Román Aller Zárate | EDUCACCIÓN
¿Cómo lograr que el planeamiento y las políticas logren orientar la educación en el país exige? ¿Cómo hacerlas efectivas? Ese es un gran reto que como país se debe asumir, pero sobre todo debe hacerse, llevarse a la práctica. Si no, “los planes son solo buenas intenciones a menos que degeneren inmediatamente en trabajo duro”, como lo señala Peter Ferdinand Drucker. Y para ello es necesario asumir a la educación como una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad en su conjunto.
En el presente siglo, junto a la reforma de modernización del Estado, se han desarrollado diversos esfuerzos de planificación y políticas. Entre las más destacadas se encuentran las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional (2002), El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con el Centro de Planeamiento Estratégico (2011), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) a nivel regional y, los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC) a nivel local (2004- 2005). A nivel educativo, el Proyecto Educativo Nacional (PEN) vigente (2007) y actualmente en proceso de actualización al 2036 y la formulación de los Proyectos Educativos Regionales (PER) y los Proyectos Educativos Locales a partir del 2004-2005.
Todos estos procesos de planeamiento de mediano y largo plazo han significado grandes retos y avances que deben servir para sacar algunas lecciones. Entre ellas, que no sólo deban ser asumidos como procesos técnicos-normativos, sino que también como procesos políticos, que estuvieron acompañados por un “fuerte” componente participativo de la ciudadanía que le dieron cierta legitimidad. En la etapa de implementación se encontraron con limitaciones: a nivel político, con autoridades cuestionados por corrupción en los tres niveles de gobierno, a nivel institucional con notorias debilidades en la gestión y con el debilitamiento en los actores de sus procesos de participación. Y sobre todo, que dichos procesos de planificación estuvieron desvinculados con los instrumentos de gestión pública, es decir, no se expresaron en sus respectivos planes operativos (con el presupuesto).
Po ello, un reto del país es consolidar la planificación y las políticas, darle sostenibilidad (continuidad) y sobre todo, hacerlas efectivas (trabajar duro) para lograr los cambios esperados. Ello implica una ardua pero necesaria tarea: i) fortalecer las instituciones del Estado en los tres niveles de gobierno y, ii) propiciar mecanismos permanentes y flexibles para que los diversos actores puedan interactuar y participar con el Estado.
Aquí se debe apostar por algunos cambios en los procesos de planificación y las políticas. Éstas deben partir desde las necesidades e intereses de la diversidad de poblaciones en sus respectivos territorios (enfoque territorial), retomar seriamente la articulación entre los tres niveles de gobierno (descentralización), trabajar de manera integrada los diversos sectores del Estado (multisectorial) y, fortalecer a los diversos actores del territorio (sociedad organizada).
Para esa tarea se pueden mencionar algunos actores claves:
- El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) debe continuar con el reordenamiento y articulación de las políticas entre los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan). Este sistema plantea una secuencia desde las políticas y hacerlas efectivas con los planes, buscando que las apuestas estratégicas se expresen a nivel operativo y sobre todo cuenten con los recursos necesarios para su implementación y se brinde un mejor servicio público al ciudadano.
- El Ministerio de Educación debe continuar asumiendo el reto en la priorización de las políticas nacionales bajo su rectoría y la actualización del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Con ello debe orientar las políticas educativas del país, articular su trabajo con los demás sectores del Estado y coordinar de manera permanente con los gobiernos regionales y locales a fin de efectivizar la mejora de la educación en el país.
- El gobierno regional (GR) debe reorientar su planificación regional hacia la consecución de sus políticas en articulación con las políticas nacionales. Ello exige mirar el ámbito educativo regional desde una perspectiva estratégica e intersectorial, y sus instancias de gestión educativa descentralizada: Dirección Regional de Educación (DRE) y Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) garanticen condiciones operativas de la administración pública (contratación docente, materiales educativos, mantenimiento de los locales escolares, coordinaciones intersectoriales, entre otras) y así, las instituciones educativas puedan centrarse con mayor amplitud a sus labores pedagógicas y en los aprendizajes de las personas
- El gobierno local (GL) deben ser soporte, brindar condiciones adecuadas y complementar con acciones educativas para sus ciudadanos en sus respectivos territorios y asumir responsabilidades en la educación de manera concreta y desde la perspectiva de la educación a lo largo de la vida.
En resumen, tanto la planificación como las políticas de los tres niveles de gobierno no deben perder de vista su sentido educativo: acercar el Estado al ciudadano para brindar un mejor servicio público según sus propias características territoriales. Por ello, el objetivo de las políticas debe garantizar el derecho a la educación de las personas y la planificación debe definir los servicios educativos respondiendo a la dinámica de sus actores.
Es desde esa perspectiva que debe “pensarse” dichos procesos, una consolidación de las instituciones del Estado de los diferentes niveles de gobierno que permitan que las apuestas puedan sostenerse en el tiempo y puedan converger y alcanzar acuerdos compartidos con los diversos actores y sectores hacia el logro de una mejor educación en el país.
Lima, 9 de marzo de 2020
