Edición 20

El financiamiento de la innovación educativa, ¿debería ser una prioridad para el próximo gobierno?

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Nadja Juárez Abad / Para EDUCACCIÓN

Siguiendo la línea del artículo que publiqué anteriormente, la pregunta grande que no podremos responder aquí pero que desafía la concreción de propuestas podría ser: ¿cómo financiar la equidad educativa con eficiencia? Entramos a terrenos de la calidad con criterios de equidad vertical y se hace necesario delimitar.  Siguiendo una línea teórica que vincula innovación como un criterio de calidad, nos preguntamos ¿es necesario, incluso prioritario financiar las condiciones para innovar en contextos de mayor necesidad, como un esquema que permite la superación contextualizada de los problemas y las aspiraciones pertinentes de una comunidad educativa?

El gráfico de entrada podría ser el siguiente:

 

Entremos al asunto de las condiciones generales que requiere una visión compartida, la re significación del cambio educativo y nuestras dificultades como sistema, para gestionarlo.  Recordemos también, que el tema no ha sido una prioridad para la gestión actual, y aún no se presenta como tal en los planes de gobierno de las dos opciones que se disputan la próxima administración. La pregunta es ¿deberían serlo?

  1. Financiar condiciones para innovar en educación

¿Cuáles serían las condiciones mínimas para escalar no solo las innovaciones ya existentes en escuelas públicas (que de por sí encontrarlas es una ardua tarea que no hemos iniciado sistemática y articuladamente en el Sector), sino también la capacidad para generarlas, para responder eficazmente a los problemas educativos considerando las especificidades de nuestros contextos geográficos, culturales, sociales, etc?, la respuesta será mayor inversión en el gasto por alumno?, ¿en el mejoramiento de la infraestructura? Siguiendo una línea teórica que estudia los factores que inciden en el resultado académico de estudiantes, Nestor López (2005) sostiene que éstos dependen menos de los recursos que de las propias prácticas, cita a Gaviria, Martínez-Arias y Castro (2004) y analiza las experiencias en esta línea de Chile y Francia. Entonces la pregunta que nos toca es ¿cuál es el mínimo de equidad necesario para que las prácticas sean eficaces?

Ahora es que retomamos las variables sugeridas por Tedesco (2011), y planteadas en el artículo anterior, y nos concentramos en tres puntos, complementando su formulación: a) la demanda de sentido o la perspectiva de una visión común a largo plazo; b) la dificultad para cambiar los sistemas educativos y su impacto en la formación de las personas de cara a la sociedad del conocimiento; c) la revaloración de la dimensión pedagógica del cambio educativo y sus condiciones sociales.

Para la perspectiva de una visión común y las dificultades para cambiar los sistemas educativos, es importante fortalecer la capacidad de identificar los problemas específicos que se pretenden resolver. Esto nos lleva a revisar nuestras agendas de política educativa en contextos descentralizados. Si la demanda que asumimos para darle sentido y dinamismo al sistema, por ejemplo en una región, provincia o distrito deviene fundamentalmente o únicamente de lo que determine el gobierno central, ¿qué tanto estamos construyendo objetivos contextualizados que ayuden a superar brechas? Como un ejemplo, si nuestro sistema educativo se mueve en primer lugar por los resultados de la evaluación censal, en un contexto rural o indígena, ¿qué condiciones estamos generando para superar problemas específicos de ese entorno? Aquí ya hay un reto que visibilizar respecto a la gestión de condiciones, que desafía en primer lugar a los actores.

En este punto, ¿qué condiciones financieras tienen las instancias educativas descentralizadas (DRE/UGEL) para promover desde su gestión territorial estos esfuerzos?, ¿esto debería ser un punto de partida  para mejorar las condiciones en las escuelas?

Financiar condiciones para desarrollar y escalar innovaciones tiene mucho que ver con la capacidad de gestionar el territorio, de sistematizar y evaluar las prácticas de acuerdo a los contextos, con el objetivo de incrementarlas y desarrollarlas.

Empecemos por aquí, por dar una mirada a las UGEL, a sus limitaciones y posibilidades de entender lo que requieren las escuelas para luego imaginar esquemas de financiamiento que mejoren las condiciones de impulso de lo que Tedesco llama la “revaloración de la dimensión del cambio pedagógico”.

Este punto presenta un avance en la priorización de ejes de política de la actual gestión del Minedu, la revaloración del docente, pero ¿en qué medida enfatiza la importancia del cambio pedagógico o de la innovación propiamente y su enlace con los sistemas escolares? Tedesco hace un mayor énfasis aquí, en los modelos de organización y gestión educativa que requieren mejorar condiciones para un nivel básico de equidad y cohesión social como condición necesaria para que sea posible un proceso educativo exitoso (20011:84), donde el cambio pedagógico sea posible. En esta línea, ¿los procesos formativos actuales podrían convertirse en una condición para resignificar el cambio educativo?

  1. El eje movilizador, de lo pedagógico a lo social

En el gráfico de inicio hemos sugerido que los esfuerzos de innovar en educación permiten generar respuestas eficaces y contextualizadas a problemas específicos, y que esto puede funcionar mejor en territorios donde la brecha de condiciones y aprendizajes es mayor.

También hemos sugerido, gracias a las variables de Tedesco, que mejorar las condiciones para mejorar las prácticas en escuelas, requiere de una visión compartida sobre lo que se requiere cambiar, de una gestión territorial más eficiente y de una propuesta formativa más especializada.

Con ello, no esperaríamos solucionar las brechas más estructurales o integrales de educabilidad, pero sí priorizar, entender mejor las problemáticas y las fortalezas para plantear soluciones que podrían ser escalables con el apoyo de una eficiente gestión descentralizada articulada a metas claras, evaluaciones de calidad y medidas compensatorias desde el gobierno central.

Recordando testimonios de maestros o maestras rurales, familias o comunidades indígenas, sobre los cambios generados con una propuesta de cambio, se afirma el potencial movilizador de la innovación educativa, de cohesión social y de acceso a una ciudadanía que es cada vez más urgente en nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

López, Néstor. Equidad educativa y desigualdad social. IIPE – UNESCO, 2005
Tedesco, Juan Carlos. En Calidad, equidad y reformas en la enseñanza. Metas 2021, OEI, 2011.

 

Nadja Juárez Abad
Socióloga con post grado en derechos humanos, participación y ciudadanía, por la Universidad Ruiz de Montoya; y estudios de maestría en políticas públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado en la gestión de proyectos de desarrollo y de investigación en Instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Ha liderado la Mesa técnica nacional para el Marco de la innovación y las buenas prácticas educativas de Fondep, y ha presentado publicaciones de experiencias sistematizadas y estudios en educación y en capital cultural. Experiencia en la gestión pública, en la gestión del conocimiento, en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos; investigación y sistematización de experiencias. Manejo de enfoques de desarrollo, interculturalidad, género, infancia, y derechos humanos.