria encarga al MINEDU la aprobación de un Plan de Emergencia (en adelante Plan) que precise las medidas y las metas a adoptar en un período muy estrecho, definido entre el segundo semestre del año 2021 y en el primer semestre del 2022. El que debería ampliarse el plazo a todo el 2022.
Sustento de la emergencia: garantizar el ejercicio del derecho a la educación
Las medidas de emergencia acentúan el escenario adverso para el derecho a la educación. Esta adversidad tiene dos expresiones: la más radical, la pérdida del acceso; y, la más masiva, la baja calidad de la formación integral y de los aprendizajes. En este contexto, la declaratoria de emergencia se sustenta en dos aspectos globales presentes en los considerandos del Decreto Supremo que declara la emergencia en educación:
- Primero, el Estado tiene que “garantizar el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad”.
- Segundo, partiendo de los efectos“negativos generados” por el COVID 19, se propone “Consolidar y lograr los aprendizajes”, atendiendo la situación emocional y el riesgo de abandono de estudios. Asimismo, asume la necesidad de fortalecer la labor docente y reducir la brecha de conectividad que limita el acceso la educación.
A partir de ello, la política educativa del gobierno pasa a tener en el Plan de emergencia buena parte de las políticas y medidas de corto plazo.
Objetivo del Plan de emergencia educativa
Siguiendo los motivos de la emergencia educativa el objetivo del Plan se centra en el más extendido problema educativo: la baja calidad de la educación. Se propone consolidar y lograr aprendizajes, atendiendo a la diversidad de los territorios, cerrando brechas y dando respuesta desde la educación a la emergencia sanitaria de la COVID-19 y evitando la regresión en el derecho a la formación integral.
Ejes para cumplir el objetivo
Se plantean 6 ejes:
- Recuperación y consolidación de aprendizajes y retorno a la presencialidad.
- Desarrollo profesional docente.
- Innovación tecnológica y competitividad educativa.
- Educación superior.
- Atención a poblaciones en mayores desventajas y
- Descentralización.
Desafíos del Plan de Emergencia del Sistema Educativo Peruano
En el corto plazo que tiene el MINEDU para la formulación del Plan, se presentan diversos desafíos de los cuales resaltamos los siguientes:
Articulación del Plan con las diferentes áreas y niveles de política, en el marco del Proyecto Educativo Nacional al 2036
Es necesario articular los ejes planteados con los avances previos de política de corto plazo como el BRAE 2020-2021 (RVM N° 245-2021- MINEDU), sustituyendo la entrega de “productos” por parte del MINEDU por la cooperación intergubernamental en una materia que es compartida. Asimismo, se cuenta con la orientación de Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad (RVM N° 211-2021-Minedu). Siendo sustantivos los 6 ejes, no agotan el corto plazo del MINEDU, en el cual también están otras medidas como, por ejemplo, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), los ascensos de nivel, los nombramientos de contratados o la producción de materiales educativos, entre otros. Es necesario, por tanto, articular el Plan con esas otras acciones, para que hagan sinergia.
Por otro lado, es indispensable, articular el Plan con las políticas de largo plazo, orientándose a resolver los problemas estructurales del sistema educativo. La Defensoría del Pueblo (2020) lo remarca.
La obligación del Estado peruano es garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades. En tiempos de pandemia ello exige la implementación de una estrategia de corto plazo para afrontar las dificultades inmediatas, en el marco de una estrategia de largo plazo que permita ir superando los problemas estructurales que por décadas han estado presentes en la educación nacional. Como hemos sido testigos, la pandemia ha generado –al igual que en salud– el aumento de las desigualdades que como sistema veníamos arrastrando.
El Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036 ya tiene vigencia legal, siendo necesario reforzar sus vínculos con la actual emergencia. Un nexo clave a resaltar es el de la revalorización de la educación pública, ligeramente puesta de manifiesto en el contexto de la pandemia. El PEN al 36 señala que es uno de los pivotes de la superación de la segregación educativa, en tanto uno de los grandes impulsores del cambio, es la educación estatal gratuita. (PEN al 2036: 27, 126, 146). A su vez, otro problema a enfrentar en esta articulación de políticas es que el MINEDU no tiene el Plan de Mediano Plazo (PESEM) actualizado que facilite la navegación ordenada desde lo más específico de la emergencia con metas y estrategias de más largo plazo enfrentando las estructuras reproductoras de desigualdades.
Conducción y gestión unificada y descentralizada de Plan
El encargo de formular el Plan plantea el asunto de quienes estarán involucrados para llevarlo a buen puerto. Estamos frente a la oportunidad de concretar la voluntad política nacional, asumiendo su carácter intersectorial e intergubernamental. Es necesario activar las instancias intergubernamentales e intersectoriales ya existentes. Con ello, conjugar la voluntad y el Plan Nacional y la diversificación de planes territoriales. La diversidad de los territorios nos muestra, que donde hay mayores exclusiones, se cuenta con menos capacidades y recursos para resolver las necesidades específicas para garantizar este derecho.
Asimismo, es necesario involucrar a los órganos de participación de las escuelas, los órganos del nivel local y del nivel regional, con los existentes en el nivel nacional como el “Directorio de Alta Dirección” con Gerentes de Desarrollo Social y Directores de Educación regionales.
Por otro lado, es necesario fortalecer la participación de la sociedad civil en la que existen multitud de organizaciones involucradas, así como instancias de coordinación con el Estado. Resulta de especial interés la coordinación con las organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Un total de 30 de estas organizaciones han solicitado conformar la “Comisión Especial Multipartidaria de Protección de la Infancia en el contexto de emergencia”. Esto con el fin de monitorear las políticas, programas y servicios destinados a la protección de sus derechos.[2] La comisión fiscalizará a los tres niveles de Gobierno en torno a las problemáticas de la infancia, los que se han agudizado en la actual crisis sanitaria. Finalmente, es indispensable fortalecer las alianzas en el Congreso de la República, pues algunas medidas importantes, como la recién mencionada, suponen su aprobación.
El retorno a las aulas y la recuperación y consolidación de los aprendizajes.
Si bien la principal política educativa consiste en asegurar la continuidad educativa, en las actuales circunstancias, también implica combinar tanto las mejoras en Aprendo en Casa y la ampliación de la conectividad, con el impulso de la imprescindible escuela presencial, partiendo de la expansión de la semipresencialidad. En este proceso es necesario recordar que la escuela no debe ser autónoma para el encerramiento social y autarquía sino, como bien se ha dicho, es un espacio que se abre al cruce de culturas de sus participantes. La escuela de alumnos diversos es democrática por no ser segregada en lo social y no ser mono cultural, sino de todas las sangres. La mezcla en la escuela, a decir de Dewey (2067:31) con estudiantes “de diferentes razas, religiones, costumbres crea para todos un ambiente nuevo y más amplio.” Por ello, es función suya “coordinar dentro de las disposiciones de cada individuo las diversas influencias de los diferentes ambientes sociales en que se introduce.”
En el segundo semestre del 2021, se impone expandir la escuela semipresencial. Si bien, en cifras actualizadas del MINEDU, a la última semana de agosto, se cuenta con 68,127 escuelas habilitadas en el área rural y también urbana, solo 5,683, (330 más que la semana anterior) ofrecen el servicio semipresencial. En esta expansión, requerirán una especial atención los colegios de dos y tres turnos, que acogen a una gran cantidad de alumnado en el mismo espacio escolar. Para ellos separar a los alumnos en pequeños grupos, con horarios diferentes, con distancia mínima, será más difícil respecto que las de un solo turno.
Respecto a la recuperación y consolidación de los aprendizajes, el proceso implica, en primer lugar, reconocer nuevos aprendizajes en el contexto de la pandemia, que nos acompañaran largamente en nuestras vidas, particularmente en la de los escolares. Aprendizajes en compresión de la realidad de la enfermedad y en cambiar formas de vida afirmado un nosotros en comunidad. Un ejemplo de esta nueva situación es la extensión de la atención del cuidado a toda la familia: niños niñas y adolescentes han entendido que cuidarse va junto a cuidar a los mayores. Asimismo, tienen ante sí que entre los mayores hay unos más vulnerables que otros. Por otro lado, el aprendizaje escolar vía remota ya está inserto en procesos de aprendizaje extraescolar o debe estarlo. Muchísimos, hemos aprendido y convivido en forma presencial y remota. Para los y las estudiantes “Aprendo en Casa” ha sido un motor para eso, desde las áreas pedagógicas. Este segundo año de educación remota plantea nuevas dificultades a la promoción asistida.
Así, en la recuperación y consolidación de los aprendizajes, es necesario darle la adecuada centralidad a las experiencias vividas e iniciales aprendizajes, no solo en el “contexto” de la pandemia sino sobre ella, así como también mantener formas de aprendizaje a distancia. En las diversas formas semipresenciales, en los grupos y los horarios posibles, podría ponerse la tarea de intercambiar cómo en cada área curricular se han puesto en diálogo los contenidos aprendidos en la experiencia en familia, en la comunidad y en los medios de comunicación, con los contenidos propuestos por el currículo, siendo clave el componente emocional y la escucha sobre la experiencia vivida. Bien decía J.A. Encinas (1932) “Las materias no deben ser reunidas para responder a una artificial división administrativa de la escuela: han de girar en torno de problemas relacionados con la vida social.” En la situación actual, el conocimiento del COVID-19, el cuidado, la vacunación, entre otros, son importantes movilizadores de la búsqueda de nuevos conocimientos y competencias. Si siempre una enfermedad exigió aprendizajes a las personas y la sociedad, sin lo cual perecería la especie, está pandemia por sus características lo exige sobre manera. Por ello, Elmer Huerta (El Comercio 05-09-2021) analiza con preocupación el porcentaje de sudamericanos, norteamericanos y peruanos que han decidido no vacunarse a pesar de tener la vacuna su disposición. Indica que el Perú tiene aún una baja cobertura de vacunación y además hay importantes desigualdades en la adopción de la vacuna por su población. También que el Minedu no solo debe garantizar una disposición de las vacunas, “sino que debe ya -y con carácter de urgencia- diseñar campañas educativas innovadoras que convenzan la población de que acepte las vacunas que se les ofrece. De otro modo, muy pronto habrá más vacunas que hombros en donde ponerlas.” En ello debe participar el sector educación con vigor y como parte de la emergencia y la revalorización de la educación como bien público.
El desafío del acceso
La problemática más grave, aunque no la más extendida, es la falta de acceso. La pandemia agudizo las dificultades de acceso al servicio educativo. Es urgente precisar el diagnóstico de los retiros y la exclusión (la mal llamada deserción) escolares para fijar las metas de la emergencia para los años 2021 y 2022.
Podemos identificar las siguientes situaciones de falta de acceso que es necesario atender: 1) Los déficits de cobertura que persistían con anterioridad a la pandemia. 2) Los procesos de retiro y exclusión en el 2020 y 2021 y 3) Los que han dejado la educación privada y deberán ser incorporados en la pública (fueron 110,000 el 2020 y podría ser más de 300,000 en el 2021). Asimismo, es necesario considerar a niños niñas y adolescentes en extra-edad, entre los 9 y 13 años (aproximadamente 125,000), que desde el 2012, por disposiciones reglamentarias, fueron excluidos de la EBA y solo pueden ingresar a la EBA al cumplir 14 años.
Profundizar la descentralización del sistema educativo
La emergencia educativa, se ha señalado, tiene políticas nacionales y desarrollos específicos en los territorios, tanto para atender las diversas características territoriales de género, e interculturalidad de la emergencia, como para realizar transformaciones sostenibles. El que esta estrategia acompañe la implementación del Plan tiene una importancia particular, ya que frecuentemente las emergencias tienden a reforzar al Estado Central, en desmedro de la toma de decisiones descentralizadas y cooperación.
En esa dirección es sustantiva la apuesta por la descentralización reiterada por el Presidente Pedro Castillo. Se ha dialogado con los gobierno regionales y locales y se han activado instancias de articulación intergubernamental. El presidente de la ANGR ha calificado la instalación del Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI) [3] como un paso importante hacia una real descentralización. Asimismo, se ha planteado trasferir a gobiernos regionales unidades ejecutoras de presupuesto que duplican funciones, haciéndose referencia en educación a los casos del PRONIED, del programa Cuna Más y su retorno a las UGEL.
En esta dirección, un desafío específico a resaltar, es la recentralización que se dio por las intervenciones pedagógicas que realiza el MINEDU en el ámbito de los gobiernos regionales. Por ejemplo, el MINEDU contrata directamente personal que trabaja en las regiones como en los casos de las escuelas de Jornada Escolar Completa, de la enseñanza de Inglés, en Educación Física, así como en Centros Rurales de Formación en Alternancia y en acompañamiento pedagógico.
Lima, 8 Septiembre de 2021
Referencias
Bruce, Jorge. Exhaustos. La Republica 19 de julio, 2021
Comisión internacional sobre los Futuros de la Educación. 2020. La educación en un mundo tras la COVID: nueve ideas para la acción pública. París, UNESCO
Defensoría del Pueblo.E Retos para mejorar la educación a distancia y cautelar el regreso gradual a las clases presenciales. Serie de Informes Especiales Nº 034-2020-DP
Dewey, John (1967). Democracia y educación. Buenos Aires: Losada
Encinas, J. A. (1932). Un ensayo de escuela nueva en el Perú´. Lima: Minerva
Huerta, Elmer . Brechas de vacunación en el Perú. El Comercio 05-09-2021
Iguiñiz, Manuel (2021). La educación pública y el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Tarea. N° 101. Lima
Perú (2020) Proyecto Educativo Nacional: el reto de la ciudadanía plena. Lima,
Ventura, Ricardo, Santos Ana Lucia Pontes Carlos E. A. Coimbra J. Un “hecho social total”:
COVID-19 y pueblos indígenas en Brasil. Revista Scielo Brasil. Caderrnos de Saúde Pública 36. 2020.
Notas
[1] Este texto retoma y desarrolla el artículo de Tarea Informa N°228.(31-08-2021)
[2] La moción fue sustentada por el congresista José Jeri, del Grupo Parlamentario Somos Perú-Partido Morado. Su conformación se aprobó por unanimidad (113 votos) el 1 se setiembre.
[3] El CCI creado por la LOPE (2007, Art. 19) y hasta ahora ignorado, agrupa a los tres niveles de gobierno, lo preside el Presidente del Consejo de ministros y sus acuerdos requieren consenso.
