El 27 de octubre de 2025, The New York Times publicó un artículo titulado “How Politics Is Changing the Way History Is Taught”, firmado por Dana Goldstein. En él se analiza cómo debates políticos en Estados Unidos están impactando la enseñanza escolar, particularmente en áreas como historia y educación cívica. La aprobación de leyes que restringen el tratamiento de temas como racismo, derechos civiles, género o diversidad sexual, así como el retiro de materiales educativos considerados controversiales, son algunas de las evidencias presentadas. A ello se suma un efecto de autocensura entre docentes, quienes señalan que la presión política los está llevando a modificar sus currículos, limitar el debate en el aula y evitar ciertos temas (Goldstein, 2025).
Lo que ocurre en Estados Unidos no es un caso aislado. En distintos países, el currículo escolar se ha convertido en un terreno de disputa sobre qué historias, derechos y conocimientos pueden enseñarse en la escuela. No son resultado de debates entre posturas pedagógicas. Responde más bien a una estrategia política e ideológica cuyo objetivo es limitar la discusión crítica en las aulas y construir determinados relatos sobre la historia y la sociedad contrarios a la diversidad, la inclusión, las libertades. Se trata pues de una confrontación política e ideológica sobre qué tipo de país queremos construir y qué tipo de ciudadanía se busca formar desde la escuela.
Esta disputa no es nueva, pero se ha agudizado en los últimos años, ante el avance de discursos ultraconservadores, en la sociedad, y la presencia e influencia de sectores religiosos en las esferas legislativa y ejecutiva. En estas ubicaciones, vienen utilizando su poder para moldear la política educativa buscando imponer al conjunto de la sociedad su visión particular, excluyendo otras perspectivas y polarizando el debate.
El currículo no es un instrumento neutro ni una simple herramienta técnico-pedagógica. En él se condensan decisiones sobre qué saberes se consideran valiosos, qué experiencias y memorias se reconocen, qué derechos se legitiman y qué tipo de ciudadanía se busca formar. Por eso, toda disputa curricular es también una disputa política: pone en juego una determinada visión de sociedad, de desarrollo y de convivencia democrática.
Esta comprensión del currículo como una herramienta estratégica para el desarrollo social también ha sido subrayada en el debate educativo internacional. Como señala la UNESCO: “Un proceso sólido de cambio y desarrollo curricular no comienza con el análisis del tiempo de instrucción y los contenidos relacionados con las áreas y disciplinas de aprendizaje, sino con la comprensión de los desafíos que enfrenta cada país para asegurar su desarrollo y el tipo de competencias individuales y de ciudadanía necesarias para lograrlo” (UNESCO & OREALC, 2017, p. 8).
Desde esta perspectiva, las iniciativas de modificar el currículo nacional o intervenir en los materiales educativos no pueden leerse únicamente como ajustes técnicos. Deben entenderse como parte de una disputa más amplia sobre qué contenidos, valores y experiencias formativas deben transmitirse desde la escuela.
Es en este contexto que urge leer las propuestas -en particular aquellas emanadas desde el legislativo- de introducir cambios al currículo y/o de incidir en los materiales educativos, que constituyen una herramienta de implementación curricular, y leer también algunas disposiciones con respecto al desempeño docente.
¿Cómo se expresa esta disputa en el Perú? ¿qué está en juego? ¿Cómo afecta la labor de los y las docentes y el derecho de estudiantes a una educación integral? ¿Cómo afecta a la sociedad en su conjunto?
Un recuento de la última década
En el Perú, el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), aprobado en 2016, ha sido objeto de una disputa constante. En la última década, los intentos por modificarlo o limitar su implementación han seguido una secuencia clara: primero la judicialización del enfoque de género, luego el control sobre materiales educativos y, más recientemente, cambios legales que buscan redefinir la educación sexual y la política de igualdad en el sistema educativo. Tres hitos ilustran esta trayectoria.
- Judicialización del currículo (2016–2019):
El primer intento de modificar el currículo se produjo a través de la vía judicial. En 2017, colectivos vinculados al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas interpusieron una acción popular contra el enfoque de igualdad de género incorporado en el Currículo Nacional. La demanda buscaba declarar ilegal este enfoque bajo el argumento de que introducía la llamada “ideología de género” en la educación escolar.
Aunque finalmente la Corte Suprema declaró infundada la demanda en 2019, el proceso tuvo efectos concretos: durante varios años se ralentizó la implementación del currículo, se recortaron procesos de capacitación docente y se postergó la producción de materiales educativos alineados con el nuevo enfoque. Más importante aún, el proceso instaló una narrativa que marcaría la década: el currículo comenzó a ser presentado no como una política educativa, sino como un campo de disputa moral sobre sexualidad, familia y autoridad del Estado en la educación.
- Intervención sobre materiales educativos (2022):
Tras el fracaso de la vía judicial, la disputa se trasladó hacia un nuevo frente: los materiales educativos. En 2022 el Congreso aprobó la Ley 31498, que promueve la participación de organizaciones de padres de familia en la elaboración y revisión de materiales educativos. Aunque la norma se presenta como una medida para mejorar la calidad de los recursos pedagógicos, en la práctica introduce un mecanismo de observación y presión sobre contenidos considerados sensibles. La revisión de materiales se ha concentrado especialmente en áreas como Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología, donde se abordan temas vinculados a género, sexualidad, derechos humanos o memoria histórica.
Este cambio altera el equilibrio institucional del sistema educativo: debilita la rectoría técnica del Ministerio de Educación y de los propios docentes, desnaturaliza el rol de las familias y desconoce el expertise pedagógico que supone elaborar materiales, generando confrontaciones cuando lo que más se requiere es reforzar el vínculo familia-escuela.
- Reforma legal del marco de igualdad (2025):
El tercer hito de esta década es la aprobación de una nueva ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 2025. Esta norma sustituye referencias al enfoque de género por el concepto de “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” y dispone que el Ministerio de Educación emita lineamientos de educación sexual “con base científica, biológica y ética”.
En la práctica, esto implica retirar la referencia explícita a la Educación Sexual Integral (ESI) del proceso de actualización del Currículo Nacional y de los currículos regionales. La medida representa un cambio significativo porque convierte una agenda ideológica en mandato legal, obligando a adaptar políticas públicas en distintos sectores del Estado y abriendo un nuevo capítulo en la disputa por el sentido del currículo.
Estos episodios no son hechos aislados. En los últimos años han proliferado proyectos legislativos que buscan modificar el currículo nacional, eliminar áreas o competencias, restringir la educación sexual integral o declarar ilegal el llamado “enfoque de género” (sin discutir su significado). A ello se suman intentos de censura a materiales educativos sobre el conflicto armado interno, la dictadura o los derechos humanos, así como iniciativas que pretenden “equilibrar” versiones históricas desconociendo consensos como los establecidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En esta misma línea se inscribe el dictamen aprobado por la Comisión de Educación en junio de 2025 que propone crear una Comisión de Alto Nivel para revisar o elaborar un nuevo currículo. Más que intervenciones puntuales, estas iniciativas configuran un patrón: la creciente politización del diseño curricular y la apertura institucional para reescribir la educación escolar bajo presión legislativa.
En conjunto, estos procesos revelan un desplazamiento estratégico: lo que comenzó como un litigio contra un enfoque específico se ha expandido hacia materiales educativos, práctica docente y legislación nacional, abarcando progresivamente todo el ecosistema de la política educativa.
¿Qué está en juego para las y los estudiantes?
El Perfil de egreso del Currículo Nacional establece que, al culminar la educación básica, las y los estudiantes deben ser capaces de deliberar sobre asuntos públicos, participar en acciones que promuevan el bienestar común, construir acuerdos y manejar conflictos de manera constructiva. También deben desarrollar una identidad basada en el respeto a la diversidad, comprender los procesos históricos que han marcado al país y ejercer una vida sexual informada, responsable y libre de violencia.
Estas competencias no son accesorias. Forman parte del núcleo del currículo y responden a desafíos centrales de la sociedad peruana: fortalecer la convivencia democrática, promover la igualdad entre hombres y mujeres, prevenir la violencia y construir una memoria histórica crítica.
Cuando se intenta eliminar la educación sexual integral, censurar contenidos sobre derechos humanos o restringir el enfoque de género, no solo se retiran determinados temas. Se debilita el desarrollo de competencias esenciales: convivir con otros, comprender procesos sociales complejos, tomar decisiones informadas sobre el propio cuerpo y participar activamente en la vida democrática.
Modificar el currículo desde criterios particulares y no productos del diálogo y orientados por los fines de la educación, pone en riesgo el pensamiento crítico, la deliberación democrática y el reconocimiento de la diversidad, y restringe el derecho de las y los estudiantes a una educación integral que los prepare para comprender el mundo y ejercer plenamente su ciudadanía.
¿Cómo afecta a las y los docentes?
La autonomía pedagógica es uno de los pilares del ejercicio profesional docente. En el caso peruano, el propio Marco del Buen Desempeño Docente reconoce que la labor del profesorado no se limita a transmitir contenidos, sino que contribuye a la formación de ciudadanos y al fortalecimiento de la convivencia democrática. Como señala este documento, “la misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de constituirnos como país, como sociedades cohesionadas con una identidad común” (Ministerio de Educación, 2012).
En este marco, enseñar temas como derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, memoria histórica o convivencia democrática no es una opción ideológica del docente, sino parte del mandato formativo del sistema educativo. Sin embargo, cuando se promueven normas que buscan imponer la llamada “neutralidad docente” o se intenta restringir determinados contenidos curriculares, se introduce una lógica de vigilancia sobre la práctica pedagógica. El resultado es un clima de incertidumbre que puede derivar en autocensura: los docentes evitan abordar temas sensibles por temor a sanciones, denuncias o cuestionamientos públicos.
Experiencias recientes en distintos países muestran que estas presiones no solo afectan lo que se enseña, sino también cómo se enseña. Cuando los docentes sienten que ciertos temas pueden convertirse en motivo de controversia política, se debilita la deliberación en el aula, se reducen las oportunidades de discusión crítica y se empobrece el proceso educativo.
En lugar de fortalecer la profesionalidad docente, estas iniciativas tienden a despojar al profesorado de su rol como agente formador de ciudadanía y lo colocan bajo sospecha permanente. Esto no solo limita la libertad pedagógica, sino que empobrece la capacidad de la escuela para formar estudiantes críticos, reflexivos y comprometidos con la vida democrática.
¿Qué pierde la sociedad?
La disputa por el currículo no es nueva. En todas las sociedades democráticas los contenidos educativos se debaten, se revisan y se actualizan. El currículo debe ser resultado de deliberaciones amplias que incluyan a distintos actores sociales, porque expresa el tipo de sociedad que aspiramos a construir.
El problema no es que existan desacuerdos. El problema es cuando una política pública deja de construirse desde el diálogo plural y pasa a ser moldeada por la hegemonía de un solo sector que busca trasladar sus convicciones personales o religiosas al conjunto de la sociedad. Eso es lo que hemos visto en la última década.
Las iniciativas que buscan eliminar la educación sexual integral, restringir el enfoque de género, censurar materiales o limitar la autonomía docente no surgen de debates pedagógicos ni de evidencia educativa. Surgen de proyectos políticos que intentan redefinir qué historias pueden contarse, qué identidades pueden reconocerse y qué derechos pueden enseñarse en la escuela.
Cuando esto ocurre, el currículo deja de ser una herramienta para ampliar oportunidades y se convierte en un instrumento para restringirlas. Por eso la discusión sobre el currículo no es sólo un debate técnico ni una polémica pasajera. Es una discusión sobre democracia.
En la escuela no solo se aprenden matemáticas o lenguaje. También se aprende quiénes importan, qué historias se cuentan, qué silencios pesan y qué futuros son posibles.
Defender un currículo basado en derechos, en evidencia pedagógica y en la diversidad de la sociedad peruana no es defender una ideología. Es defender el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación que los prepare para comprender el mundo y transformarlo.
Lima, marzo de 2026
Referencias
- Congreso de la República del Perú. (2024). Predictamen del Proyecto de Ley N.º 6511/2023-CR. https://leyes.congreso.gob.pe
- El Comercio. (2025). Minedu busca eliminar palabras sensibles de textos escolares. https://elcomercio.pe
- Goldstein, D. (2025). How Politics Is Changing the Way History Is Taught. The New York Times. https://www.nytimes.com
- Human Rights Watch. (2023). Peru Is Threatening Human Rights Education. https://www.hrw.org
- Ministerio de Educación del Perú. (2012). Marco del buen desempeño docente. https://www2.congreso.gob.pe
- Muñoz Cabrejo, F. (2025). Desafíos y disputas en torno al enfoque de género en la educación peruana. Revista Brasileira de Educação, 30. https://doi.org/10.1590/S1413-24782025300005
- UNESCO & OREALC/UNESCO Santiago. (2017). El currículo en la Agenda de Educación 2030. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259338
