Patricia Correa / EDUCACCIÓN
Según las normas, las políticas educativas en el Perú deben ser diseñadas y gestionadas como producto de una colaboración entre los distintos niveles de gobierno y respetando las diferencias existentes en un país tan diverso. Aunque esa no ha sido la práctica a lo largo de la historia republicana, en esa ruta se avanzó desde el 2011, después de poner fin a un equivocado “Plan piloto de Municipalización” que no tomaba en cuenta este enfoque, quedando en manos de un solo nivel de gobierno la gestión del servicio educativo.
Desde el 2011 en adelante se hicieron esfuerzos y diseñaron estrategias para avanzar en esa perspectiva. Se aprobaron lineamientos para regular la relación entre las instancias de gestión educativa de los tres niveles de gobierno, así como la matriz de gestión descentralizada que explicita los roles y responsabilidades de cada nivel. En esta ruta, la conformación e institucionalización de la Comisión Intergubernamental de Educación fue clave, tanto como el protagonismo del hoy presidente de la república Martín Vizcarra. Por entonces, era el Presidente Regional de Moquegua (2011–2014) e integrante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANR). La comisión se instaló en julio del 2012, presidida en su momento por Patricia Salas, y luego por Jaime Saavedra, ambos en la condición de Ministros de Educación.
Esta instancia de coordinación intergubernamental, conformada por todos los entonces presidentes regionales del país, alcaldes representantes de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y por la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), iniciaba una experiencia inédita. Representaba una clara expresión de la decisión política de generar condiciones favorables para avanzar de manera conjunta hacia una gestión educativa descentralizada, concertada entre los tres niveles de gobierno, alrededor de una agenda compartida que expresaba los intereses comunes, y en donde el Ministerio de Educación ejercía la rectoría.
Debemos resaltar que, el presidente Vizcarra, no gobernó “solo” la educación en Moquegua, sino que lo hizo de forma coordinada y articulada con el Ministerio de Educación, desde un espacio institucionalizado y a partir de una agenda compartida.
Precisamente, un ejemplo de ello fue la agenda de la Comisión Intergubernamental, que incluyó entre otros la política de desarrollo del currículo nacional, la política de infraestructura, el presupuesto del sector, y la política de desarrollo magisterial; comprometiéndose todos a hacer de las mismas decisiones, experiencias sostenidas y pertinentes a las particularidades de cada territorio.
El ahora Presidente Constitucional de la República y ex presidente de un gobierno regional, ha sido claro en su mensaje, y su experiencia en ambos niveles de gobierno es un excelente augurio para frenar los afanes centralistas y retomar los avances hacia una gestión verdaderamente descentralizada de los servicios educativos públicos. Para hacerlo, va a ser necesario conformar equipos no solamente solventes, sino también convencidos de que la educación es y debe ser siempre una tarea compartida por los tres niveles de gobierno.
Lamentablemente la actual gestión del Minedu ha dejado de lado estas estrategias, careciendo de mecanismos que garanticen un trabajo articulado, en primer lugar, dentro del propio Minedu y a la vez con los gobiernos regionales. Subsiste un divorcio institucional entre las distintas direcciones ministeriales, lo que no le permite ejercer rectoría de manera efectiva. Por todo ello, urge reactivar los instrumentos y mecanismos institucionales que permitan una gestión gubernamental más concertadora y articuladora. Se requiere, además, poner en valor las competencias de los gobiernos regionales y, por supuesto, un ministerio dispuesto a ejercer su rol de rectoría con una clara vocación descentralista, no controlista ni impositiva.
El actual Presidente de la República, sabe mejor que nadie sabe que no se puede manejar la política educativa ni resolver sus problemas, desde Lima. Recuperemos la apuesta por una corresponsabilidad entre el gobierno nacional y los regionales, complementando esfuerzos y frenando la tentación centralista, que nunca se doblega.
Lima, 26 de marzo de 2018
