Luis Guerrero Ortiz / Para EDUCACCIÓN
El Ministerio de Educación inició el 2012 un proceso de reforma del currículo escolar, a siete años de su aprobación el 2005, en cumplimiento de una política del Proyecto Educativo Nacional. Desde entonces, realizó innumerables consultas con maestros, estudiantes, padres de familia, especialistas en diversas áreas curriculares, asesores internacionales, además de encuestas y estudios comparativos sobre aspectos específicos. Es decir, desarrolló un proceso abierto y participativo sin precedentes en la historia de las reformas curriculares en el Perú. Ejemplos sobran. Solo el último «ajuste» efectuado al Diseño Curricular Nacional a fines del 2008 se hizo en pocos meses y con escasas reuniones de presentación, tal como era la tendencia en los procesos de formulación curricular.
Ahora la nueva propuesta curricular ya está lista y el ministro Jaime Saavedra ha expresado su decisión de dejarla oficializada, luego de constatar el largo proceso de debates de estos cuatro años, así como los diversos mecanismos activados para asegurar su consistencia técnica y pertinencia a la diversidad del país. El ministro comparte la certeza de que lo que toca es dejarlo en manos de los docentes y monitorear su uso, pues esa será la mejor validación, acompañándolos en su esfuerzo en vez de continuar invirtiendo recursos y energías en prolongar el debate hasta el infinito. Y sin embargo, subsisten voces que cuestionan la decisión y reclaman más discusión, más consultas, más correcciones, hasta lograr una unanimidad que jamás llegará y de la que no goza ningún currículo en el mundo. Por su naturaleza, los currículos son siempre controversiales y no hay debate público por extenso que sea que deje a todos satisfechos.
Cuando el Consejo Nacional de Educación decidió elaborar el Marco de Buen Desempeño Docente, invirtió tres años de trabajo e hizo consultas con maestros, formadores y estudiantes en todo el país, con expertos nacionales e internacionales, con representantes de redes escolares innovadoras, públicas y privadas, con universidades e investigadores y con organizaciones magisteriales, contando con el apoyo técnico de varios organismos de Naciones Unidas. Además, realizó dos congresos nacionales, en Trujillo y Lima, que convocó a miles de docentes, para discutir las sucesivas propuestas; sistematizó criterios de buenas prácticas producidos en distintas latitudes del mundo y encargó tres estudios a investigadores destacados del IEP para dar sustento a sus planteamientos.
Entregado formalmente al Ministerio de Educación a fines del 2011, esta entidad invirtió un año más en hacer consultas con maestros y otros actores nacionales, así como con más expertos internacionales, a fin de ampliar el consenso y la consistencia de la propuesta. No obstante, una vez oficializado a fines del 2012, no faltaron voces que discutieron su legitimidad, sosteniendo que no representaba a los maestros, que tenía gruesas omisiones, que debía consultarse más.
Lo mismo ocurrió con el Proyecto Educativo Nacional, producto de 5 años de consultas y debates plurales a lo largo de todo el país, pues una vez oficializado a inicios del 2007, así como fue elogiado y celebrado, tampoco dejó de ser objeto de cuestionamientos por quienes discrepaban con varios de sus planteamientos, exigiendo más consultas, más consenso y más debate.
Es curioso. Cuando determinados instrumentos de política de indudable interés público se hacen sin transparencia, es decir, a puertas cerradas, entre unos cuantos y en procesos sumarios, suele ocurrir que casi nadie reclama y esos instrumentos entran en vigencia sin mayor oposición, así no tengan después una aplicabilidad real. Es recién cuando se someten a debate que pareciera abrirse la caja de Pandora y se inicia, con y sin razón, un círculo de cuestionamientos y debates que parece no tener ni querer tener fin.
El proceso de reforma curricular iniciado el 2012 por la Ministra Salas y continuado por el Ministro Saavedra asumió ese costo porque el currículo no es solo un objeto técnico sino también ciudadano, al dibujar el horizonte hacia el cual la educación necesita hacer transitar a las jóvenes generaciones de todo un país. Someterlo a discusión era ineludible, más allá que lo pidiera la norma. Pero también porque el Proyecto Educativo Nacional demandó este cambio después de constatar la prevalencia de una concepción curricular que no había demostrado efectividad y que había aumentado la brecha entre sus demandas y lo que en verdad se seguía enseñando en las escuelas.
Los dos célebres informes de McKinsey & Company sobre los sistemas educativos de más alto desempeño en el mundo, describen los tres estándares internacionales de un buen currículo: expectativas altas claramente formuladas, baja densidad de contenidos y una gradualidad explícita y coherente entre sus demandas. Un currículo cuyas exigencias no son precisas, dejándolas abiertas a la libre interpretación de los docentes; que planta una cantidad desmesurada de contenidos, al punto de volverse inejecutable en su totalidad; y cuyas demandas de aprendizaje no dibujan una secuencia progresiva clara y articulada en lenguaje y significados, desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, se convierte en un currículo poco operativo, que los docentes simulan desarrollar pero que terminan sustituyendo por cualquier libro de texto.
Lamentablemente, el Diseño Curricular Nacional, aprobado el 2005 luego de numerosos intentos fallidos de consolidar una sola propuesta curricular para toda la educación básica, heredó graves deficiencias en estos tres campos.
Creer que esta reforma es un cambio más, como tantos otros en el pasado, antojadizo y errático, es situarse fuera de la historia que ha vivido la educación básica en los últimos 20 años e ignorar la inoperatividad del currículo hoy vigente. ¿Dejamos las cosas como están? Eso sería ponerse de costado frente al hecho de que aquí no se enseña lo que el currículo pide. ¿Seguimos discutiéndolo por otros cuatro años hasta que no quede un solo maestro sin consultar? Está demostrado que esa opción tampoco garantiza consensos mayores. ¿Lo ponemos a prueba en algunas escuelas hasta que en dos o tres años se demuestre que funciona? Esta fórmula, además de ser una manera elegante de eludir la responsabilidad, no se aplica en ningún país del mundo. De otro lado, enfocarnos solamente en cualquiera de los defectos de la propuesta –que los tiene y que pueden enmendarse- para invalidarla en conjunto, es dejar que hable la rabia para convertir cualquier discusión en un acto irracional e inútil.
Lo que corresponde ahora es cerrar el círculo de una vez por todas y dejar que este barco se eche a la mar, pero apoyado por primera vez en mecanismos permanentes de seguimiento, que recojan información sobre su aplicación en el aula, así como de acompañamiento al docente, para ayudarlo de manera directa en el difícil proceso de la implementación. Si algo hay que exigirle al Ministerio de Educación con energía, es que estos mecanismos se diseñen, se activen y funcionen con eficiencia. Eso y no un currículo discutido por largos años sería hacer historia a favor de mejores aprendizajes.
Lima, 19 de mayo de 2016
