Emergencia educativa y retorno a clases: ¿volver a lo de siempre?

Patricia Andrade Pacora | EDUCACCIÓN

Durante la entrevista para asumir la dirección de una Unidad de Gestión Educativa Local, Rosa María, la directora regional de educación, planteó a la terna finalista de postulantes el siguiente caso:

“Llega a la UGEL la queja de unos padres de familia, denunciando que su hija, estudiante del 5to de secundaria, ha sido víctima de tocamientos indebidos de parte del director, quien además habría intentado forzarla. Te resulta difícil creerlo, se trata de un director que, en tu opinión, es de los mejores: proactivo, innovador, entusiasta. Por ello, antes de tomar cualquier decisión, optas por escucharlo. Al inicio lo niega, pero al final se quiebra, llora y se muestra arrepentido, sostiene que la adolescente lo buscaba y que él fue débil, que nunca más lo volverá a hacer. Te pide que por favor intercedas ante los padres para que no formalicen la denuncia”. El caso es leído a cada postulante y se les plantea la siguiente pregunta: ¿Qué harían ante una situación así?

La respuesta fue unánime: darle otra oportunidad. Los argumentos: “Si es un buen director, si pide disculpas a la familia y se compromete a cambiar, hay que darle otra oportunidad”, “por un error en su vida no podemos afectarle su carrera profesional”, “hay que considerar que a veces las chicas de ahora no conocen límites, ahora todo se acusa, pero ellas también tienen responsabilidad”, “vivimos en una cultura machista, hay que entender también que no es fácil cambiar de un día para el otro; además, nada realmente grave pasó, no hubo violación”.

Este caso es real. ¿Qué nos enseña?

No lo puedo creer, él es una buena persona (mi amigo, compadre, buen vecino)

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, citado por el oficial de Población y Desarrollo del UNFPA (2018) “cada minuto una mujer es víctima de violencia física por parte de su pareja y cada cuatro minutos una mujer es víctima de violencia sexual por su esposo, conviviente o compañero”. Hay muchos más datos que señalan de manera abrumadora que quienes perpetran actos de violencia -desde acoso hasta violación- hacia la mujer, niña, adolescente o adulta, suelen ser personas de su entorno. Es decir, personas con las que interactúan de manera cotidiana, en las que hay depositada cierto nivel de confianza. Puede ser un amigo, vecino, compadre, colega o jefe del trabajo. No son, en su mayoría, personas ajenas, extrañas, ni que evidencien abiertamente este tipo de comportamientos, no tienen un rótulo en la frente que los tipifique como sujetos capaces de cometer tales actos. Son personas como cualquiera de nosotros, pueden desempeñarse no sólo de manera adecuada a las convenciones sociales, pueden incluso ser capaces de tener comportamientos solidarios, reconocidos por su desempeño en el ámbito social y laboral, como fue el caso del director de la escuela de esta historia, de una escuela, además, muy destacada.

Hace pocos años (2018), Ana María Guerrero, psicoanalista, escribió un artículo bajo el título: Si a los hombres que amo en mi vida los acusan de violación…, donde explica por qué cualquiera podría cometer un acto de esta naturaleza: “Porque son hombres socializados en una cultura de machos y mandatos “imposibles pero urgentes” de masculinidad… (y porque) por muy buenas, decentes o comprometidas que sean (las familias), no están exentas (ninguna) de tener miembros que, así como son capaces de hacer cosas maravillosas, también pueden hacer cosas muy graves. Es un tremendo error creer que en nuestro entorno y en nuestras familias estamos inmunes a estos fenómenos.” Y las familias incluyen, por supuesto, no sólo a la de lazos consanguíneos, sino a los amigos, a la gente que elegimos parte de nuestra red.

Siempre habrá un margen en el que los hechos no correspondan a la verdad. Se dice que no más del 5% de las denuncias no serían ciertas; en España, por ejemplo, de las 168.057 denuncias presentadas por violencia de género durante 2019, sólo siete fueron denuncias falsas: menos del 1%.

Hemos naturalizado la violencia

La violación es una manifestación extrema de la violencia contra la mujer. Una más extrema aun es el feminicidio. Otras manifestaciones más sutiles, casi invisibles, son los comentarios, las bromas y las referencias sexistas (sobre el cuerpo, la ropa); y otras menos sutiles son los acercamientos, las miradas incómodas, hasta los tocamientos no deseados. Son comportamientos que pueden pasar inadvertidos a terceros; puede incluso que, al inicio, tampoco sean reconocidos por la persona afectada, hasta que comienzan a generar desconcierto, incomodidad, confusión, intimidación.

Estos comportamientos tienen algo en común: constituyen una demostración de poder, cuando no una amenaza. No importa la edad de la mujer, su origen étnico, su ubicación socioeconómica, su nivel educativo, si se la percibe de menor valor, vulnerable, dependiente.

“El acoso sexual es una manifestación de relaciones de poder. Las mujeres están más expuestas a ser víctimas del acoso sexual precisamente porque se encuentran en posiciones de menos poder, más vulnerables e inseguras, a veces tienen más baja autoestima y menor confianza en ellas mismas. Pero también pueden ser objeto de acoso cuando se las percibe como competidoras por el poder. Por tanto, el acoso sexual afecta a mujeres en todos los niveles jerárquicos y tipos de trabajo” (OIT, Hoja informativa 4).

Son comportamientos extendidos, pero silenciados, porque se duda de la palabra de la afectada, porque a la agredida le da vergüenza, temor y hasta culpa. Así nos han socializado. Y, en muchos casos, por las reacciones que generan en su entorno ante la denuncia. No faltará quien diga que se trata “sólo de bromas” o “piropos inofensivos” y, ante un trato hostil e intimidatorio, que “es parte del trabajo y el estrés, que en todas partes hay gritos”. Por último, si la mujer se queja, con frecuencia es vista como “exagerada”, “problemática” y se hurga más en su vida y antecedentes que en los del presunto agresor. La incredulidad revictimiza y refuerza el silencio en el que permanecen cientos y hasta miles de mujeres hostilizadas, de toda edad.

Según reporte del GenderLab, desde el inicio de la pandemia por coronavirus, se ha registrado cerca de 900 denuncias por hostigamiento laboral, una cifra baja que parece no corresponder a lo real pues, según la misma fuente, sólo el 8% de los casos son reportados: “Acoso sexual o sexista, bromas entre trabajadores y prejuicios son algunos de los comportamientos más reportados en los informes”. Según la ENDES (2017), del total de casos de violencia física, sexual y psicológica, solo el 27% de agresores son denunciados. Así, los datos dan cuenta de lo extendido que se encuentran muchas de las manifestaciones de violencia sexual, al punto de haber sido casi naturalizadas. De acuerdo con el Instituto de Opinión Pública de la PUCP (2016), a nivel nacional, 7 de cada 10 mujeres de 18 a 29 años fueron víctimas de acoso sexual callejero en los últimos 6 meses. En Lima y Callao, la incidencia es de 9 por cada 10. Víctimas en silencio, víctimas a las que no se le cree, víctimas que tienen miedo de hablar, a la crítica, a la burla, al aislamiento social.

Por ello, un principio que debiera orientar nuestra actuación ante casos así es creer en quien denuncia hasta que se demuestre lo contrario. Proteger a quien denuncia, evitar su revictimización e iniciar un proceso con toda la independencia y cuidado que se require. Para ello existe un marco normativo y protocolos que deben activarse de inmediato y no por presión.

Protocolos que se desconocen y no se cumplen

En efecto, existen normas y protocolos que establecen con claridad qué cabe hacer ante la queja por cualquier tipo de hostigamiento o acoso contra la mujer, laboral o sexual. Hay un marco general y uno que aplica en particular para las instituciones educativas. Por citar algunas, está la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP y el DS N° 021-2021 que modifica art. 13 de dicha ley. Ahí se menciona, por ejemplo, como parte de los principios que deben orientar el proceso: celeridad, debido procedimiento, interés superior del niño y el principio de la no revictimización. En este último se señala que es responsabilidad de las autoridades y personas involucradas en el proceso de investigación:

“Adoptar todas las medidas necesarias en el marco de la Constitución Política del Perú y los Tratados Internacionales para evitar que la víctima de hostigamiento sexual sea revictimizada.” (DS N° 021-2021 que modifica art. 13 inciso l. Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP).

Es decir, si se trata de un espacio laboral, las autoridades son las llamadas a actuar de manera firme asegurando la protección de la persona afectada. Inevitable mencionar en este punto el reciente hecho ocurrido en el Ministerio de Educación, el órgano encargado justamente de educar para formar ciudadanos y ciudadanas respetuosos de los derechos y la dignidad de cada persona, de contribuir a erradicar estas prácticas nefastas. Según ha revelado la prensa, ante una denuncia formulada no se habría reaccionado con celeridad ni en favor de la víctima y hasta se habría llegado a calificar el hecho como “anecdótico”.

No es tarea fácil desterrar las creencias, prejuicios y estereotipos, propios de la cultura machista y patriarcal en la que hemos sido socializados. Pero es desde ella que decidimos ver o no ver, creer o no creer, convirtiéndonos -sin querer o queriendo- en actores permisivos y/o testigos silenciosos de estos hechos cotidianos. Es nuestro deber como educadores -más aún si tenemos cargos de responsabilidad- estar alertas y ser conscientes de nuestros actos, hacer un esfuerzo por desmontar creencias que validan o invalidan nuestros comportamientos por el sólo hecho de haber nacido hombres o mujeres.

Que el retorno no sea a lo de siempre

A estas alturas más de uno se preguntará, ¿qué tiene que ver el artículo con el título? Muy sencillo. Todos sabemos que estos casi dos años de pandemia y clases a distancia, las brechas previas de aprendizaje se han incrementado y que hay una multitud de estudiantes que se han desvinculado del servicio educativo o están en riesgo de hacerlo; hasta dos promociones de egresados/as de secundaria que han culminado su educación básica en estas condiciones. Ante ello, la urgencia por el retorno se hace evidente y el Ministerio de educación ha planteado un plan de emergencia para viabilizar el retorno, entre otras medidas.

Se hablado de la necesidad de asegurar condiciones de infraestructura y seguridad sanitaria. Poco se habla, en cambio, de cuáles son los giros (de 180°) que habría que generar para que el retorno no sea volver a lo de antes, a lo de siempre. Para que la ventana de oportunidad dada por la pandemia sea aprovechada y logremos generar espacios de aprendizaje radicalmente diferentes, significativos, poniendo a las y los estudiantes en el centro, defendiendo el derecho de todas y todos; donde el virus de la violencia de género (y otras) sea combatida con la misma preocupación y esfuerzo con el que se busca evitar el Covid-19. Es nuestro deber, está en nuestras manos.

Lima, 12 de octubre de 2021