El vínculo entre la desigualdad educativa y la infraestructura

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Fuente: The Washington Post

El representante Jamaal Bowman (DN.Y.) presentó recientemente una legislación que pide 1,43 billones de dólares en fondos federales para respaldar las mejoras en los edificios escolares y la infraestructura verde, mientras se realizan importantes inversiones en la enseñanza y el aprendizaje. Como ex director, consejero y maestro de una escuela pública, Bowman comprende de primera mano las dificultades que los educadores, las familias y los jóvenes han soportado este año, y especialmente el vínculo subestimado pero poderoso entre la infraestructura sostenible y la educación.

De hecho, la desigualdad educativa ha sido alimentada durante mucho tiempo por las estructuras físicas ineficientes del edificio de la escuela, algo que la respuesta al covid-19 expuso. Si bien los padres adinerados donaron recursos y fondos para garantizar que sus escuelas pudieran implementar prácticas de mitigación de covid-19, en particular el enmascaramiento obligatorio y el distanciamiento físico, las escuelas públicas que atienden a niños menos ricos y no blancos enfrentaron sistemas de HVAC anticuados y aulas sin ventanas , lo que dificulta la , si no imposible, implementar las políticas y prácticas de mitigación del covid-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Sin embargo, aunque el covid-19 ciertamente arrojó nueva luz sobre los riesgos para la salud asociados con las condiciones escolares deficientes, las raíces del problema son mucho más profundas. Las políticas y prácticas con prejuicios raciales que eligieron a los líderes y funcionarios de las escuelas públicas que se implementaron hace más de 100 años prepararon el escenario para una inversión insuficiente en la educación pública y la amplia variación en las instalaciones escolares que atienden a los jóvenes blancos y no blancos en la actualidad.

A partir de finales del siglo XIX, la dependencia de la financiación local, junto con los deseos de mantener escuelas desiguales y racialmente separadas, impulsó patrones de financiación escolar desiguales.

En 1875, por ejemplo, las familias negras exigieron que los funcionarios de St. Louis proporcionaran una escuela secundaria para los jóvenes negros. Los líderes escolares obedecieron a regañadientes y abrieron la primera escuela secundaria negra en un edificio previamente condenado y cerrado porque los funcionarios consideraron que no era adecuado para los jóvenes blancos. Las familias negras expresaron su preocupación por las condiciones deficientes dentro del edificio, así como por la proximidad de la escuela a una fábrica de plomo local que generaba aire contaminado y lleno de humo cerca de la escuela.

Los funcionarios de la escuela se negaron a escuchar. La mitad de los niños negros de la ciudad asistían a esta escuela, exponiéndolos a estas toxinas. En 1880, los funcionarios escolares asignaron $ 39,330 por escuela blanca y $ 14,600 por escuela negra. Estos diferenciales de financiación exacerbaron la desigualdad educativa y generaron instalaciones deficientes para las escuelas no blancas.

Esta estructura de financiación local, teñida de racismo, creó problemas en todo el país. En 1907, un profesor asistente de una escuela pública de Filadelfia dijo a los periodistas locales que “el peor aspecto de esta escuela es, con mucho, la falta de luz adecuada. Incluso hoy, cuando lo ves en las condiciones climáticas más ideales, la luz en esos rincones remotos de la habitación es tan pobre que los niños no pueden ver correctamente la pizarra, y ayer, con el trimestre apenas comenzado, muchos de los niños se quejaban de la tensión. en sus ojos “. Un invierno enseñó sin calefacción. Los administradores de la escuela cerraron el edificio de la escuela durante semanas porque las aulas estaban demasiado frías para la instrucción. A veces, los estudiantes inmigrantes menos acomodados no tenían acceso a agua potable y muchos tenían que sentarse en “asientos de pasillo.

Estas malas condiciones en las escuelas no blancas se mantuvieron constantes incluso cuando los distritos escolares continuaron construyendo nuevas escuelas en las décadas de 1920 y 1930, gracias nuevamente al control local de la financiación y las políticas. En un ejemplo en la década de 1940, la escuela primaria Black Macarty en Nueva Orleans, construida en 1861, tenía moho en los techos y ratas en las aulas .

Aunque los superintendentes escolares a menudo prometían recaudar fondos para construir nuevos edificios escolares y mejorar las instalaciones existentes, estas promesas tenían más posibilidades de cumplirse en los vecindarios predominantemente blancos. En lugares como Filadelfia, los funcionarios construyeron la mayoría de las escuelas públicas nuevas y modernas en comunidades blancas como West Filadelfia y Germantown, incluso cuando en el norte de Filadelfia los estudiantes asistían a escuelas superpobladas con recursos limitados e instalaciones deficientes.

Durante la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, los cuidadores y activistas negros en todo el sur se movilizaron con el Fondo de Educación y Defensa Legal de la NAACP para desafiar la doctrina de “separados pero iguales”, que había permitido escuelas segregadas. En respuesta, los estados del sur aumentaron los fondos para la construcción de escuelas negras en un esfuerzo por evitar que los tribunales las obligaran a integrar las escuelas. Entre 1951 y 1952, 13 estados del sur aumentaron ocho veces su gasto en instalaciones escolares para negros en comparación con la década anterior.

Tales inversiones ayudaron. De hecho, el informe de 1966 ” Igualdad de oportunidades educativas ” encontró pocas diferencias entre las instalaciones escolares para negros y blancos debido a estos esfuerzos, y señaló que la calidad de las instalaciones escolares tenía un mayor impacto en las oportunidades educativas para los estudiantes negros que para los estudiantes blancos. Pero, dada la motivación detrás de esta financiación, no es sorprendente que este fuera el último esfuerzo significativo para abordar estas disparidades racializadas en las instalaciones.

Y esto no era solo un problema del Sur. En 1957, Mae Mallory, madre de Harlem y activista comunitaria, testificó ante la Comisión de Integración de la Junta Escolar de Nueva York sobre las deplorables condiciones en la escuela pública predominantemente negra de su hijo. Mallory dijo que la escuela PS 10 era “tan Jim Crow como la escuela Hazel Street a la que asistió en Macon, Georgia”, y exigió que la ciudad financiara reparaciones y recursos para remediar las deficiencias de la escuela.

En las décadas de 1950 y 1960, los funcionarios escolares de Filadelfia  continuaron asignando más fondos y recursos a las escuelas blancas que a las escuelas negras, lo que a su vez contribuyó a las desigualdades en las instalaciones escolares. En 1959, en el Distrito 4 del oeste de Filadelfia, siete de las nueve escuelas públicas que recibieron más de $ 250 en gastos por alumno atendieron a jóvenes blancos; por el contrario, las 15 escuelas públicas que recibieron menos de $ 250 en gastos por alumno atendieron a los jóvenes negros. Agregue B. Anderson, cuyas opiniones racistas eran bien conocidas en la ciudad, controló los presupuestos escolares durante décadas y, por lo tanto, impulsó estos patrones de financiación con prejuicios raciales.

El distrito escolar gastó $ 80 millones en la construcción de escuelas. Pero esta financiación hizo poco por mejorar las condiciones en las escuelas predominantemente negras. La junta escolar priorizó las necesidades de las familias blancas de clase media que los funcionarios temían que pudieran huir a los suburbios. Si bien la mayoría de los estudiantes blancos asistieron a nuevas escuelas públicas, los estudiantes negros asistieron a escuelas con yeso descascarado, pisos podridos, techos dañados por el agua y unidades de HVAC anticuadas.

Y estas condiciones se derivaron de políticas que crónicamente subfinanciaban las escuelas en los vecindarios negros y continúan haciéndolo en la actualidad.

Entre 1995 y 2004, los distritos escolares gastaron casi $ 600 mil millones en gastos de capital . Y, sin embargo, los distritos no prósperos y no blancos tenían más probabilidades de gastar en reparaciones básicas, como techos y ventanas que fallaron por años de mantenimiento diferido, mientras que los distritos blancos prósperos tenían más probabilidades de invertir en mejoras educativas como laboratorios de ciencias o espacios de artes escénicas.

Pensilvania tiene una de las fórmulas de financiamiento estatal más inequitativas de la nación: en promedio, los distritos de alta pobreza gastan aproximadamente un 30 por ciento menos que los distritos más ricos. Por ejemplo, el Distrito Escolar de Filadelfia, que atiende principalmente a jóvenes de color de bajos ingresos, gasta alrededor de $ 13,000 por alumno cada año, mientras que el Distrito Escolar de Lower Merion adyacente, suburbano, que atiende a jóvenes blancos prósperos primarios, gasta alrededor de $ 23,000 por alumno por año. . Los funcionarios de Filadelfia carecen de los fondos que necesitan para facilitar mejoras a largo plazo en las escuelas de la ciudad y, por lo tanto, a menudo solo pueden responder a las emergencias más urgentes en los edificios escolares de la ciudad. Esta discrepancia de financiación entre la ciudad y el suburbio genera “Clases más grandes, menos opciones académicas, edificios más antiguos, menos tecnología y menos clases de arte, música y gimnasia”.

Durante décadas, periodistas , educadores , familias y jóvenes han documentado los efectos perjudiciales de la inversión insuficiente en las instalaciones de las escuelas públicas sobre la salud y el bienestar de los educadores y estudiantes. Los problemas comunes, incluidos el moho, las alimañas, el asbesto expuesto y la pintura descascarada y las tuberías de alimentación de agua que contienen plomo , representan riesgos importantes para la salud de cualquiera que pase tiempo dentro de estas instalaciones escolares públicas.

Covid-19 solo ha exacerbado estos problemas persistentes. El desafío actual exige una coalición creativa y comprometida de defensores, educadores, familias, jóvenes y, sí, funcionarios electos y escolares para remediar nuestras faltas pasadas y financiar las escuelas de manera equitativa.