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Un artículo periodístico con diversos planteamientos para la educación superior, publicado el 20 de febrero pasado por un medio local[1], propició un diálogo muy ilustrativo entre varios asociados de Foro Educativo, enfocándose en los temas centrales de la problemática de la educación superior en el país y en sus posibles alternativas. Participaron de él los asociados Jorge Mori, director de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación (MINEDU); Paul Neira, CEO de The Learning Factor; Patricia Andrade, exviceministra de Gestión Pedagógica del MINEDU; Verónica Alvarado, exdirectora de Evaluación y Certificación de Competencias en Educación Superior del SINEACE; Facundo Pérez, jefe de la Oficina de Calidad y Pertinencia del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica (PMSUT); Pina Morgan, exdirectora general del SINEACE; y Martín Vegas, coordinador del Programa UNESCO-Horizontes de Secundaria Rural. Compartimos aquí una síntesis de los intercambios más relevantes.
El licenciamiento de los Institutos Superiores
Jorge Mori: En el artículo se plantea que la SUNEDU se haga cargo del licenciamiento de los institutos, porque se intenta corregir el grave problema que dicho licenciamiento esté a cargo del MINEDU.
Patricia Andrade: Y se propone también que la Carrera Docente incluya a la Educación Superior.
Paul Neira: Que la SUNEDU asuma el licenciamiento es una buena propuesta. Me preocupa mucho el aspecto logístico, que significa enfrentar un proceso de licenciamiento de algo más de 1000 institutos en el país, así como las capacidades embebidas en el sistema para enfrentar dicho proceso. En cuanto a la carrera docente, no veo claro el tema de la autonomía universitaria: si es que hay allí una restricción o una barrera sobre todo por el rol que tiene el Ministerio de Educación en el establecimiento de los planes de formación docente. Finalmente, sí es una buena propuesta la idea de abrir la posibilidad de hacer no dos sino tres ciclos al año.
Patricia Andrade: Supongo que eso tiene que ver con un acuerdo social y político qué hay que construir. Lo que no veo es que las universidades deban asumir la formación tecnológica.
Paul Neira: Tampoco veo con claridad el tema de los estudiantes de Universidades con licencia denegada, porque tiene consecuencias que van más allá del tema estrictamente educativo. ¿Es adecuado que la SUNEDU entre a tallar allí? No tiene esa función ¿Qué podría hacer? ¿Se le daría un rol de interventor? Me parece que la Superintendencia no tiene rol alguno en ese tema. Ahora bien, el principio de meritocracia y evaluación que rige el espíritu de la ley de Reforma Magisterial ¿cómo se aplicaría a los profesores universitarios? ¿Como regular el tema del factor investigación y publicaciones como factor de evaluación para la entrada o salida de la carrera? No creo que sea el camino. Lo que falta es proponer una Ley de la Educación Superior que ordene el servicio, se alinee con la lógica del Viceministerio de Educación Superior, que articule las modalidades de servicio, que ordene el territorio y la oferta de educación superior en las regiones. Hay una necesaria interoperabilidad, que requiere de un marco normativo, ahora incompleto o inexistente.
Jorge Mori: El nuevo Viceministerio de Educación Superior está alineado a la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva al 2030, aprobada por el DS 012-2020 MINEDU. Justamente, la articulación de las alternativas de educación superior y lo técnico-productivo se ha planteado a partir de esa política, que tomó más de un año formularla. La creación de ese viceministerio es un hito clave para la implementación de la política. La discusión sobre la Ley de Educación Superior (que viene desde el Consejo Nacional de Educación), sigue siendo válida. Pero también hay alternativas que se deben abordar. Por ejemplo, resolver el problema del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. No podemos seguir avanzando en el ámbito universitario, dejando de lado las demás alternativas con problemas estructurales, como es el caso del aseguramiento de calidad de los institutos o la reorganización del SINEACE.
Un Marco Nacional de Cualificaciones
Verónica Alvarado: Tampoco podemos dejar de lado la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones[2], con la participación del sector productivo y el alineamiento de la oferta de Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPROS) e Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST) a las oportunidades laborales. La lógica de la educación técnica es distinta a la universitaria. Es modular, con entradas y salidas flexibles, muy articulada al desarrollo local.
Jorge Mori: En el caso de las universidades públicas, sí se debe contar con criterios que promuevan el mérito tanto en el acceso y la permanencia, como en la salida del docente. Como está actualmente formulado el capítulo de la Ley Universitaria, no ayuda a que se convoque a los mejores. Ahora, sobre lo que plantea Verónica, es muy importante impulsar el Marco Nacional de Cualificaciones. Aún tengo dudas sobre cuan amplia puede ser su aplicación para el ámbito universitario, pero para la educación tecnológica y técnica es muy relevante. Entiendo que se ha activado en el MINEDU un Grupo de Trabajo para impulsarlo.
Paul Neira: Jorge, tocas un tema medular. La verdad, no tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación en el país. Un sistema que distinga planos entre quien propone estándares, quien gestiona y quien supervisa. Eso no existe en el país y es un pendiente oneroso que tenemos que discutir. Sobre el Marco Nacional de Cualificaciones, esa es una discusión que está intocada porque sigue estando en el limbo en la relación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Lo más increible es que hay distintos países de la región que tienen el mismo problema entre ambos ministerios. Quizá allí vale la pena mirar la experiencia que hace muy poco tiempo propone como solución en el caso chileno con la conformación de un marco nacional muy directo, con niveles y dimensiones, así como la imbricación que han logrado con el tema de formación haciendo uso de medios digitales virtuales; y de otro lado con historia más larga el caso de SENA en Colombia. En ambos casos como que “sacan” de la discusión sectorial (MINEDU – MINTRA) a un tema de necesidad de vinculación entre el mercado laboral y la formación, hasta un tema social de atención. Sobre todo para la etapa de recuperación post-covid que va a ser durísima en el tema del trabajo.
Jorge Mori: Así es, justamente se ha establecido en la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP) al 2030. Ahí hacemos la distinción entre control de calidad (licenciamiento, supervisión y fiscalización), garantía de calidad (acreditación, auditoría académica) y fomento de la calidad (políticas, rectoría y financiamiento). La hoja de ruta al 2030 ya está definida. Pero tenemos que reconocer que hemos avanzado significativamente solo en el ámbito universitario. Tenemos una deuda con las otras alternativas de educación superior y con lo técnico-productiva. En las discusiones sobre la política nacional al 2030, surgieron opositores a que se articule todas las alternativas de educación superior en una sola política. Muchos pidieron que sólo sea para el ámbito universitario, posición que al final no prevaleció.
Ahora, el problema de la educación superior y lo técnico productivo debe verse de manera integral. Si no tienes institutos de calidad, la presión por el acceso a la universidad se va a mantener. La matrícula universitaria representa el 65% de la matrícula total de la educación superior, mientras que el mercado laboral sólo demanda un 20% de egresados universitarios y un 80% de jóvenes con formación técnica. Estamos viviendo una pirámide invertida en la educación superior que tenemos que corregir. Como consecuencia, tienes un alto nivel de subempleo profesional, con universitarios haciendo trabajos para los que sólo necesitas formación técnica. Si queremos contar con universidades competitivas y de excelencia, requerimos mirar todas las alternativas de educación superior.
Facundo Pérez: Esa discusión está ya hecha, con acuerdos incluidos, con diseño del Marco Nacional de Cualificaciones elaborado en mesas de trabajo y a punto de ser validado por el Grupo de Trabajo que comenta Jorge Mori.
Verónica Alvarado: La Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva es un gran avance. Falta diseñar el sistema de aseguramiento. Hay varias alternativas. La experiencia en otros países sugiere que es mejor tener instituciones diferenciadas, encargadas del licenciamiento, acreditación, fomento, bajo rectoría de un Ministerio. En otros casos, dejan a cargo de otra entidad la aprobación de los estándares, tanto de licenciamiento como de acreditación. Nosotros debemos definir pronto este aspecto. Por otro lado, hay que darle prioridad también a la educación técnica de calidad.
Paul Neira: Es correcto, implica la necesidad de discutir un sistema que separe los planos de los roles y funciones de las distintas instituciones involucradas en el proceso de formación.
Facundo Pérez: Está diseñándose una estrategia de comunicación del Marco Nacional de Cualificaciones, para iniciar su difusión y posicionamiento. Creo que la discusión y propuesta de una nueva Ley de Organización y Funciones del MINEDU, que conlleva la creación del Viceministerio de Educación Superior, es un hito de vital importancia para el sistema educativo peruano, porque aborda de frente aquella bandera de la Ley General de Educación sobre un sistema educativo integrado, articulado y flexible, que se completará con el Marco de Cualificaciones.
Patricia Andrade: En efecto, hay una ruta para la educación superior y el Marco Nacional de Cualificaciones es una herramienta importante, no solo para la educación superior tecnológica, también para la universitaria, pues tiene que ver con la transitabilidad. Ese marco fue impulsado en la gestión de Flor Pablo precisamente, con esa apuesta.
Jorge Mori: De acuerdo Verónica. Lo que ha pasado es que el tema universitario ha marcado mucho la agenda del sistema de aseguramiento de la calidad, eso debemos corregirlo y analizar cada alternativa de formación. Por ejemplo, los CETPRO ¿realmente necesitan un licenciamiento?, para los institutos, ¿deberíamos tener un proceso de optimización antes del de licenciamiento? La atomización de los institutos es inmanejable. Creo que ahí hay un tema pendiente y es pensar un sistema de aseguramiento de la calidad pensando en la pertinencia de cada alternativa (con principios comunes) pero con componentes particulares.
Paul Neira: Jorge, lo de la discusión casi obsesiva sobre la universidad ha sesgado la conversación para tener un sistema de educación superior más sano y menos desequilibrado como el nuestro. Se necesita allí una buena campaña de comunicación que ponga en relevancia el tema. Creo que la situación post-covid de recuperación del trabajo y mejoramiento de la fuerza laboral implicará un reto mayúsculo en el cual poder poner el tema en la mesa de la discusión, pero no solo para temas de marcos normativos, sino de programas claros, focalizados, digitales de formación de habilidades que involucre un aprendizaje y mejora laboral real.
Patricia Andrade: Ahora bien, es cierto que el desarrollo de los tecnológicos está más atrás, como los pedagógicos; y las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA) mucho más atrás aún. Respecto a lo que señala Verónica, la optimización es clave. Es parte del ordenamiento territorial. Responder a la demanda del desarrollo del territorio y reordenar, fusionar, armar redes.
Facundo Pérez: Completamente de acuerdo con eso. El Marco Nacional de Cualificaciones y la participación en él de los sectores productivos, es imprescindible. El Marco es instrumento para la pertinencia, la calidad y la articulación. Es la pieza que falta en el sistema. Sin ella u otra que desempeñe ese rol, nunca lograremos un sistema articulado. Sin un mecanismo nacional institucionalizado, que incluya la participación de los privados, nunca lograremos la pertinencia y menos aún su sostenibilidad. Sin un garante de la calidad de las cualificaciones (basadas en resultados de aprendizaje), no podremos garantizar calidad de la formación en términos de resultados.
¿Quién licencia a quién?
Jorge Mori: Tenemos 1,064 institutos tecnológicos y 209 pedagógicos. A casi cinco años de la Ley de Institutos, sólo tenemos 84 institutos licenciados. Ni el 10%. ¿Cuántos años nos va a tomar culminar el licenciamiento de institutos? ¿Veinte años? Recuerden que SUNEDU se hizo cargo de un proceso de licenciamiento de 145 universidades. La atomización de los institutos es descomunal. De ahí la urgencia de un organismo autónomo del MINEDU, que podría ser o no la SUNEDU, que licencie a los institutos. Es una medida de urgencia para abordar el problema, o vamos a seguir pateando el problema.
Facundo Pérez: La idea es buena, pero no sé si hay garantía de que la SUNEDU puede hacer lo que el MINEDU no pudo hacer.
Paul Neira: Ese es un temor completamente fundado, Facundo. Creo que se están discutiendo escenarios sin tener en cuenta el stock de capacidades en procesos de licenciamiento de instituciones de educación superior, que en el Perú es muy reducida (me refiero al capital humano con experiencia para conducir este tipo de procesos), al mismo tiempo hoy en día la SUNEDU concentra a la gran mayoria de ese reducido grupo de personas; pero el otro lado es la realidad de dispersión y de atomización de la oferta en un sistema desarticulado. Creo que ademas debemos de comenzar a hacernos la pregunta (que creo que ya se están haciendo en SUNEDU) y despues de la licencia que viene. Eso trae a colación el tema de la importancia de pensar organismos en el aparato del estado que se dediquen a promover y sembrar capacidades para sostener los procesos de calidad y no hacer que solo se preocupen por ello porque se viene el fantasma del proceso de licenciamiento.
Patricia Andrade: Lamentablemente, la ley de institutos impuso reglas de juego no siempre acertadas, como la de situar el licenciamiento de institutos en el propio MINEDU, mientras que para las universidades se creó un ente autónomo. Esa es la falla de origen del licenciamiento de institutos.
Facundo Pérez: La optimización es fundamental, también para los privados, pero la ley de institutos sólo incluye en ese concepto a los públicos. El problema de fondo de la ley de institutos respecto al licenciamiento es la inversión de roles (MINEDU licencia y EDUCATEC -un fantasma- gestiona).
Jorge Mori: El problema de fondo es que el MINEDU no puede ser el responsable del fomento de la calidad (financiamiento y rectoría), y a la vez el responsable del control de calidad (licenciamiento). Si estamos de acuerdo con el problema, podemos encontrar alternativas de solución.
Paul Neira: Es que allí volvemos al problema de la necesarísima separación de funciones, ojo que no solo aplica como necesidad-problema para el sistema de educación superior. Y lo que mencionas, Facundo, sobre lo de EDUCATEC tenia sentido en el tiempo y en el papel, pero habiendo transcurrido este tiempo es claro que no sirve y que tenemos que encontrar otra forma de solución.
Patricia Andrade: De acuerdo, es imposible que quien fomente, también licencie. Parte del éxito del proceso en universidades recae en la autonomía. Por supuesto, con criterios adecuados a la lógica de cada modalidad. Es eso lo que se estuvo demandando. Se intentó a través de un Proyecto Legislativo modificar la ley de institutos, pero no prosperó. Ahora, con la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva como marco, tenemos una ruta y un mayor consenso.
Jorge Mori: Es un gran paso que tengamos una Política Nacional al 2030, con objetivos y pasos muy concretos para toda la educación superior y lo técnico productivo. Tenemos que pasar de la reforma universitaria, a una segunda etapa para una reforma de educación superior.
El problema de los CETPRO
Facundo Pérez: No estoy seguro de que los CETPRO necesiten licenciamiento. Lo que es indiscutible es que necesitan calidad. El licenciamiento es un mecanismo para garantizar las condiciones básicas, ¿por qué no podría valer para los CETPRO? Porque hay 1,800 a nivel nacional. La optimización es la respuesta. ¿Quién la impulsa? Aquí sí existen varias opciones ¿cuál es el rol de los Gobiernos Regionales? Tenemos más de 250,000 estudiantes en CETPRO, y son instancias que ya no tienen ese perfil de secundaria incompleta. Los docentes de CETPRO atrapados en la Ley de Reforma Magisterial. Hay que abrir el debate.
Jorge Mori: Para empezar, necesitamos una nueva normativa para los CETPRO y para toda la educación técnico-productiva. Eso se dice en la PNESTP al 2030. No puede ser que la educación técnico-productiva (que apunta a la demanda actual del mercado laboral, mucho más que el ámbito universitario), no tenga una ley completa y se reglamente de manera dispersa en varias normas. Tenemos Ley Universitaria, Ley de Institutos, ¿y los CETPRO, que deberían ser la gran alternativa en medio de la crisis por la pandemia?
Paul Neira: Es que, Jorge, Facundo, a gritos se requiere una ley paraguas para todo el sistema de educación superior en el Perú.
Facundo Pérez: No es exacto, Jorge. Tenemos el Decreto Ley 1375, que lo único que excluye es la carrera de los docentes, que en la ley universitaria tampoco está.
Jorge Mori: A lo que me refiero es que los docentes están por Ley de Reforma Magisterial. Tienes la norma partida.
Facundo Pérez: Ok, entiendo. ¿Y por qué no dejamos de hacer normas centradas en las instituciones educativas para hacer una centrada en la trayectoria de los estudiantes?
Paul Neira: Facundo, es una buena idea, pero ¿no se supone que las normas específicas deben todas que tener esa orientación? O es que acaso en el Perú no hemos hecho una apuesta por los aprendizajes?
Jorge Mori: Debemos apuntar a tener una ley para la educación técnico-productiva propia y ambiciosa, que no sólo sea un capítulo de la Ley General de Educación, como si fuera un tema menor. Volviendo al tema universitario, en general, la Ley Universitaria 30220 respondió al contexto del 2014, donde grupos políticos tomaron el control del sistema universitario. Se ha avanzado mucho a partir de la implementación de la ley, del financiamiento y la rectoría del MINEDU, así como de la labor de la SUNEDU, pero para afrontar los retos que tenemos hacia el 2030, se tiene que revisar la Ley Universitaria con urgencia, hay rigideces que deben revisarse, por ejemplo, el capítulo docente, el régimen académico y de gobierno de las universidades.
Facundo Pérez: Así es, como todo, es perfectible. Fue una gran respuesta en el momento, pero toca hacer revisión en los aspectos que refieres, aunque no sé si pueda hacerse en el actual contexto político. Yo, por ejemplo, aprovecharía la Ley que será necesaria para crear el Marco Nacional de Cualificaciones para hacerlo desde la perspectiva de la diversificación de las trayectorias formativas de las personas. Ese enfoque vincula calidad, pertinencia y articulación
Jorge Mori: Interesante esa ruta. En todos los países que están afrontando la crisis por el COVID-19, el centro de la agenda está en el desarrollo de capacidades de los jóvenes a partir de los programas de ciclo cortos, en la educación técnico-productiva, etc.
Paul Neira: De acuerdo, sobre todo porque no estamos teniendo como sistema (incluyo MINEDU o MINTRA) una mirada coordinada de como enfrentar la etapa de recuperación del trabajo y la productividad en el tiempo post-covid que yo calculo debe iniciarse a mediados del 2022.
Facundo Pérez: Es cierto, Jorge. Es una forma de dinamizar el mercado laboral.
Jorge Mori: Sería bueno compartir más sobre el Marco Nacional de Cualificaciones. Desde el tema universitario, eso ha sido siempre algo lejano, pero para las otras alternativas no es así. Verónica tiene razón, el principal motivo de que hasta ahora no se ha reorganizado el SINEACE es porque no hemos podido ponernos de acuerdo o construir consensos sostenibles sobre algunos puntos claves de la discusión. Pero es una tarea pendiente que debemos superar pronto. El licenciamiento es sólo condiciones básicas de funcionamiento, no es sinónimo de excelencia ni de mejora continua.
Martín Vegas: Los CETPRO tienen que ser una especie de filial de un Instituto Superior Tecnológico y sus profesores tener un perfil más técnico que de docente, como es ahora.
Jorge Mori: Así es. Por eso creo que el DL 1375 que modificó la Ley General de Educación es insuficiente para impulsar lo técnico productivo.
Pina Morgan: Sin duda es un avance que ahora se tenga claro que se trata de Educación Superior y no de Universitaria/No Universitaria, aunque esa idea persiste, la escucho en algunas regiones. Rescato lo que se ha dicho sobre por qué se sigue pensando en leyes atomizadas y no en una concepción que abarque la trayectoria del estudiante «a lo largo de la vida», en darles la oportunidad de que transiten por el sistema educativo, así como entre educación y trabajo a nivel nacional e internacional, en base a un Marco de Cualificaciones. Eso se hace en otros países con éxito.
Rol del SINEACE
Verónica Alvarado: En realidad, se necesita definir la estructura de un futuro Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), y a la luz de un Marco Nacional de Cualificaciones, fortalecer la acreditación orientándola al logro de resultados y a instalar la mejora continua. SINEACE debe ser un Organismo técnico especializado, con autonomía, que trabaje en pared con el MINEDU, SUNEDU, Gobiernos Regionales, etc. La pregunta es ¿quién aprueba los estándares?
Pina Morgan: La Ley del SINEACE fue una opción del Estado para garantizar la calidad de todo el sistema educativo, de articularlo y de certificar competencias a quienes las lograran dentro o fuera del sistema. Pero las visiones atomizadoras y los intereses frustraron el propósito. Esa es la tragedia de nuestra educación. Sin embargo, la esperanza sigue en pie y por eso no hay que rendirse.
Verónica Alvarado: Eso le da solidez y permite que trascienda el trabajo técnico, más allá de las gestiones de turno. Así se podría contar con cuadros técnicos especializados, evitando la improvisación.
Martín Vegas: Hay mucha fragmentación. Mientras el licenciamiento empezó por lo institucional, hay acreditación por carrera. Las condiciones básicas de calidad no conversan con los estándares de acreditación. Al parecer, hay instituciones que tienen carreras acreditadas en instituciones que no están licenciadas. No hay una política de promoción e inversión en la calidad. Entonces, las posibilidades de lograr excelencia quedan libradas a la capacidad institucional. No tenemos evaluadores suficientes, ni para licenciar ni para acreditar. Por eso, me alegra que al fin tengamos una política que busque ordenar. Claro, dentro de eso hay un tema de institucionalidad: el MINEDU licencia superior técnica y pedagógica, la SUNEDU Universidades. Y sin contar los retos de mejora continua en la básica y en la certificación de competencias. El riesgo es que ordenar implique perder lo avanzado.
Paul Neira: Verónica, Martín, creo que un tema antes implica la discusión de un Sistema Nacional de Calidad, de la cual la discusión de un SINEACE repensado tenga un lugar en ese ecosistema. De lo contrario podríamos comenzar a correr de nuevo a tropiezos como nos ha pasado antes. Eso que describes Martin es el resultado de no iniciar por establecer una jerarquia ordenada en el proceso de un ecosistema que impulse claramente: calidad, acreditación, evaluación y capacidades en el sistema.
Verónica Alvarado: Eso sucede, Martin, porque en el país se empezó primero con la acreditación y luego vino el licenciamiento. Y no hubo el necesario diálogo entre instituciones. Coincido en que, en el caso de la educación técnico-productiva y tecnológica, la mirada territorial es fundamental; y muy conectada con la educación básica, a través de mecanismos que permitan reconocer los aprendizajes previos. Es una experiencia desarrollada en el Sineace a través de la certificación de competencias, por ejemplo, de los talentos rurales o productores agropecuarios.
Facundo Pérez: Por ello tiene sentido una norma basada en las trayectorias formativas (con un marco de cualificaciones para establecer las equivalencias y dibujar los caminos posibles para esas trayectorias); y la gestión de esto debe ser territorial. Creo que perdemos si pensamos en los docentes de manera asociada y estrictamente vinculada a las instituciones.
Verónica Alvarado: ¡Exacto! Mirar la educación superior desde ese enfoque, más que desde la Institución Educativa.
Facundo Pérez: ¿Por qué no podemos tener un docente de un CETPRO que pueda dar clases en un tecnológico y en el área de Educación para el Trabajo (EPT) de la educación secundaria? ¿No debería ser posible eso? La gestión del desarrollo docente hay que llevarla al territorio. Es necesario ampliar el alcance del concepto de optimización, para que abarque no solo la oferta formativa, sino el conjunto de las variables que se ponen en juego.
Jorge Mori: Eso requiere modificarse puntualmente en la Ley de Institutos y Escuelas. El proceso de optimización es estratégico y muy pertinente frente a la atomización de los institutos. Es parte de la necesaria reflexión que debemos tener por cada alternativa de educación superior.
Verónica Alvarado: Depende de cuál. Detrás de los estándares de acreditación hay una intencionalidad.
Jorge Mori: En realidad, el licenciamiento llegó el 2014 porque la acreditación no logró asegurar niveles básicos de calidad en el sistema, por las razones que ya se conocen. Recordemos que eso decía textualmente el artículo 2 de su ley de creación del SINEACE. Al menos para el tema universitario, no se cumplió y por eso se planteó el licenciamiento y la SUNEDU. En ese marco del 2014 se planteó la propuesta de aseguramiento de la calidad, para articular todo, algo que todavía está pendiente. Ahora en el marco de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva al 2030, se debe avanzar en esa ruta.
Lima, 08 de marzo de 2021
[1] Se trata de un artículo de la exministra de educación Flor Pablo Medina, denominado «Propuestas para la educación superior», publicado por el diario Perú21 el 20/02/21.
[2] Es un instrumento que ordena y establece equivalencias entre las distintas cualificaciones reconocidas en un país y que permite el reconocimiento de aprendizajes adquiridos en programas formales, no formales o mediante la experiencia laboral. Busca reconvertir las capacidades de las personas para reforzar su formación profesional.
