Elizabeth Salazar y Ernesto Cabral / Ojo Público
El lobby universitario está hoy moviendo sus fichas en el Congreso para anular la Ley Universitaria que, entre otras modificaciones, permitirá fiscalizar dos de los beneficios tributarios que favorecieron a más de 90 universidades privadas desde el gobierno de Alberto Fujimori. De estas, 50 universidades fueron creadas con fines de lucro y temen perder las exoneraciones tributarias que sirvieron para enriquecer a algunos rectores y empresarios de la educación.
La guerra contra la reforma educativa se pelea en el Congreso, pero la agitan los dueños de las universidades privadas que temen perder parte de los millonarios ingresos que obtienen al abusar de las exoneraciones tributarias que mantienen desde hace 20 años. Bajo la nueva Ley Universitaria, las 50 universidades privadas creadas como empresas lucrativas no podrán pedir la reducción de su impuesto a la renta porque ninguna ha completado la acreditación; además, se fiscalizarán los excedentes de dinero que reciben las 41 universidades sin fines de lucro, beneficios que han servido para que algunos rectores y empresarios incrementen su patrimonio personal.
Son cuatro los beneficios tributarios aplicables a la educación privada, y todos fueron creados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Los dos primeros permiten reducir o exonerar el pago de impuesto a la renta a las universidades con y sin fines de lucro, lo que les ayudó a ahorrar S/ 1.469 millones en impuestos durante la última década, según la base de datos elaborada por Ojo-Publico.com.
Las otras dos exoneraciones las liberan de IGV y aranceles por la importación de bienes y servicios que se consideren de interés educativo. Estos dos últimos son aplicables también al sector público y si bien la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) no ha cuantificado los impuestos que el sector privado -y en especial las universidades- se ahorraron con el uso de estas cuatro exoneraciones, en conjunto representaron una pérdida de S/ 8.887 millones para el fisco entre el 2005 y 2015, según nuestra base de datos.
La educación se convirtió en un negocio en 1996, cuando el gobierno de Alberto Fujimori promulgó la Ley de Promoción de Inversión en la Educación (D.L. 882) para crear universidades privadas con fines de lucro como sociedades, empresas o cooperativas. El objetivo, según la norma, fue “modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la demanda”, es decir, cantidad y no calidad.
La norma fue suscrita por el entonces ministro de Educación, Domingo Palermo, el mismo que –según la declaración fiscal de Vladimiro Montesinos- ayudó a simular una transacción inmobiliaria para ocultar el financiamiento de los estudios en el extranjero de la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y sus hermanos.
El D.L. 882 les otorgó a las universidades con fines de lucro la posibilidad de no pagar hasta el 30% del impuesto a la renta si reinvierten sus utilidades (ganancias anuales) en infraestructura educativa y equipamiento didáctico. No se les exigía comprobar la inversión para acceder al beneficio.
Las primeras universidades que se crearon al entrar en vigencia la norma fueron la Universidad Privada de Ica y la Universidad San Juan Bautista, esta última vinculada al congresista fujimorista Miguel Elías Ávalos. La Universidad Alas Peruanas, creada en 1998 por Fidel Ramírez Prado en representación de una cooperativa de ahorros, fue autorizada por un mandato judicial y se acogió al D.L. 882 al convertirse en sociedad anónima. Ramírez Prado es tío de Joaquín Ramírez, secretario de Fuerza Popular, y ambos investigados por la agencia antidrogas de EE.UU por pertenecer a una presunta red de lavado de dinero del narcotráfico.
La Universidad César Vallejo, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), San Ignacio de Loyola, Privada del Norte y Norbert Wiener, donde la congresista fujimorista Milagros Salazar es coordinadora de especialidad desde 2012, también se acogieron al decreto fujimorista para convertirse en sociedad, según información procesada al 2015 por Ricardo Cuenca, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Los congresistas que se han opuesto a la Ley Universitaria, como es conocido, representan o tienen vínculos con algunos de estos centros educativos.
INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA
El mayor problema con el decreto fujimorista fue que no precisó el plazo de su vigencia. El Código Tributario señala que, en estos casos, el beneficio dura un máximo de 3 años, por lo que debía regir hasta fines del 1999, pero muchas universidades no se dieron por aludidas y siguieron usando la reinversión de utilidades durante la siguiente década. Para el 2012, cuando la Sunat expuso la problemática que enfrentaba, el Estado ya había dejado de recaudar más de S/ 200 millones por este motivo.
Un año antes en 2011, seis días antes de dejar el gobierno, Alan García, entonces presidente de la República y desde ese año Director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, promulgó la polémica ley 29766 para ‘legalizar’ la vigencia de la reinversión de utilidades hasta el año 2008. Cuatro meses antes, José Antonio Chang había dejado de ser Ministro de Educación para luego asumir el rectorado en la misma casa de estudios.
La Universidad Alas Peruanas, que reportó ingresos por S/ 422 millones el 2014, optó nuevamente por el camino jurídico y fue la primera en acudir al Tribunal Constitucional (TC) para negarse a pagar los tributos que le correspondían. El fallo le fue favorable: el TC ordenó a la Sunat que no le cobre los impuestos que esta universidad reinvirtió durante 15 años, desde 1997 hasta el 2012. De nada sirvieron los reclamos de la Sunat y del Ministerio de Economía ante la comisión de Constitución del Congreso.
Con ingresos que bordearon los S/ 600 millones en 2015, según sus propios estados financieros, la Universidad Cesar Vallejo también ha accedido al crédito tributario por reinversión desde el 2012 hasta el 2015, lo que le permitió ahorrar S/ 142 millones en impuestos.
Según nuestra base de datos, el beneficio de reinversión sigue activo pero la Ley Universitaria le ha puesto un candado: solo podrán usarlas las universidades con fines de lucro que cuenten con acreditación integral por parte del Sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa (Sineace). Voceros de esta institución dijeron que ningún centro de estudios cuenta con este requisito, pues no existe un modelo vigente.
LA LEY Y LA TRAMPA
La Ley de Promoción de la Inversión en Educación también alcanzó a las universidades privadas sin fines de lucro, a quienes se les exoneró del 100% del impuesto a la renta por haberse inscrito como personas jurídicas bajo la Ley Universitaria de 1983. Con la Ley del Impuesto a la Renta – creada también por Fujimori- se les otorgó el mismo beneficio a aquellas organizaciones educativas inscritas como asociaciones o fundaciones. Sin ninguna condición de mejoras o inversión de por medio.
Según la base de datos de Ojo-Publico.com, durante la última década se dejó de recaudar S/ 1.469 millones por la reinversión de utilidades del sector educativo privado y por la exoneración de renta a las universidades sin fines de lucro. Ese dinero debió ser utilizado en mejorar sus locales, capacitar docentes y ampliar sus líneas de investigación, sin embargo, algunos desvirtuaron el objetivo.
Es el caso de la Universidad Garcilaso de la Vega, institución que no paga Impuesto a la Renta por estar registrada sin fines de lucro. Sin embargo, su rector Luis Cervantes Liñán usó los excedentes de dinero que percibía su centro de estudios para asignarse un sueldo y bonificaciones especiales que ascenderían a los S/ 2 millones mensuales. Sus funcionarios más cercanos también recibieron millonarios pagos y hoy el Ministerio Público investiga a Liñán por el delito de lavado de activos y el incremento inusual de su patrimonio.
El 2014 la Comisión de Educación del Congreso investigó el hecho y concluyó que los recursos estudiantiles fueron destinados al lucro de sus funcionarios, incumpliendo así la condición que se les impone para no pagar la renta. En ese sentido, se estimó que el Estado dejó de recibir unos S/ 47 millones por impuestos entre el 2004 y 2013, pero solo la Sunat podría exigir su cobro.
A raíz de esta denuncia, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) incluyó en el reglamento de la actual Ley Universitaria una serie de sanciones para quienes se aprovechen de los beneficios tributarios; desde multas hasta la anulación de la exoneración, y será dicha institución la encargada de fiscalizarlos.
COMPRAS EXONERADAS DE IGV Y ARANCELES
Tanto las universidades con y sin fines de lucro, como todas las instituciones educativas privadas están exoneradas del IGV y aranceles por los servicios que brindan (dictado de cursos, conferencias, etc.), así como la importación de materiales educativos (equipos informáticos, de escritorio e insumos para dar mantenimiento a sus instalaciones)
Un informe de Apoyo Consultoría, realizado a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 2003, recomienda que la exoneración a las importaciones se limite al material didáctico porque -aprovechando la falta de fiscalización- muchos otros bienes pueden ser comprados con fines ajenos a la educación, eludiendo así el pago de tributos que les corresponde.
Es lo que ocurrió con el rector Luis Cervantes Liñán, quien se compró un Mercedes Benz para su uso personal, avalado por una resolución del Consejo Universitario que incluyó el vehículo como un bien de uso educativo.
El ministro de Educación, Jaime Saavedra, dijo en una entrevista en Cuarto Poder que no tocará las millonarias exoneraciones que favorecen a las universidades, pero basta que la Ley Universitaria busque regular la aplicación de dos de ellas para que el lobby empresarial que se esconde tras las universidades busque frenarla.
Ojo-publico.com se comunicó con las universidades César Vallejo, Alas Peruanas y San Martín de Porres para entrevistar a sus autoridades, pero no hubo respuesta al cierre de edición.
Fuente: Ojo Público / Lima, 07 de diciembre de 2016
