EDITORIAL
Por tradición, los discursos presidenciales de 28 de julio están cargados de promesas. Sabemos perfectamente que, en el mundo político, las promesas tienen siempre un valor relativo. En realidad, nunca se sabe si representan solo un deseo, si se trata de un proyecto factible, si es una media verdad deliberada construida o si constituye, simplemente, un engaño.
No obstante, los discursos presidenciales de fiestas patrias suelen construirse en base a los objetivos y medidas más relevantes que cada ministerio quiere poner en la agenda grande. En principio, un presidente tendría que confiar en la veracidad y viabilidad de los anuncios que le alcanzan sus ministros, así como éstos en las propuestas de sus funcionarios. Lo cierto es que nunca se sabe.
Por ejemplo, periodistas de Convoca, un medio digital que se ha convertido en referente del periodismo de investigación en América Latina, analizaron 29 promesas formuladas por PPK el 28 de julio de 2015, en el discurso que inauguró su mandato. Ellos tenían seis categorías para establecer el nivel de cumplimiento: promesa cumplida, promesa cumplida pero, promesa cumplida parcialmente, promesa cumplida fuera del plazo, promesa engañosa y promesa incumplida. Hecha la investigación, llegaron a la conclusión de que el presidente, en su primera etapa de gestión, cumplió apenas 7 de las 29 promesas hechas a los peruanos.
No dudamos de las buenas intenciones del presidente Vizcarra. No obstante, es en extremo importante que los anuncios que se formulen este 28 de julio en materia de educación, estén completamente fuera del margen de error o, simplemente, del ingenio creativo de algún especialista en marketing político. Y aunque la temperatura política del país es la menos propicia para hacer reformas, la de la educación no puede tolerar nuevas interrupciones ni retrocesos.
La reforma docente, por ejemplo, debe retomarse con fuerza y traducirse en una política integral de desarrollo profesional que estimule y ayude a los maestros a avanzar hacia niveles superiores de desempeño y reconocimiento público. Urge en particular la reforma de la formación inicial, que por fortuna ha sido rescatada por el Ministerio de Educación y que aún sigue prisionera de una lógica escolarizada, así como la constitución de un sistema nacional de formación para docentes en ejercicio, genuinamente enfocado en la mejora de la práctica.
La implementación del nuevo currículo nacional debería contar de una vez con un plan basado en objetivos y metas enfocados en la práctica docente. Un plan que apunte a mejorar progresivamente las tres competencias pedagógicas básicas que establece el Marco de Buen Desempeño, a modificar el sistema y los hábitos de evaluación de aprendizajes, a multiplicar las buenas prácticas pedagógicas ya existentes y a fortalecer el liderazgo pedagógicos de los directores, dándole condiciones objetivas para ejercerlo. El fortalecimiento de las competencias ciudadanas de los estudiantes, además, debería ser el eje articulador de todos los esfuerzos, partiendo de la premisa que una democracia es una comunidad de iguales donde no cabe discriminación alguna, ni de género ni de ninguna otra naturaleza.
En ese propósito, necesitamos evitar la sobrecarga de iniciativas aisladas, cuyo volumen además vuelve difícil la implementación y que terminan compitiendo entre sí por atención, personal y recursos. Necesitamos recuperar el sentido de las prioridades, lo que supone concentrar recursos y esfuerzos en lo esencial. Así como la política docente debe asegurar una efectiva complementariedad entre la formación, la evaluación, el bienestar y la carrera pública, la política curricular debe articular la política docente, la de gestión escolar y la gestión descentralizada alrededor de un mismo objetivo, si es que aspiramos a impactar realmente en los aprendizajes.
En gestión educativa descentralizada, si el Presidente Martín Vizcarra tiene un compromiso real con la descentralización, no debe permitir que el gobierno nacional siga haciendo transferencias presupuestales a las regiones recién a finales de año y de manera desordenada, pues pone en riesgo intervenciones claves como la provisión de materiales educativos o el acompañamiento pedagógico a las escuelas en el 2019.
En el cuarto año de aprobación de la Ley Universitaria, la reforma de la educación superior es otra política que necesita mantenerse en la agenda de prioridades con renovado impulso. La Sunedu ha anunciado que las universidades que no presenten o desaprueben su Plan de Adecuación serán cerradas a fines del 2018, hecho que reavivará los ataques a la ley, y que requerirá firmeza del Ejecutivo en la defensa de la reforma, así como de los avances en la regulación.
En el campo de la educación tecnológica, necesitamos revertir el atraso en la implementación de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Sigue pendiente la creación de veintiséis Institutos de Excelencia (IDEX) y de las Escuelas Tecnológicas, que equiparen la educación técnica con la universitaria), una promesa formulada hace exactamente un año.
La democracia se basa en la confianza. Confianza en el respeto a las reglas de juego que nos obligan con el bien común. Confianza en la palabra de los gobernantes y en los compromisos que asumen con los ciudadanos. Necesitamos creer que en el mensaje presidencial de 28 de julio, las medidas en educación que sean anunciadas retomen y profundicen los cambios emprendidos en la última década y nos permitan recuperar el tiempo perdido.
Lima, 05 de julio de 2018
