Patricia Salas O`Brien / para EDUCACCIÓN
Hace unos días, en un evento organizado por la Escuela de Gobierno de la PUCP, se discutía la relación entre el mercado y el Estado en el Perú, haciendo énfasis en cuatro sectores, entre ellos educación.
Lo que aparece rápidamente es la imagen que en las principales ciudades del país la educación ofrecida por el sector privado ha crecido notablemente, al punto que en Lima y Arequipa ya son más de la mitad de los estudiantes matriculados en estas Instituciones Educativas.
Si bien esto es cierto, creo que la relación Estado–Mercado en materia educativa no puede simplificarse así. Por el contrario, tenemos que verla por lo menos desde tres perspectivas.
1. Desde el tipo de entidades que ofrecen el servicio educativo.
Lo primero que debemos precisar, es que siendo la educación un bien público y que está considerada además como un derecho humano, en términos de servicio, en el Perú es ofrecida por el Estado, por instituciones privadas con fines de lucro, por instituciones privadas sin fines de lucro y por instituciones sin fines de lucro –iglesias, ONGs- que, por la vía de un convenio se les ha confiado instituciones educativas Estatales.
El grupo en que más ha crecido la matrícula, es el privado con fines de lucro, porque crece el número de estas instituciones gracias al DL 882, del Gobierno de Fujimori.
Pero si vemos lo que en realidad importa, los aprendizajes, en las instituciones educativas no gestionadas por el Estado, el terreno no es parejo, sobre todo en zonas pobres emergentes.
Los resultados de la evaluación censal de estudiantes, discriminados por tipos de gestión y distritos de Lima Metropolitana, muestran que en 12 distritos de Lima los niveles logrados en comprensión lectora son prácticamente iguales, tanto en escuelas de gestión estatal como no estatal; y luego, en 17 distritos, los resultados en matemáticas, son mejores en las escuelas de gestión estatal. (UMC 2012)
No existe la “supuesta” superioridad de las entidades no estatales en general, imagen que estaría sujeto a otros elementos y no simplemente al hecho de ser privadas.
2. La relación del Estado como comprador y los proveedores
En un mercado de bienes y servicios pequeños, como es el caso del Perú, las compras del Estado y, en particular, las del sector de educación son tan grandes que los proveedores que tienen capacidad de cubrir esa demanda, son muy pocos.
Así pues, la guerra entre ellos para no perder el contrato o ponerse de acuerdo en ciertos parámetros es un hecho cotidiano, que ocasiona tres tipos de problemas: i) elevar los precios que paga el Estado por algún bien o servicio al ponerse de acuerdo en no presentarse a la licitación y generar una situación de desabastecimiento, ii) producir un conflicto que paralice la compra y iii) incurrir en corrupción. El resultado, ineficiencia del aparato estatal.
Por otro lado, el conjunto de normas que buscan asegurar transparencia en las compras del Estado, se han convertido en una espantosa maraña de pequeñas y grandes trampas, que hace que los procesos sean larguísimos e impredecibles.
El riesgo de fracasar en una compra es alto, lo cual es un problema para cualquiera, pero en Educación tiene el agravante que, si se cae la licitación de un texto, cientos de miles de niños iniciarán el año escolar sin él.
3. En educación, el Estado como garante del derecho. Combina la función de regulación, con la de formulación y gestión de políticas.
En materia de regulación, el fin sería que las entidades no estatales que gestionan instituciones educativas, ofrezcan un servicio que garantice el derecho a una educación pertinente y de calidad para todos y todas, dentro de los objetivos nacionales.
Al respecto, si bien existen las normas, éstas no han desarrollado los mecanismos necesarios para su eficaz cumplimiento. Además, son una fuente adicional de corrupción en el Estado, que incluye a gobiernos regionales, pues ellos autorizan la apertura de instituciones educativas.
Por otro lado, el sector se ha “politizado”, encontramos muchos congresistas, consejeros regionales o locales que son propietarios de instituciones educativas de nivel básico o superior, defendiendo los intereses de este sector empresarial.
En lo que se refiere a la responsabilidad de fijar las políticas nacionales, es claro que una u otra opción de política, implicará un cierto cuadro de necesidades en bienes o servicios, lo que impactará en el mercado, con los problemas ya descritos más arriba.
La relación Estado – Mercado, de por sí compleja, en educación no puede reducirse a dónde están matriculados los estudiantes, ni a una imagen idealizada de lo privado como mejor que lo estatal.
Comprensión Lectora
Razonamiento Matemático
Lima, 30 de setiembre de 2015
