Patricia Correa Arangoitia / EDUCACCIÓN
Arequipa y Loreto son dos gobiernos regionales que empezarán el año escolar ejerciendo una de sus competencias: definir su propio cronograma escolar, desde un enfoque territorial. Arequipa ha aprobado calendarios alternos para las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Castilla, La Unión y Caylloma en el año 2017. Es decir, la última semana de cada mes los estudiantes y docentes descansan. Asimismo, Loreto viene de una experiencia aplicada en el año 2017 en el que 44 colegios públicos del distrito de Fernando Lores, en Maynas, iniciaron clases el 21 de mayo y terminaron el 28 de febrero del 2018, iniciando y concluyendo las clases en fechas distintas a las del resto de la región y por tanto del país. Este año 2018, Loreto pasará de aplicar el Calendario Escolar Alterno en colegios focalizados en la UGEl Maynas a colegios focalizados en 7 de la 8 UGEL: Maynas, Loreto-Nauta, Requena, Ramón Castilla, Alto Amazonas, Datem del Marañón y Ucayali. Cada una de estas UGEL han focalizado escuelas en un solo Distrito.
Este es un ejemplo simple de cómo un gobierno regional, ejerciendo sus competencias de planificación y gestión, hace más pertinente el servicio educativo. En este caso, lo hace resolviendo varios temas a la vez, como el de asistencia de estudiantes y maestros, lo que permite darle al docente mejores condiciones de trabajo y atención social, así como garantizar una infraestructura mejor acondicionada para recibir a los estudiantes. Sin embargo, también demanda al Ministerio de Educación una rectoría con lineamientos flexibles y pertinentes. Por ejemplo, con un presupuesto pensado para la diversidad de territorios y escuelas, y con una coordinación intersectorial con el MIDIS, para la distribución de los alimentos en este periodo. Estamos así frente a una estrategia territorial que parte de una decisión de gobierno regional en ejercicio de sus competencias.
No obstante, ejercer competencias y poder de decisión en educación, le está costando a los Gobiernos Regionales, por distintas razones.
Lo que nos dice la ley
En el Perú, la legislación vigente demanda a los gobiernos regionales gestionar los servicios educativos a través de las Direcciones Regionales de Educación o Gerencias de Educación en coordinación con las Gerencias de Desarrollo Social, que tienen como una de sus competencias la política educativa. Por su parte, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de ejercer rectoría sobre las políticas del sector.
El marco normativo actual en materia educativa y descentralización establecen las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno; sin embargo, estas no se ejercen de manera plena en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, porque dichas competencias se transfirieron de manera administrativa sin desarrollar y fortalecer capacidades. Por ejemplo, la mayor parte del presupuesto que disponen los gobiernos regionales está destinado a sueldos de maestros, correspondiéndoles a estos pagar o descontar a los docentes.
Pero veamos que más pueden hacer los gobiernos regionales, conforme a lo que establece la matriz de gestión descentralizada aprobada por Resolución Ministerial N.°195-2015 – MINEDU, en materia de gestión del desarrollo docente:
- Establecer las normas sobre estímulos, premios, la formación en servicio y la actualización de los programas según los lineamientos del MINEDU y la información enviada por los gobiernos locales.
- Elaborar el Plan Regional de Formación Docente en servicio, de acuerdo al Proyecto Educativo Regional-PER y la política nacional.
- Ejecutar el Plan Regional de Formación Docente en servicio, usando para ello los recursos transferidos por el gobierno nacional.
- Brindar acompañamiento y asesoría a las instituciones educativas y gobiernos locales en la gestión pedagógica para la formación en servicio.
- Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas para el cumplimiento de los procesos de implementación de la carrera pública magisterial según los lineamientos del MINEDU.
La mayoría de estas acciones requieren de recursos que en muchos casos no ha sido costeado o presupuestado. A la vez, demanda a los gobiernos regionales contar con equipos que puedan llevar adelante procesos de planificación, diseño de herramientas y capacidad de gestión, que hoy, muy pocos gobiernos regionales disponen. No lo hacen, entre otras razones, porque existe una desconfianza y se mira a los gobiernos regionales como incapaces para llevar adelante procesos de planificación y diseño de políticas educativas regionales. En este contexto, cabe preguntarse ¿cuántas de las decisiones que toma el MINEDU están siendo consultadas hoy con los gobiernos regionales?
La experiencia nos dice que sí se puede
Por otro lado, hay experiencias de trabajo compartidas entre el 2011 y 2017 con los gobiernos regionales a través de la ANGR, entre los cuales se puede señalar los lineamientos de relacionamiento intergubernamental, los lineamientos de gestión descentralizada, la propuesta de lineamientos para la formación docente en servicio, estableciendo una ruta que haga posible en el corto y mediano plazo que los gobiernos regionales asuman de manera gradual y desde un enfoque territorial, por ejemplo, la gestión descentralizada de la formación docente en servicio.
Es evidente que estamos frente a un proceso de descentralización incompleto, con una incomprensión del mismo proceso por quienes toman decisiones de política y por tanto frente a una carencia de estrategias a desplegar para avanzar hacia una gestión descentralizada de los servicios educativos. Lo avanzado hasta hoy no es suficiente, luego de dar por finalizado el proceso de municipalización en el 2012 se abrió la oportunidad de establecer un trabajo articulado con los gobiernos regionales y locales, planteándose desde el MINEDU en coordinación con la ANGR-AMPE y REMURPE, mecanismos de relacionamiento intergubernamental bajo el supuesto de que los procesos se hacen más sostenibles desde un trabajo articulado entre niveles de gobierno. La ruta ha sido difícil, pero lo avanzado hasta hoy resulta valioso a la vez que insuficiente para todo lo que falta por caminar.
La ruta a seguir requiere de la convicción de que es necesario avanzar y dar más autonomía a los gobiernos regionales que demuestren resultados y eficiencia en la gestión del servicio educativo, así como brindar asistencia técnica a quienes están en proceso de ir ganando eficiencia y resultados en la gestión educativa, con un liderazgo claro de los directores regionales o gerentes de educación.
Evaluación anual de los directores regionales… ¿para qué?
Sin embargo, el 14 de febrero pasado, la Comisión de Educación del Congreso de la República en coordinación con el Ministerio de Educación aprobaron el Proyecto de Ley N.° 2253-2017 que señala que los directores regionales de Educación deban ser evaluados anualmente. Este procedimiento es para medir «la valoración de los resultados de la implementación y ejecución de las políticas nacionales y regionales», cuya comisión es presidida por el MINEDU. Una evaluación de este tipo a los directores regionales ayudará, tal vez, a cumplir las metas del ministro de turno, pero no la del Proyecto Educativo Nacional, requerimos autoridades que asuman la responsabilidad política de gobernar un territorio.
¿Estamos acaso equivocando el camino para establecer más elementos de sujeción o coerción desde el MINEDU, a quienes dirigen la educación en las regiones? Lo que deberíamos hacer es avanzar en desarrollar estrategias de consulta a los directores(as) regionales e ir involucrándolos más en las decisiones de política educativa de carácter nacional. Acompañada de una estrategia de descentralización de programas estratégicos de manera gradual y por etapas e involucrando aquellos gobiernos regionales que están apostando por desarrollar capacidades y conformar equipos que hagan sostenible los procesos de cambio con implicancias políticas en los resultados de aprendizajes de los estudiantes. Son ellos los deben fortalecer su capacidad de diseñar propuestas de políticas regionales; es decir, necesitamos pasar de un esquema en que los gobiernos regionales solo «cumplan» a un modelo en que los gobiernos regionales propongan, diseñen y aporten a construir políticas educativas más pertinentes.
En los territorios donde los estudiantes han mostrado claros avances en sus aprendizajes, han existido liderazgos claros e inversión de los gobiernos regionales, como ejemplo tenemos a Moquegua, San Martin, Piura, Arequipa e Ica.
Condiciones para avanzar
Para lograr dicha situación, se requieren de tres condiciones:
- Un gobierno nacional más rector que ejecutor de políticas, articulándose con otros niveles de gobierno. Eso quiere decir un MINEDU menos coercitivo, más estratégico y con capacidad de liderazgo para articular y no implementar de manera directa programas que la alejan de su rol rector.
- Gobiernos regionales con vocación de gobernar la educación, que dejen atrás su rol ejecutor y avancen en diseñar modelos de gestión territorial pertinentes.
- Una comunidad educativa regional empoderada que maneje información y que demande transparentar recursos y el destino de los mismos.
La descentralización no es una propuesta que debamos defender per se. Es la forma de gobernar de manera eficiente y con resultados, liderando con inteligencia y capacidad para plantear propuestas regionales con pertinencia y eficacia a partir de resultados.
Por ello, hoy la discusión en materia de descentralización no debería pasar por evaluar a los directores regionales de educación para que se alineen a la política de Gobierno, sino de cómo, en el marco de la política de Estado, los gobiernos regionales pueden garantizar un servicio educativo pertinente y de calidad desde sus competencias.
Y sobre todo, la Educación que buscamos requiere de un gobierno compartido y por tanto articulado entre el MINEDU y las instancias de gestión de los 25 gobiernos regionales en coordinación con los gobiernos locales.
Lima, 1 de marzo de 2018
