Patricia salas O’Brian | EDUCACCIÓN
La educación superior en el país tiene tres grandes desafíos de fondo y uno que la viene atravesando de manera dramática los últimos 30 años.
En efecto, está pendiente garantizar el acceso equitativo de educación superior para quienes lo deseen, brindar servicios de calidad y con pertinencia en relación a la empleabilidad de sus egresados y las necesidades de conocimiento e innovación de la sociedad peruana y prever los saldos positivos y negativos que nos ha dejado la pandemia.
Si bien la educación, sus contenidos, énfasis y propósitos han sido siempre materia de debate y compulsa política, en las últimas décadas, desde que se permitió la apertura de instituciones educativas con fines de lucro, también se ha convertido en materia de negoción en función a intereses económicos muy específicos.
El acceso equitativo a la educación superior.
El acceso a educación superior nos plantea por lo menos tres tipos de problemas. El primero, la segmentación de la oferta educativa post secundaria, tenemos educación para el trabajo, tecnológica y universitaria, sin puentes efectivos entre una y otra que permita una línea progresiva de formación superior. Si has elegido una opción técnica y luego quieres seguir en la ruta universitaria y de posgrado, tienes que empezar de cero, si a ello le agregamos que lo universitario goza de más prestigio social y que las otras aparecen como opciones de “segunda” o sin posibilidades de progreso social, la presión sobre la universidad es muy grande.
En este caso, la articulación efectiva y flexible del conjunto de la educación superior no es una idea nueva, algo se ha avanzado, pero requiere aún de normas y arreglos institucionales que permitan a egresados de educación técnica, universitaria o de posgrado, pasar de unas a otras instituciones, sea para seguir “progresando” en su formación o para complementar especializaciones. Ello permitiría reducir la presión por ingreso universitario y un abanico más amplio y flexible para las personas, que podrán convalidar créditos, horas de prácticas o taller, formación teórica, humanística, de gestión, etc. en función de sus desafíos laborales y su proyecto de vida en cualquiera de sus etapas.
El segundo problema, garantizar equidad en el acceso, imaginar mejor la articulación entre secundaria y educación superior, pensado en doble vía, en las competencias que la educación superior requiere sean formadas desde la secundaria y en el diseño de los mecanismos de ingreso y de los currículos de educación superior que valoren lo aprendido en la educación básica. Un avance en ese sentido es el enfoque por competencias en la formación que ya está en todos los niveles educativos. También implica asegurar que los estudiantes de secundaria tengan suficiente acceso a la información acerca de sus opciones de educación post secundaria, ampliar la oferta del conjunto del sistema, en particular de la oferta estatal, y diseñar sistemas de subvención para que, de ser necesario, los estudiantes puedan moverse de sus localidades de origen. Hay que considerar que el derecho al acceso no se reduce al ingreso a una institución, sino que ello sea en condiciones que hagan viable la permanencia y conclusión oportuna de los estudios.
Por último, para el cortísimo plazo, se requiere de previsiones para ampliar la oferta en las universidades públicas en las regiones en las cuales la oferta universitaria privada no ofrecía las condiciones mínimas de calidad y tuvieron que cerrar sus procesos de admisión para nuevos postulantes.
El desafío de la calidad. (licenciamiento, mejora continua y acreditación.
Tal vez lo primero que hay que tener claro es que precisar qué entendemos por calidad y cómo se verifica, es un espacio de negociación, complejo y lleno de aristas, coincidencias y contradicciones. En tal sentido, la primera medida es avanzar en un acuerdo sobre este tema, el cual debe comprender al conjunto de la educación superior, criterios de equidad, diversidad y pertinencia, la idea de educación a lo largo de la vida y lo que se espera de la educación superior.
Lo que se espera de la educación superior no puede reducirse a la empleabilidad de los egresados, tiene que comprender también las necesidades de conocimiento e innovación de la sociedad, tanto en el ámbito productivo, como el social y el político; lo cual debe verse reflejado en los perfiles profesionales que se ofrecerán en los diversos programas, y en las tareas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
El proceso de discusión sobre qué se entiende y como se verifica la calidad tiene avances en los procesos acreditación y licenciamiento, sin embargo, ello ha sido un proceso desigual y aun desordenado, lo cual ha sido bastante evidente respecto a las condiciones básicas y excelencia, en general, y a lo que viene sucediendo respecto a universidades, institutos y escuelas superiores.
En tal sentido, corresponde trabajar en un modelo de calidad del conjunto del sistema. considerando las particularidades de sus diversos componentes, pero a su vez asegurando que los criterios e indicadores de medición tengan líneas de continuidad y criterios de valoración coherentes entre sí, tanto para los diversos tipos de instituciones, como entre lo que sería el licenciamiento, a cargo de las condiciones básicas de calidad, como de la acreditación, a cargo de impulsar la excelencia; y, por supuesto, distinguiendo y articulando lo que son las condiciones de gestión institucional y las académicas de cada programa formativo.
Para el licenciamiento se requiere asentar y fortalecer lo avanzado por la SUNEDU y diseñar el marco institucional para los Institutos y Escuelas Superiores, así como acelerar el proceso; en este último caso se requieren decisiones normativas y presupuestales con enfoque territorial.
La acreditación, por su parte, requiere de ser formalizada, está pendiente la Ley que debe establecer, los objetivos, parámetros e institucionalidad, en términos que se articule a un modelo de calidad y que, luego de cumplidas las condiciones básicas, sea la garantía de excelencia en educación superior. Para ello es preciso considerar todas las modalidades de educación superior y la posibilidad de diversas especializaciones, por lo que la norma debe asegurar la mayor profesionalidad técnica, sentido ético e independencia de posibles conflictos de interés.
Adicionalmente, tanto para sostener las condiciones de licenciamiento como para asegurar el tránsito hacia una acreditación efectiva, se requiere fortalecer el rol rector del ministerio de educación, así como un conjunto de instrumentos de política que promuevan planes de mejora continua en las instituciones de educación superior públicas y privadas, técnicas o académicas. Esto se puede hacer a través de redes, articulaciones u otros, poniendo especialmente énfasis en el desarrollo de los equipos docentes y las condiciones para la investigación e innovación. De la misma manera se debe contar con mecanismos para dar soporte, asistencia técnica y garantizar el financiamiento de las instituciones públicas y con gestión a nivel territorial para el caso de los Institutos y Escuelas Superiores.
Los saldos de la pandemia
La pandemia ha sido un enorme desafío también para la educación superior, ha puesto en evidencia las brechas de desigualdad del país y del sistema educativo, así como la heterogeneidad de las condiciones institucionales entre las diversas universidades del país, y la precariedad de nuestros Institutos y Escuelas Superiores que, además del retraso en su licenciamiento, aquellas de gestión estatal no cuentan con presupuesto propio como sucede con las universidades.
Sin embargo, ha sido también intenso el aprendizaje que cada institución ha logrado con su propio impulso y sobre la base de las decisiones y capacidades de sus equipos directivos y docentes, así como con los que el sistema, a través de normas u otros mecanismos ha puesto a su disposición.
Claramente, el uso de la virtualidad es uno de los campos de experiencia que es indispensable comprender y valorar, tanto por su potencial para ampliar el acceso con equidad y para mejorar la calidad académica, como por el riesgo de profundizar la brecha. Esto último puede ocurrir, sea por las desigualdades en la conectividad y la disposición de dispositivos digitales apropiados, o sea porque tomamos la ruta fácil de implementar servicios semi presenciales o no presenciales sin asegurar que los procesos pedagógicos se hayan adaptado de tal manera que se garantice a los estudiantes la pertinencia y calidad a las que tienen derecho.
Ello implica tomar las previsiones para generar orientaciones de política, normas, y acciones de asistencia técnica, capacitación y evaluación que permitan que cualquiera sea la modalidad en la que se estudie, no habrá diferencia en la calidad.
Por otro lado, es importante dimensionar el nivel de interrupción de estudios por parte de los alumnos, los retrasos en los calendarios académicos, la “recuperación” de las asignaturas o actividades que fueron imposible de realizarse en línea, de tal manera que se garantice un proceso que no solo nos vuelva a la antigua normalidad, sino que genere condiciones de mejora sustantiva hacia el futuro.
La pugna de intereses en el escenario de las políticas de educación superior
Por último, no menos importante, es el terrible escenario político que no solo ha teñido los debates legislativo de intereses particulares ajenos a los derechos de la ciudadanía, sino que ha mantenido al sector en un permanente estado de zozobra, llamando continuamente a informes e interpelaciones, cuando no provocando crisis y parálisis a través de la censura a ministros y ministras de educación y la propia vacancia presidencial. El resultado es que en 5 años hemos tenido 6 responsables del despacho de educación, lo que no sucedía desde el 2004.
Para la educación superior, ello ha significado un riesgo permanente de retroceder sobre lo avanzado, en particular en lo referido al licenciamiento de las universidades y la conservación de la SUNEDU como una instancia independiente de intereses corporativos. Esto que representa el proceso más importante en favor de la calidad de la formación universitaria en el país desde hace muchos años, permanentemente se ve amenazado desde iniciativas que vienen de congresistas, con frecuencia asociados a instituciones privadas de educación superior.
Es indispensable imaginar en la dinámica parlamentaria mecanismos que protejan las iniciativas legislativas de conflictos de interés, así como cabildeos que rayan en actos poco transparentes y alejados del propósito público de legislar en función de los derechos de la ciudadanía, en este caso para la educación superior.
La agenda legislativa en educación es de gran importancia. La ley que crea el viceministerio de educación superior, felizmente, ya fue aprobada por el pleno, pero está pendiente, como se dijo, la Ley de acreditación, y hay que evitar la presentación de proyectos de ley que debiliten lo avanzado.
Lima, 10 de junio de 2021
