Cualquier persona que ingrese por primera vez a trabajar a cualquier sector del Estado peruano bajo una «orden de servicio», no imagina que entrará a una oficina de la que solo podrá salir para ir dormir. La experiencia lo dice: no hay horarios. Trabajará fines de semana, feriados, por la mañana, por la tarde y por la noche. Las ‘órdenes de servicio’ no están definidas por derechos ni beneficios, sino por entregables. Y en ese tipo de contrato, la gratitud por el sobreesfuerzo desplegado y la calidad demostrada no figura en ninguna cláusula.
Legalmente, esta figura fue diseñada para prestaciones autónomas y ocasionales, pero ha terminado gestando una verdadera ‘zona gris’ de desprotección absoluta. En el papel, el vínculo laboral es una fantasía; en la realidad, es una subordinación aplastante. Miles de locadores en el país cumplen horarios estrictos, trabajan de lunes a domingo, reciben encargos muy urgentes hasta de noche y asumen funciones que tienen que ver con responsabilidades estructurales del Estado, pero despojados de cualquier derecho que esa responsabilidad debería implicar.
El cuerpo como testigo
Son las 6:00 p.m. de un sábado. Es el primer fin de semana que no trabajo en tres meses y, paradójicamente, me ha «salvado» la fiebre. ¡Bendito Covid! Ha sido necesario un virus para que el sistema me conceda una tregua: mi jefe se cansó de amenazar, la administradora de llamar y los coordinadores de presionar.
Escribo esto desde el ojo de la tormenta, tiritando no solo por la enfermedad, sino por la realidad que habito. Llevo casi un año trabajando en dos entidades públicas bajo la modalidad de Órdenes de Servicio. Por eso, esta crítica no es un ejercicio teórico de escritorio; nace del sentir, de la experiencia cotidiana y del cansancio acumulado. Durante las últimas tres semanas, mi promedio de sueño ha sido de apenas cuatro horas diarias.
Llevo tres meses trabajando cada semana siete días seguidos sin tregua, atrapada en lo que llamo «el suplicio del 99%»: esa recurrente costumbre institucional de que, justo cuando estás a punto de cerrar un entregable, surgen nuevos cambios, nuevas indicaciones o nuevos formatos que reinician el contómetro. En ese marco, el agotamiento deja de ser una sensación para convertirse en algo físico, un peso muerto en el cuerpo y en la cabeza.
Incluso hoy, sábado, sentada en mi sillón y con fiebre, no puedo soltar la preocupación. El miedo a que no me firmen la conformidad del entregable sigue latente. En este sistema, el descanso se vive con culpa y el silencio del celular se siente como una amenaza inminente.
Y no soy solo yo. Allá afuera, el eco es doloroso
Pienso en el compañero que llega religiosamente a las 7:14 de la mañana, no porque tenga que marcar un reloj biométrico —eso sería laboralmente ilegal—, sino porque el control es psicológico. Sabe que cruzar la puerta después de las 8:00 a.m. implica malas miradas, cuestionamientos pasivo-agresivos y la amenaza tácita, pero ensordecedora, de que, si no cumple ese horario «fantasma», su orden de servicio no será renovada.
Pienso en el colega que, tras incontables amanecidas, estuvo al borde de un derrame cerebral. La tragedia no ocurrió, por fortuna. Pero la respuesta del sistema fue helada: tres días después del casi accidente cerebro vascular, lo llamaron no para preguntar por su salud, sino para ver «cómo iba su informe».
Pienso en la colega que lleva tres meses sin cobrar un sol, atrapada en una burocracia absurda donde el formato del informe ha cambiado tres veces y ahora se le exige que «se presente de otra manera», mientras las facturas en su casa no esperan.
La normalización del abuso: OS, CAS y etcétera
Hemos normalizado escenas que deberían escandalizarnos. Instituciones que cierran la puerta con llave, convirtiendo la oficina en una celda de la que nadie sale sin permiso. Jefes que solicitan urgencias a la una de la tarde y cierran la puerta a las dos y un minuto para amonestar por tardanza. Reuniones a las siete de la noche justificadas bajo la etiqueta tramposa del «compromiso».
El control llega a niveles microscópicos y crueles. Pienso en el compañero que viaja desde el Cono Norte y llega puntual a las 7:14 a.m., con el estómago vacío porque salió de madrugada sin desayunar. Solía comprar su desayuno a una casera que traía alimentos, hasta que el jefe decidió que masticar un pan «daba mala imagen» a la institución. Su prohibición fue terminante: incluyó a la casera, que ya no podía vender cerca de la puerta y, por supuesto, a los trabajadores, que ya no podían comprarle. Para la lógica de este sistema, la fachada institucional vale más que un trabajador alimentado. Ahora, el joven colega trabaja igual, pero sin comer.
La violencia escala del hambre al trauma. Aún tengo fresca la imagen de una colega colapsando en una crisis nerviosa, quebrada por los gritos ensordecedores de un jefe que decidió «corregirla» en público. No fue una reunión privada; fue un espectáculo de humillación frente a todos los compañeros, donde el abuso se ejerció a todo volumen.
Pero lo más desolador vino después. Y lo cuento ya desde la pena ajena y la incomprensión: curiosamente, fue esa misma colega —la de los nervios rotos, la de la humillación pública— quien, el día que ese jefe dejó el cargo, lloró su partida y le agradeció públicamente por «tanto apoyo». El sistema es tan perverso que no solo te lastima, sino que te convence de que el abuso fue necesario. Una derivación perversa del síndrome de Estocolmo.
Sin embargo, la violencia no siempre llega a gritos; a veces es silenciosa, ambiental e invisible. Se manifiesta en las condiciones físicas que se nos obliga a aceptar: trabajar hacinados en espacios reducidos, sin ventilación, sofocados entre sillas rotas y cajas abarrotadas. Porque la oficina no es solo oficina; en la práctica, funciona como el almacén de lo que sobra.
Y esto es real: nuestro espacio colinda con la cochera de la institución. A cualquier hora, los vehículos oficiales encienden motores, dejando que el olor a combustible y los gases invadan el aire estancado que respiramos. Así, el joven colega del que hablaba antes —aquel que ya trabaja con sueño y con hambre por la prohibición de comer— ahora también trabaja con los pulmones llenos de humo.
Aquí surge una sarcástica igualación: estas condiciones las soportan también los colegas bajo el régimen CAS. El humo y las sillas rotas no distinguen siglas; el abuso se hace general. Sin embargo, para nosotros, los de las Órdenes de Servicio, la injusticia tiene una capa adicional. Mientras que el personal de planta tiene un vínculo contractual que justifica su presencia, a nosotros se nos impone una presencialidad ilegal en espacios no aptos. Se nos obliga a asistir enfermos en estas oficinas-almacén a las que, por la supuesta «autonomía» de nuestro contrato, no tenemos obligación de estar atados. Pero aguantas o te botan.
Esta precariedad tiene una cura milagrosa e instantánea: la visita oficial. Los días que llega un congresista o algún ministro, la oficina-almacén se transforma. Se limpia el espacio, se esconden las cajas y se disimula el hacinamiento. Porque, bajo la lógica de esta gestión, la salud de los trabajadores es negociable, pero la «mala imagen» ante el superior jamás.
En medio de esta rutina, regresa a mi mente «El efecto Lucifer» de Philip Zimbardo. En ese libro, él sostiene que no son las personas las que se transforman por sí solas en verdugos, sino que son los sistemas los que moldean las conductas. Es el precio de ‘pertenecer’. Las órdenes de servicio funcionan precisamente así: como un sistema diseñado para la explotación. Un sistema que no exige horario en el contrato, pero lo impone con la mirada; que no reconoce subordinación en la ley, pero la ejerce mediante el miedo, el hambre, el humo y la manipulación emocional.
La pedagogía de la sumisión
¿En qué momento aceptamos esto? ¿Dónde aprendimos esta dinámica? La respuesta duele porque es primaria: en la escuela. Fue allí donde nos enseñaron dos lecciones fundacionales: a obedecer sin interpelar y a normalizar la precariedad física.
El paralelismo se mete, literalmente, en el estómago. En la escuela nos prohíben comer «porque es hora de estudiar». No importa que seas un estudiante de una comunidad rural, que lleves despierto desde las 5:00 a.m. y hayas caminado una hora o más con el estómago vacío. La regla burocrática se impone sobre la necesidad biológica: en clase no se come.
¿Les suena familiar? Es el mismo espejo del compañero de oficina al que le prohibieron comprar desayuno. El sistema te entrena desde niño para aguantar el hambre o las ganas de ir al baño en nombre del «orden». Y cuando por fin el sistema te permite comer —sea en el recreo escolar o en el refrigerio laboral— lo que ofrece es indignidad. Basta ver las recientes denuncias a Wasi Mikuna: niños alimentados con conservas de carne de caballo o productos contaminados. El mensaje de fondo es brutal: tu bienestar no importa, importa que cumplas el horario.
Pero hay algo más oscuro en lo que aprendemos. Francesca Uccelli, en el libro La sociedad desde la educación (editado por Ricardo Cuenca y publicado por el IEP), nos lanza una definición que hiela la sangre. Al analizar la mirada de «María», describe el proceso educativo como un empoderamiento gradual, pero con un «matiz siniestro».
¿Cuál es ese matiz? Que el abuso de poder se presenta como el resultado directo de la experiencia escolar. La lógica siniestra consiste en que, a mayor cantidad de años de escolaridad, mayor es la habilidad para procurar el beneficio propio. Y no solo eso, sino también para hacerlo a expensas de otros. El éxito de las trayectorias educativas —completar la secundaria, tener un título, llegar a ser jefe— supone apropiarse de los códigos del mundo urbano y saber usarlos. En esa ecuación, los «otros» —los menos protegidos, los locadores, los últimos de la fila— se convierten en las presas fáciles y principales víctimas del abuso.
El jefe que grita, que prohíbe comer y que exige obediencia ciega no es una anomalía; es el alumno aplicado que aprendió demasiado bien la lección de servirse de los demás. Y ahora es ‘Brigadier’, autorizado además a usar la vara.
Para cerrar el círculo, aparece la memoria. José Carlos Agüero, en «Los rendidos», propone el concepto de una «memoria impura», atravesada por los afectos y lejos de los relatos oficiales. En el Estado, esta memoria explica por qué cada actor ve una película distinta:
- El jefe recuerda metas cumplidas (su éxito urbano).
- El sistema recuerda entregables archivados.
- El locador recuerda el cansancio, el miedo y el cuerpo enfermo (su costo).
Cada quien recuerda desde el lugar que ocupó en la estructura.
El último eslabón y la escuela perpetua
Lo que tienen en común estas miradas es que revelan que el caos y la verticalidad no son fallas del sistema, sino parte de su diseño operativo. Importan los papeles y los plazos, no el agotamiento físico ni la dignidad de quienes los elaboran.
En esta lógica vertical, la presión cae en cascada: del jefe al coordinador, del coordinador al especialista, y del especialista al gestor. Y aquí es donde el sistema confirma su matriz pedagógica más cruel: el trabajo estatal funciona como un calco de la peor escuela. Y la escuela, como la cárcel —recordando a Foucault— nacieron para vigilar y castigar.
La dinámica es idéntica a la de aquel docente autoritario que atiborra de tareas al estudiante, sin importarle su vida fuera del aula. Al igual que ese alumno que no tiene derecho a descansar —que debe estudiar en la mañana, hacer deberes en la noche y sacrificar sus fines de semana para entregar la maqueta el lunes—, el locador se convierte en el eterno estudiante castigado.
El jefe, imitando al mal maestro, exige el cumplimiento sin preguntas; el locador, como el alumno sumiso, pone la desvelada. La diferencia es que ahora la «nota» es el sueldo que nos permite comer.
Es la matemática de la injusticia: Yo recibo cien tareas. Paso noventa y nueve. Me quedo con una. Pero ser el último eslabón tiene una trampa mortal: ya no hay nadie más abajo a quien delegar.
Una versión cómica y al mismo tiempo realista de un viejo refrán, dice que no debes dejar para mañana endilgarle a otro lo que tú debes hacer hoy. Sin embargo, cuando la cadena de mando termina en mí, lo que arriba se llama «gestión», abajo se convierte en canibalismo personal. Para cumplir con la «tarea», no delego a otra persona; delego a mi propio cuerpo. Le robo horas a mi sueño, le quito tiempo a mi comida, a mi familia y le resto oxígeno a mis pulmones. Lo que era responsabilidad colectiva se privatiza en mi salud.
Este escenario no va a cambiar fácilmente porque la burocracia se alimenta de ese sacrificio silencioso. Pero hay que decirlo alto: el cansancio es político porque nos disciplina. Y mientras no cuestionemos al sistema —no solo a las personas— seguiremos cometiendo el error trágico de llamar «compromiso» a lo que, legal, humana y pedagógicamente, no es más que explotación.
Lima, diciembre de 2025
