Por Eduardo León Zamora / Para EDUCACCIÓN
Siempre es lamentable constatar, una vez más, en el marco de procesos electorales que los candidatos y candidatas a la presidencia no han dedicado la menor atención a las políticas educativas a seguir en los próximos cinco años. Y es lamentable no sólo por lo hueca de las propuestas, salvo alguna honrosa excepción; sino porque estas emergen sin la posibilidad de articularse con políticas educativas de largo plazo, con mayores o menores coincidencias, debido, básicamente, a que hasta la fecha ningún gobierno ha apostado, seriamente, por desarrollar una política de Estado en Educación.
De allí que las propuestas estén llenas de medidas cortoplacistas, fragmentadas, efectistas, populistas, tecnocratistas, que nada aportan a la construcción de una intervención sistémica, ordenada y eficiente del Estado a fin de garantizar una educación inclusiva, democrática e intercultural. Es decir, la ansiada educación de calidad que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes merecen.
En este contexto se alzan, insistentemente, voces desde los medios de comunicación sobre la necesidad o conveniencia de que el actual ministro de Educación, Jaime Saavedra, continúe en el cargo. Algunas opiniones estridentes, incluso, han planteado que debería ser el ministro durante los próximos veinte años. De hecho, esta apuesta por Saavedra es un indicador de que su gestión cuenta con un alto grado de aprobación en un amplio sector de la derecha económica y política de nuestro país. No necesariamente es una señal de que estamos enrumbados por una buena senda.
El típico pensamiento caudillista peruano se ha trasladado a la educación. Parece que se necesitarán personajes heroicos o milagrosos con una capacidad sobrehumana para transformar el carbón en diamante. Al margen de las competencias reales o sobrevaloradas del ministro, lo importante es concentrarnos en cuáles son las políticas de largo plazo que debemos construir a fin de que nuestra educación realmente mejore más allá de lo que actualmente se pueda estar entendiendo como mejoras.
A mi juicio, sostenido por evidencias proporcionadas por una amplia experiencia de países con buenos resultados educativos, una política educativa que apuesta por calidad y equidad, debe sostenerse en tres grandes políticas educativas referidas al currículo, al desarrollo profesional docente y a la evaluación.
Estas tres grandes políticas requieren de procesos de institucionalización que le den soporte, profundidad, rigurosidad, consistencia y proyección en el largo plazo. Asimismo, necesitan de la conformación y especialización de equipos profesionales capaces de liderar técnicamente las unidades de las que formarían parte y de desarrollar las políticas pertinentes a su campo sin la apabullante presión de la política y de la burocracia ministerial. Y además, demandan la legitimación social y ciudadana de las políticas a través de una comunicación transparente que informe sobre los sentidos y contenidos de las mismas; y contribuya a generar una opinión informada.
Dicho esto, planteo que con miras a los procesos de institucionalización anteriormente mencionados se precisa del diseño e implementación de tres grandes sistemas nacionales referidos a las tres políticas priorizadas. Los tres sistemas nacionales estarían estructurados a partir de una conducción normativa desde el Ministerio de Educación y a partir de sistemas regionales que, sobre la base de un modelo común, responderían a las especificidades culturales propias.
El primer sistema, primero por ser el de mayor relevancia para nuestra Educación, sería el Sistema Nacional de Desarrollo Curricular. A pesar de la importancia del currículo, en la gestión de Saavedra se produjo un frenazo a la política curricular impulsada por su antecesora, la ministra Patricia Salas. Es verdad que un exceso de cuidado y de sensibilidad, hizo que el esfuerzo desplegado por la gestión de Salas generará ciertas dificultades de implementación y comprensión de sus propósitos; pero, lo cierto es que generó un interés genuinamente pedagógico en el magisterio que, posteriormente, no se supo potenciar adecuadamente. De hecho, la parte más pobre de la gestión actual ha estado en el currículo. Y esto es muy grave. De allí que un Sistema Nacional de Desarrollo Curricular pueda ser una base y un motor para la definición de un marco curricular intercultural del país y para la construcción de currículos regionales y currículos indígenas.
Sin embargo, debe quedar claro que la función de este sistema no es solamente el de producción curricular. Tiene un importante papel en el seguimiento y evaluación de las propuestas curriculares en curso, como base parcial para la generación de cambios, mejoras e innovaciones curriculares.
Tiene también como una función, igualmente importante, la de generar el conjunto de recursos curriculares y de orientación pedagógica dirigidos a sostener el trabajo del profesorado en sus aulas. Podríamos señalar, como ejemplo, los mapas de progreso, las bibliotecas escolares, los cuadernos de trabajo, las rutas del aprendizaje o las sesiones de aprendizaje (siempre y cuando sólo cumplan un rol referencial); pero también nos referimos a videos de sesiones de trabajo, a modelos diversos de programación curricular, etc.
El Sistema Nacional de Desarrollo Curricular también tendría como función brindar la información requerida de los diferentes sistemas y unidades ministeriales con fines de formación docente, organización escolar, evaluación, etc. Otra importante función, sería la de brindar asesoramiento técnico, supervisión y monitoreo a los sistemas regionales de desarrollo curricular.
El segundo sistema a conformar sería el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional en Docencia y Gestión que se encargaría del diseño, implementación y evaluación de las políticas docentes, las de personal directivo y las de responsables de gestión a nivel de UGELs y DRE. La primera misión de este sistema sería la reforma de los Institutos Pedagógicos, cuya crisis crónica (no mayor que el de las facultades de Educación) mantiene empantanado cualquier esfuerzo de mejora. En este terreno, ni la gestión de Salas ni la gestión de Saavedra, lamentablemente, pudieron avanzar. Se requeriría desplegar un esfuerzo aún mayor que el desplegado por la actual reforma universitaria para lograr cambios trascendentales. De hecho, este esfuerzo implicará ir más allá de los fallidos intentos de cambiar el currículo de formación inicial; y apuntar hacia cambios de mayor profundidad, que implican el desarrollo de enfoques válidos de formación docente, la evaluación y renovación de las y los formadores, así como la acreditación de los programas de formación, entre otras cosas.
La formación inicial deberá dirigirse a fortalecer su mayor debilidad que es, también, la formación de formadores tanto hispanohablantes como bilingües. Pero a esto se suman las debilidades institucionales de las universidades o ISP que realizan esta labor, los que requieren una mejor supervisión y apoyo del Ministerio de Educación. Y, por otro lado, se deberá reconsiderar al acompañamiento pedagógico como la varita mágica para mejorar la performance de maestros y maestras (tiene su alcance, pero es limitado). Es tiempo de empezar a pensar en procesos de formación en servicio más consistentes y serios.
En relación a la formación de directores, se ha hecho un trabajo inicial valioso en la gestión de Saavedra que habrá que profundizar, evitando una sobre exigencia y un sobre acompañamiento homogéneo para todos; y garantizando los soportes que el sector debe brindarles a nivel regional y provincial desde DREs y UGELs, hecho que hoy está ausente en la mayoría de casos.
Sin duda, el Sistema Nacional de Desarrollo profesional en Docencia y Gestión deberá contemplar el tema del acceso y permanencia en los cargos; revisando prácticas instituidas en el sector que la normativa no ha podido corregir. El nombramiento de docentes podría seguir el modelo implementado actualmente para las nuevas directoras y directores, que deben pasar por tres años de prueba, evitando así el nombramiento indiscriminado con la consecuente selección inadecuada de docentes. Asimismo, la gestión de Saavedra deberá dejar lista o hecha, en el mejor de los casos, la evaluación de desempeño docente con fines de permanencia en el cargo a fin de que, en los próximos tres años, permanezcan o accedan en el sector los mejores maestros y maestras.
La selección de directores, especialistas y acompañantes pedagógicos vía concursos es otra excelente iniciativa de la actual gestión que está en proceso y que deberá servir para cambiar y mejorar la gestión en el sector, siempre y cuando sea acompañada por medidas de distinto tipo (formación, supervisión, incentivos), que estimulen el trabajo de estos profesionales.
El mejoramiento del piso salarial asociado, necesariamente, a una mejor selección de docentes, es una medida que deberá tomarse en el corto plazo por razones de justicia y, también, como un mecanismo de atracción de los nuevos profesores y profesoras.
Finalmente, el Sistema Nacional de Evaluación, se propone como el tercer sistema que puede contribuir a fortalecer el sistema educativo nacional. En esta materia, la UMC ha aportado con el desarrollo de una propuesta de medición de la calidad cuyos propósitos técnicos tienen un sentido y alcance puntuales y necesarios, aunque hayan sido usada y manoseada indebidamente por el Ministerio de Educación, generando prácticas inadecuadas en las escuelas debido a la propalación de mensajes erróneos. Pero medición no es igual a evaluación. Y la medición a nivel de sistema, como siempre lo señala la UMC, no es igual a la evaluación formativa.
Adicionalmente, es necesario avanzar más allá de la evaluación censal estudiantil centrada en el segundo grado. Puede tener un gran poder efectista lograr mejoras en un único grado de la EBR; y, a partir de ello, podemos alucinar que estamos teniendo avances significativo en la calidad de nuestra educación. Pero si no tenemos la ambición de transformar y mejorar la calidad en todos los grados de la Educación Básica Regular, a lo único que podremos aspirar es a tener una flor en medio del invierno o a que solo un puñado de adolescentes reciban una formación elitista en los mal famosos Colegios de Alto Rendimiento (COAR), mientras que todos los demás estudiantes sigan condenados a una mala educación.
El sistema de medición nacional de evaluación debe ir más allá de la evaluación a gran escala, sin abandonarla, y debe concentrarse en la evaluación formativa de aula que no ha sido incorporada en nuestro sistema educativo. Faltan equipos de evaluación en varias unidades ministeriales. Y eso es negativo. En ese sentido, este sistema debe tener como propósito hacer de la evaluación un proceso formativo que transforme e innove las instituciones educativas y unidades organizativas de diferentes niveles del sector; enriquezca, desarrolle y mejore las prácticas profesionales de docentes, directivos y gestores; y optimice los aprendizajes del estudiantado.
La gestión del Ministerio de Educación, con sus dos ministros, ha avanzado de manera insuficiente en este campo durante este gobierno. Ha habido algunas iniciativas, pero se ha perdido la brújula en relación al papel trascendental que tiene la evaluación formativa en un sistema educativo nacional. La evaluación formativa retroalimenta, ayuda a mantener claro el sentido de lo que se hace, corrige, mejora, transforma. A diferentes escalas y en diferentes niveles, debería empezarse con la formación de competencias docentes para el uso de la evaluación en el aula e ir hasta la evaluación de programas ministeriales, escuelas, UGELs y DRE.
Finalmente, es necesario agregar que los tres sistemas aludidos deberán desarrollar sus propias unidades de investigación, así como impulsar sus propios procesos de especialización para sus equipos. Llama la atención que en un sistema educativo con pretensiones de ser moderno no apueste, como lo hacen sistemas educativos modernos, por hacer de la evaluación un insumo fundamental para conocer, innovar y transformar las prácticas educativas. Y llama, del mismo modo, la atención, que el tema de especialización de los funcionarios del sector educativo sea un tema ausente en una llamada reforma educativa.
De hecho, la ejecución puntual del gasto público, si bien es una buena noticia y entusiasma, aunque a algunos desmedidamente, podría estar mejor acompañada por algunas medidas simples y otras, necesariamente, de gran complejidad en el sector, pero todas ellas poderosas y efectivas, con miras a una educación de primera para los próximos cincuenta años.
Es malo, muy malo dejarse arrullar con los cantos de sirena de los políticos y los empresarios. Suena bonito y suena en todas partes (porque son los dueños de los medios de comunicación), pero suena mejor la música que produce la armonía interna, sobretodo, en la difícil tarea de la gestión pública de una educación aún en crisis.
Pero es peor, mucho peor, que la mayoría de candidatos en estas elecciones del 2016 no dediquen esfuerzo alguno a pensar la educación que necesitamos hoy y en el futuro.
Lima, 31 de enero de 2016
