Edición 89

Exijamos agenda (aun en el caos)

Los estudiantes merecen autoridades con prioridades

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Los cambios de autoridad siempre son oportunidades para enmendar liderazgos, y más aún, la autoridad educativa que tiene sobre sí el rol de liderar la formación ciudadana que nuestros hijos vivirán en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Tremendo liderazgo para un tremendo deber con el país.

Y es nuestra responsabilidad como ciudadanía exigir que esa autoridad se ejerza siempre en el fuero público, que sus decisiones se hagan con unos y con otros en una mesa amplia-da, con convocatoria de diversidades y territorios. Nunca tras bambalinas, sin anular adversarios, protegiendo la educación como un derecho y no como una mercancía.

Voy a proponer políticas públicas, aun en un contexto de convulsión, desconfianza y frustración nacional, porque siendo demócrata, pienso que nunca hay que claudicar del valor que tiene el diálogo y el debate de ideas para conseguir acuerdos con quienes piensan distinto.

Los estudiantes esperan eso de nosotros, no merecen estar en segundo plano del conflicto político.

Cinco ideas de política para esta etapa en educación:

📍Que lograr Aprendizajes nos obsesione, nos movilice, nos convoque a todos.

Que la autoridad presente al país cuál será la estrategia de recuperación de aprendizajes pospandemia, sobre todo en atención a estudiantes vulnerables (discapacidad, ámbito rural, EIB), y de forma que responda a los hallazgos de la Evaluación Muestral de Aprendizajes 2022.

Es una demanda ética nacional sacar a los estudiantes que se mantienen en los infra niveles de aprendizaje a flote, a un escenario más simétrico, más justo, con aquellos que sí aprendieron y que tendrán mejores oportunidades que los demás. Aprendizajes que también son del manejo de sus emociones, que aborden situaciones de ansiedad y depresión en nuestros niños y jóvenes.

Pero es una tarea de movilización a los docentes, a las familias, a los líderes locales, al sector privado y a los sectores públicos, que no enfrente a los que necesitan estar unidos y en alianza para sacar adelante la educación. Usemos espacios como la Comisión Intergubernamental en Educación y el Acuerdo Nacional para convocar una toma de decisiones concertada.

📍Que la exigencia para profesionalizar al Maestro sea reivindicativa, no humillante

Ni sus salarios al desagüe, ni compararlos con los burros, ni subestimar sus capacidades. Si queremos mejores maestros, hay que recuperar la valía de serlo, para atraer y captar a los jóvenes a dedicarse a la vida docente, para exigirles a los actuales mejores desempeños y tratarlos con esa valla de meritocracia que la carrera y la evaluación permanente supone. Porque no quieren ser tratados de próceres quienes son los profesionales centrales en la vida de los estudiantes: son servidores públicos, en la primera fila de la sociedad.

Urge anunciar programas de capacitación, actualización y acompañamiento a su tarea pedagógica en cada territorio, en alianza con escuelas de formación y universidades, y que combine estrategias socioemocionales a nivel local que les generen condiciones de bienestar y de salud emocional.

📍Que nos preparemos desde hoy para cuidar las escuelas de los riesgos de desastres

No esperemos diciembre para transferir recursos de mantenimiento, no esperemos la destrucción de la escuela para reconstruir locales, no esperemos más.

El PRONIED necesita reconvertirse, dentro o fuera del Minedu (recordemos que el 31 de mayo termina su vigencia), en una fuerza desconcentrada en cada territorio que acompañe in situ las decisiones de infraestructura y equipamiento más críticas, que inyecte fuerzas de inversión donde no hay capacidad, y que los Gobiernos Regionales definan con lógica de ordenamiento territorial las medidas que permitan reorganizar y reubicar las escuelas que siguen estando en zonas de riesgo no mitigable.

Y ante las contingencias que ocurren estacionalmente cada año que interrumpen la vida de la escuela, transformar el espacio educativo en escenarios más flexibles que excedan el local escolar, que a través de una política de conectividad para todos y de transformación digital, usemos las tecnologías en y para la educación, potenciando así lo que esta puede lograr en las competencias de los estudiantes y de la comunidad en general.

📍Que se abandone el conflicto de intereses en la gobernanza de las decisiones, con atención a la Educación Superior

Cumplamos una Ley que esperó 29 años aprobarse: la Ley de Organización y Funciones que creó el Viceministerio de Educación Superior, para crear así esa Autoridad con el músculo necesario para

  • reconducir gobernanza entre educación superior técnica, tecnológica y universitaria,
  • priorizar la optimización de la oferta superior vinculando el sector educación con los sectores productivos y económicos de los territorios,
  • desde esa lógica, reforzar el licenciamiento de institutos tecnológicos y pedagógicos, públicos y privados,
  • proponer ya la revitalización del Sineace y con ello, termine de configurar todos los actores alrededor del aseguramiento de la calidad.

Pero todo desde la pluralidad y la independencia institucional de sus actores, que intente mitigar el daño ya causado por el conflicto de intereses y el mercantilismo instalado en el mundo de la supervisión universitaria de la SUNEDU. Y combatir ese escenario permitiendo mecanismos de veeduría ciudadana y de la Contraloría sobre la toma de decisiones de ese Consejo Directivo, que exponga y controle a los supervisados y otros socios que quieran privilegiarse.

📍Profesionalizar las tareas y los equipos de alta especialización en educación: darles sostenibilidad a las instituciones

El enemigo de la discrecionalidad es la institucionalidad: si han podido resistir algunas instituciones, es porque están más blindadas frente a los malos manejos.

Tareas como la evaluación docente, la medición de los aprendizajes, la formación docente, el licenciamiento de instituciones, la gerencia de los servicios, la planificación de la inversión, necesitan resguardarse, independizarse y certificar a los servidores a su cargo para consolidarlas.

Lima Metropolitana es un territorio de alta complejidad y que atiende a la tercera parte de la población estudiantil: antes que sólo añadir Educación a la larga lista de servicios regionales y locales que brinda la Municipalidad Metropolitana de Lima, evaluar transferirle una organización especializada en la gerencia de servicios, y que pueda elevar la organización de las 7 UGEL para que pueda funcionar en red y núcleos educativos, articulando la vida de la ciudad con la vida educativa pública y privada. En Salud hubo un ensayo así en el 2012 que oxigenaría al Ministerio de Salud del encargo de administrar los Hospitales Nacionales y los EESS de Lima M. -modelo que existe en otros países para separar la rectoría del servicio directo- pero en el 2016 el Congreso y su desconocimiento del Sector la eliminaron. Un Organismo así en Educación podría encargarse del servicio educativo público en Lima.

Y para gestionar las escuelas públicas del país, dejar la pretensión de gobernar hasta el último detalle desde Lima, y hacer carne realmente de la responsabilidad descentralizada que tienen las UGEL desde los Gobiernos Regionales para gerenciar, organizar y supervisar la educación. El servicio civil no ha llegado a instalarse en la línea de carrera de la gestión educativa, y es ahí donde la presencia del Estado tiene que profesionalizarse.

Lima, 2 de mayo de 2023

Jose Luis Gargurevich
Sociólogo. Máster en Gestión de Políticas Públicas. Ha asesorado a diversas entidades públicas en la actualización de sus modelos organizacionales, estrategias de modernización y otros. Ha ejercido cargos directivos en los Ministerios de Educación y Salud, y como consultor para Ministerios de Energía y Minas, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, SINEACE, Contraloría General de la República; para Gobiernos Regionales en San Martín, Cajamarca, Piura, Amazonas; y para la cooperación internacional (UNESCO, UNICEF, PNUD, OPS/OMS, GIZ). Ha sido docente en la Escuela Nacional de Administración Pública y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.