Eduardo León Zamora
“Llegan los colectivos o el rápido (denominaciones locales de los diferentes medios de transporte fluvial) al caserío de Villa Libertad, pero en ninguno de ellos, llega el nuevo profesor de la escuela primaria. Estamos a fines de abril. Las madres y los padres de este lugar dudan que llegue. Saben que el nuevo profesor ha sido transferido de un colegio de Iparía donde se desempeñaba como director. Saben también que este docente ha dicho que no va a permitir ser degradado a una escuela primaria y luchará por la restitución a la plaza que legalmente le corresponde. Lo que no saben es de los rumores de que este profesor también está haciendo gestiones para que cierren la escuelita, argumentando una inventada falta de alumnado” (Registro de cuaderno de campo, Miércoles 22 de abril del 2015) |
Todos desearíamos que este fuera un caso aislado de una lejana escuela rural de la Amazonía, pero no lo es. Es, por el contrario, una escuela cercana a Pucallpa, ubicada en la misma provincia de Coronel Portillo, a escasas cinco horas de transporte rápido. No es tampoco un caso aislado. De los 135 docentes de primaria atendidos por el PELA en esta provincia, a fines de abril, treinta docentes aún no ocupaban plazas en sus respectivas escuelas, mayoritariamente, multigrado o unidocentes. Según la información que se manejaba, las plazas de estas escuelas todavía no habían sido adjudicadas y, por lo tanto, no había contratos. No se trata, pues, de casos de resistencia de directores o directoras reasignados, como el del ejemplo.
Si hiciéramos una proyección más allá del PELA y de esta provincia, donde el 22% de plazas docentes estaban vacías hasta esa fecha, seguramente este porcentaje aumentaría, llegando posiblemente a 30% ó 35% si consideráramos a las zonas más lejanas de esta región.
Pero en varias escuelas urbanas de Pucallpa sucede lo mismo. No es una cuestión de dificultades debido a la lejanía porque adjudicar una plaza cercana o lejana, en términos administrativos es lo mismo. Por ejemplo, en una institución educativa primaria de La Florida, faltaban seis docentes aún. En el segundo grado, dos docentes se habían repartido al alumnado de la sección que no tenía profesora. La docente de una sección de segundo no había aceptado la nueva distribución, aduciendo problemas de salud. Así que dos secciones de segundo grado tenían cincuenta estudiantes. Una de ellas resolvía el manejo de su sobrepoblada aula con un palo en la mano y a gritos.
Lo llamativo es que todo esto sucede en medio de un proceso en que se incentiva el buen desempeño de la gestión en Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local. En efecto, el Ministerio de Educación ha lanzado un paquete de incentivos a la buena gestión denominada Compromisos de Desempeño. Y son 18. Su intención es mejorar la gestión por resultados. Una buena intención en el infierno de la desesperanza.
De hecho, no sólo estamos en este proceso referido al paquete de incentivos, sino en el centro de una profunda reflexión nacional sobre cómo cerrar las brechas educativas entre zonas rurales y urbanas, discusión en la que el retraso indefinido del inicio de clases por la ausencia de docentes en las escuelas rurales, no llega a constituirse en el tema central que debemos resolver primero para pretender cerrar esas brechas.
Pero los Compromisos de Desempeño abordan este tema, a su manera. Dentro de la “herramienta de incentivos” está el compromiso referido a la “Adjudicación y contratación docente” cuyo proceso debió haber culminado el 15 de febrero, es decir, dos meses antes de la fecha de la observación realizada in situ por el autor de este artículo. Que dos meses después de vencido el plazo, sigan las escuelas sin docentes, indica que algo muy serio debe estar sucediendo con este proceso. Hace apenas unos días (tercera semana de Mayo), constaté personalmente que la UGEL de Canchis no había entregado aún la información sobre el cumplimiento del tramo I. ¿Habrán terminado la adjudicación de plazas correspondiente al tramo II en esta provincia cusqueña?
En otras palabras, o la herramienta de incentivos no es lo suficientemente estimulante para cambiar esta situación, que es crónica en las UGELS, o la asistencia técnica prometida desde el MINEDU, que debe acompañar el cumplimiento de los compromisos de desempeño, no está actuando eficaz y oportunamente.
Desde la gestión de Patricia Salas, el buen inicio del año escolar se convirtió en una gran movilización nacional, es decir, desde el año 2012, lo que debiera ser un hecho común y corriente de la dinámica de un sistema educativo normal se convirtió en una fiesta, en una apuesta, en un compromiso. Se pretendió convocar voluntades y energías por un propósito legítimo: garantizar que todos los y las estudiantes del país tuvieran un buen comienzo en sus estudios. Tres años después, en la gestión de Jaime Saavedra, se continúan invirtiendo esfuerzos en la misma dirección, pero con una nueva metodología. Ahora el Ministerio proporciona estímulos económicos a las Direcciones Regionales de Educación y a las UGELs. Pero ni con la primera ni con la segunda iniciativa, se ven cambios importantes en el inicio del año escolar, es decir, en aquellas zonas donde históricamente el año escolar nunca podría haberse denominado año escolar; y donde nada cualitativamente diferente se inicia con el nuevo calendario de cada año. Por supuesto que en las capitales de regiones, de provincias y de distritos sí se organizan grandes celebraciones con bombos y platillos, pero allí donde las cosas deben cambiar, no hay cambios.
¿O será que también en este tema del inicio del año escolar vamos a empezar a fijarnos metas graduales de logro?, ¿como con los resultados de la ECE? ¿Cada año vamos a mejorar un poquito hasta que en el 2021 ó 2035 todas las escuelas comiencen clases cuando les corresponde hacerlo?
No estoy poniendo en dudas la necesidad de lanzar iniciativas para resolver el problema del buen inicio del año escolar que no es otra cosa que garantizar que todas las instituciones educativas estén en condiciones de ofrecer un servicio educativo de óptima calidad desde el primer día de clase. Pero creo que un período gubernamental de cinco años es algo más que suficiente para experimentar alguna respuesta eficaz. Y en este tema, se está exhibiendo un rotundo fracaso. Y sólo queda un año para revertir esta situación.
En esta lógica de incentivos económicos, sí entiendo qué sucede cuando las UGEL cumplen con los compromisos de gestión: se les proporciona mayores recursos. Lo que no llego a entender es qué sucede cuando no cumplen. Entiendo que se les da un período para subsanar el incumplimiento de los compromisos. También comprendo que se les brinda asistencia técnica para cumplirlos. Y, entiendo que si no cumplen, no se les otorga más recursos. Pero esto, ¿en qué resuelve el problema de las escuelas que están sin docentes? ¿No tiene ninguna consecuencia que una Unidad de Gestión Educativa no cumpla sus funciones más básicas? Sin duda, hay una agenda pendiente para la reestructuración total del sistema educativo y para la formulación de normas que definan la carrera pública las y los funcionarios en DREs y UGELs.
Cuando se comienzan a revisar los tramos en que están organizados los compromisos de desempeño para su cumplimiento, uno se pregunta por qué la adjudicación y la contratación de plazas docentes no se encuentra en el primer tramo. ¿Por qué es más importante o más urgente la contratación de los acompañantes pedagógicos? Ya hemos visto cómo los acompañantes pedagógicos llegan a escuelas vacías. Dudo que, solamente, el cambio de orden en los tramos produzca un gran cambio, pero ayudaría. A eso, deberían seguirle otras medidas. Algunas de ellas ya se han debatido en otras oportunidades.
Una medida podría ser la de contratos trianuales a docentes. Así, no se desperdiciaría tanto tiempo y dinero en estos procesos. Esta contratación, naturalmente, debería estar supervisada y acompañada dese las UGEL a fin de poder contar, al final del período establecido, con evidencias sobre el desempeño docente para proceder a una nueva contratación o nombramiento, previa licencia social de las familias.
Otra medida de gran utilidad sería proveer a las UGELs de protocolos de procedimientos para agilizar, ordenadamente, la adjudicación y la contratación con un monitoreo bajo un sistema de monitoreo implacable con el cumplimiento de los tiempos desde la DRE y el MINEDU.
Deben establecerse medidas, con respaldo normativo, para sancionar el incumplimiento de los procesos de adjudicación y contratos en los plazos adecuados por los efectos negativos e irreversibles que causan en la educación de las y los estudiantes. No pueden quedar impunes estos actos de incumplimiento de funciones.
Otra medida que también podría producir efectos positivos es la del incremento del piso salarial de docentes contratados cuyo éxodo aumenta cada año. Una vez que las y los docentes contratados llegan a su plazas toman conciencia, en forma dramática e inmediata, que sus magros ingresos no compensan los gastos que les demanda vivir en zonas tan alejadas e inseguras, y renuncian masivamente a sus contratos. Un mejoramiento de los salarios más un bono por trabajar en zonas rurales, sin duda, sería un incentivo interesante y efectivo (una noticia al respecto apareció el 10 de mayo en La República).
La verificación, a cargo de los especialistas, de las salidas de docentes a sus respectivas instituciones educativas es otra medida que debe llevarse a cabo de alguna forma; así como el control de asistencia en las escuelas.
Por último, sería importante también establecer medidas de transparencia y anticorrupción, porque es sabido que mientras más demoran estos procesos de adjudicación de plazas y contratos de docentes, es más posible echar mano a malas prácticas.
Nadie crea que esta es una situación generalizada ni exclusiva de Ucayali. En Atalaya, otra de sus provincias, todos los y las docentes que participan del PELA están en sus puestos desde el primer día de clases. Situaciones similares a la de esta región se multiplican en otras regiones del país: Loreto, Huánuco, Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho, etc.; lo cual muestra que el problema es sistémico.
No puedo terminar este artículo sin señalar que, definitivamente, el buen inicio del año escolar no resuelve el problema del ausentismo docente ni de las brechas educativas. No he abordado el tema de las convocatorias constantes de directores y directoras de escuelas unidocentes y multigrado a las UGELs ni el tema del ausentismo docente a lo largo del año. Tampoco me he referido a la contratación de docentes hispanohablantes para escuelas EIB. Pareciera que lograr contar con un/a docente al inicio del año escolar ya resuelve todo, pero no es así. Es sólo un primer problema a resolver.
Mientras no se encaren con mayor energía y decisión estos problemas crónicos de nuestro sistema educativo optimizando la gestión pública, nuestros niños y niñas seguirán mirando el horizonte en búsqueda de alguna señal que les diga que ya viene su profesor/a o esperando, simplemente, que algún día el destino los alcance. Que sea más temprano que tarde.
Lima, mayo 24 de 2015